El Ministerio Público Fiscal tiene hasta el 24 de junio para investigar el caso de un chico de 8 años que sería la tercera presunta víctima de la docente Roxana Ortega, ya imputada por el abuso simple de un nene y una nena de 7 años, acusación agravada por haber sido la encargada de su educación: era su maestra en la Escuela 201 Atilio Viglione del barrio Los Aromos de Trelew. Al nuevo dato lo confirmó la penalista de Trelew Gladys Olavarría, querellante por la familia de los tres jóvenes.
Al caso lo manejan la fiscal Claudia Ibañez y la procuradora fiscal Guadalupe Serafini. En principio habían evaluado que había elementos para ir a un juicio oral por los dos primeros chicos. La tercera denuncia es de un compañerito que en principio había sido colocado como testigo de los episodios en el aula de 2º grado, pero que ahora se convierte en potencial afectado.
Olavarría explicó a Jornada que el mismo día que la Fiscalía presentó la acusación por dos casos, ingresó un escrito pidiendo a la jueza Ivana González prorrogar el plazo de investigación para que se analizara el tercero. “Aceptó mi representación por las tres madres con sus niños y otorgó 4 meses para que Fiscalía investigue el tercer hecho”.
En su relato ante la Cámara Gesell y con la asistencia de una psicóloga, el nuevo denunciante ya había revelado presuntos tocamientos de la maestra durante los recreos, además de golpes. En ese momento fue considerado sólo testigo, hasta que su madre supo los detalles de boca de su hijo.
“Ahora la acusación presentada por Fiscalía queda stand by hasta que el chico pase por el Servicio de Asistencia a la Víctima y a la instancia psicodiagnóstica necesaria para determinar si está en condiciones de hacer una nueva Cámara Gesell”, dijo Olavarría. Si este proceso avanza y sus dichos se verifican, Fiscalía deberá readecuar su acusación con otro hecho.
La docente está libre desde noviembre de 2024 tras cuatro meses de prisión domiciliaria preventiva. El caso explotó con su detención, en julio del año pasado. Y la opinión pública osciló entre el enojo de los padres y las marchas en apoyo a la sospechosa.
En la etapa de la pesquisa, a las investigadoras les llamó la atención la particular ubicación del aula en una escuela que es grande. “Al denunciar, los padres hablaron de un aula detrás de un escenario. En la inspección ocular se constataron dos aulas lejos de las otras, detrás de un telón, escondida”. Como antes funcionó un jardín de infantes, el baño está dentro del aula. “Nos llamó mucho la atención porque que no estamos acostumbrados a que estén separadas del resto y con estas condiciones, que en general no tienen las aulas de la primaria”.
La Escuela hizo varios movimientos para aminorar lo traumático del episodio: cambiaron de aula a los chicos y los condujo un docente varón, por ejemplo. Los tres nenes terminaron el año escolar.
Al menos en los primeros dos casos, según Fiscalía el examen psicodiagnóstico reveló indicadores de abuso infantil, con una afectación muy notoria.
La acusación que presentaron va de 3 hasta 10 años de prisión.
El Ministerio Público Fiscal tiene hasta el 24 de junio para investigar el caso de un chico de 8 años que sería la tercera presunta víctima de la docente Roxana Ortega, ya imputada por el abuso simple de un nene y una nena de 7 años, acusación agravada por haber sido la encargada de su educación: era su maestra en la Escuela 201 Atilio Viglione del barrio Los Aromos de Trelew. Al nuevo dato lo confirmó la penalista de Trelew Gladys Olavarría, querellante por la familia de los tres jóvenes.
Al caso lo manejan la fiscal Claudia Ibañez y la procuradora fiscal Guadalupe Serafini. En principio habían evaluado que había elementos para ir a un juicio oral por los dos primeros chicos. La tercera denuncia es de un compañerito que en principio había sido colocado como testigo de los episodios en el aula de 2º grado, pero que ahora se convierte en potencial afectado.
Olavarría explicó a Jornada que el mismo día que la Fiscalía presentó la acusación por dos casos, ingresó un escrito pidiendo a la jueza Ivana González prorrogar el plazo de investigación para que se analizara el tercero. “Aceptó mi representación por las tres madres con sus niños y otorgó 4 meses para que Fiscalía investigue el tercer hecho”.
En su relato ante la Cámara Gesell y con la asistencia de una psicóloga, el nuevo denunciante ya había revelado presuntos tocamientos de la maestra durante los recreos, además de golpes. En ese momento fue considerado sólo testigo, hasta que su madre supo los detalles de boca de su hijo.
“Ahora la acusación presentada por Fiscalía queda stand by hasta que el chico pase por el Servicio de Asistencia a la Víctima y a la instancia psicodiagnóstica necesaria para determinar si está en condiciones de hacer una nueva Cámara Gesell”, dijo Olavarría. Si este proceso avanza y sus dichos se verifican, Fiscalía deberá readecuar su acusación con otro hecho.
La docente está libre desde noviembre de 2024 tras cuatro meses de prisión domiciliaria preventiva. El caso explotó con su detención, en julio del año pasado. Y la opinión pública osciló entre el enojo de los padres y las marchas en apoyo a la sospechosa.
En la etapa de la pesquisa, a las investigadoras les llamó la atención la particular ubicación del aula en una escuela que es grande. “Al denunciar, los padres hablaron de un aula detrás de un escenario. En la inspección ocular se constataron dos aulas lejos de las otras, detrás de un telón, escondida”. Como antes funcionó un jardín de infantes, el baño está dentro del aula. “Nos llamó mucho la atención porque que no estamos acostumbrados a que estén separadas del resto y con estas condiciones, que en general no tienen las aulas de la primaria”.
La Escuela hizo varios movimientos para aminorar lo traumático del episodio: cambiaron de aula a los chicos y los condujo un docente varón, por ejemplo. Los tres nenes terminaron el año escolar.
Al menos en los primeros dos casos, según Fiscalía el examen psicodiagnóstico reveló indicadores de abuso infantil, con una afectación muy notoria.
La acusación que presentaron va de 3 hasta 10 años de prisión.