Mediante el Decreto 70/2025, el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, bajo “la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional”.
De esta manera, informaron que la mayoría de las tareas de este organismo se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en procedo de disolución. Además, se había registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
Además de disolver la mencionada Secretaría, el Gobierno ratificó que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.
Previamente, mediante el Decreto 1018/2024, ya habían definido la disolución y el inicio del procedo de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominamo Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
Dicha medida se tomó luego de que en la auditoría de SIGEN detectaran fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.
En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Ahora, en la norma publicada en el Boletín Oficial, definieron asimismo el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Mediante el Decreto 70/2025, el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, bajo “la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional”.
De esta manera, informaron que la mayoría de las tareas de este organismo se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en procedo de disolución. Además, se había registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
Además de disolver la mencionada Secretaría, el Gobierno ratificó que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.
Previamente, mediante el Decreto 1018/2024, ya habían definido la disolución y el inicio del procedo de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominamo Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
Dicha medida se tomó luego de que en la auditoría de SIGEN detectaran fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.
En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Ahora, en la norma publicada en el Boletín Oficial, definieron asimismo el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.