Empleada judicial imputada por falsificar un certificado médico
La mujer, aseguraron, presentó un certificado médico trucho para poder extender su licencia. La imputan por fraude a la administración pública, alegando que su accionar perjudicó al área en el que trabaja.
Una empleada judicial de Río Negro fue imputada por los delitos de uso de certificado falso y frause a la administración pública, luego de que se detectara que habría presentado un certificado trucho para extender su licencia.
En detalle, según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal de dicha provincia, el hecho ocurrió en diciembre del 2024 cuando la imputada adulteró un certificado médico expedido por un profesional, agregándole el número 1 por delante del 7. De esta manera, sumó diez días de licencia que no habían sido prescriptos. Dicho documento fue enviado por la misma empleada a través de las vías regulares de la institución, justificando así su ausencia.
Durante la audiencia realizada en los últimos días, el fiscal del caso enumeró en las evidencias colectadas en el legajo, entre las que se cuentan los informes de análisis técnicos elaborados por la OITEL que recuperaron el chat iniciado entre la agente y personal del Poder Judicial que acredita la presentación del certificado adulterado.
Además, se cuenta con el informe del área contable del Ministerio Público mediante el cual detalla y describe el perjuicio total causado por el accionar de la agente, la declaración de la médica profesional que emitió el certificado e informes de organismos de Recursos Humanos, ante quienes se solicita la licencia.
La imputada fue asistida por la Defensa pública penal que no formuló objeciones a la formulación de cargos por encontrar reunidos los requisitos legales. En el marco de esta audiencia hizo uso de su derecho a declarar.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el hecho relatado, que constituyen el delito de uso de certificado falso y fraude a la administración pública, en calidad de autora, de conformidad a los artículos 45, 54, 296 en función del 292 y 174 inciso 5 del Código Penal.
En simultáneo al desarrollo de la presente investigación se llevan a cabo diversas actuaciones administrativas, dispuestas por la Procuración General.
Una empleada judicial de Río Negro fue imputada por los delitos de uso de certificado falso y frause a la administración pública, luego de que se detectara que habría presentado un certificado trucho para extender su licencia.
En detalle, según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal de dicha provincia, el hecho ocurrió en diciembre del 2024 cuando la imputada adulteró un certificado médico expedido por un profesional, agregándole el número 1 por delante del 7. De esta manera, sumó diez días de licencia que no habían sido prescriptos. Dicho documento fue enviado por la misma empleada a través de las vías regulares de la institución, justificando así su ausencia.
Durante la audiencia realizada en los últimos días, el fiscal del caso enumeró en las evidencias colectadas en el legajo, entre las que se cuentan los informes de análisis técnicos elaborados por la OITEL que recuperaron el chat iniciado entre la agente y personal del Poder Judicial que acredita la presentación del certificado adulterado.
Además, se cuenta con el informe del área contable del Ministerio Público mediante el cual detalla y describe el perjuicio total causado por el accionar de la agente, la declaración de la médica profesional que emitió el certificado e informes de organismos de Recursos Humanos, ante quienes se solicita la licencia.
La imputada fue asistida por la Defensa pública penal que no formuló objeciones a la formulación de cargos por encontrar reunidos los requisitos legales. En el marco de esta audiencia hizo uso de su derecho a declarar.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el hecho relatado, que constituyen el delito de uso de certificado falso y fraude a la administración pública, en calidad de autora, de conformidad a los artículos 45, 54, 296 en función del 292 y 174 inciso 5 del Código Penal.
En simultáneo al desarrollo de la presente investigación se llevan a cabo diversas actuaciones administrativas, dispuestas por la Procuración General.