Torres: “Quienes estafen en Seros, que vayan presos”

El gobernador apuntó contra prestadores fraudulentos de Seros e indicó que la auditoría a la obra social dio muestra de un ahorro superior a los mil millones de pesos. “Queremos que esos estafadores paguen las consecuencias legales, que le quiten la matrícula y vayan presos”, dijo.

07 FEB 2025 - 17:42 | Actualizado 07 FEB 2025 - 18:58

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, y el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sergio Wisky, brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron una serie de graves denuncias penales radicadas por la actual gestión a prestadores de la entidad, que habrían incurrido en distintos tipos de fraude en perjuicio de la obra social Seros. Además, participaron de la conferencia el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone; y el procurador General, Jorge Miquelarena.

Las denuncias abarcan irregularidades financieras, como así también relacionadas con prestaciones facturadas que no habían sido realizadas, encuadradas en la figura de "fraude en perjuicio de la administración pública", según lo determinado por el Artículo 174, inciso 5 en función del artículo 172 del Código Penal.

Los profesionales denunciados por haber incurrido en este tipo de prácticas son, entre otros, una psiquiatra, un cardiólogo y un traumatólogo, y las denuncias también alcanzan a procedimientos irregulares detectados en varios centros de diagnósticos por imágenes, uno de ellos en Trelew y otro en Esquel.

Según el gobernador, la decisión de intervenir el instituto “tuvo como objeto normalizar que se hagan las elecciones democráticamente para que tenga autoridades elegidas por los socios”. Además “se inició un proceso de auditorías. Cuando empezamos a ver en la obra social que se habían disparado prestaciones en los últimos años y empezamos a buscar cuáles eran las consecuencias, vimos que era necesario ir a fondo”, dijo.

Torres agradeció a Wisky y al grupo de auditores, porque “lograron un resultado económico importante que se va a ver reflejado en mejores prestaciones y en un acto de justicia. Quienes vienen robando hace mucho tiempo a los afiliados de la obra social, van a tener una implicancia penal por primera vez en muchísimo tiempo”.

Defraudación

La caratula penal es defraudación y delitos a la administración pública. El gobernador señaló que el ahorro fiscal tras las auditorías es de más de mil millones de pesos. Enumeró algunos casos de estafas:

“Un ejemplo es el de un vecino que va una farmacia a comprar un tafirol y le dicen si va a retirar el clonazepam que tenía recetado. Nunca ese vecino había pedido ni tomado clonazepam. Esta psiquiatra truchaba las firmas para retirar psicotrópicos sin atender a ese supuesto paciente”.

“Un cardiólogo internó a un vecino de Trelew. Este paciente tenía que hacerse un cateterismo y le informa que no era necesario. Pidió la historia clínica y no solamente figuraba que lo habían operado, sino que también se había facturado esa prestación y cobrado a Seros”.

“Un centro de imágenes de Trelew truchaba las ordenes de un traumatólogo. Hubo una disparada de prestaciones inexplicable. No solo había asimetrías estadísticas en la auditoría, sino que duplicaban más que el promedio de otros centros de imágenes”.

Uno de los casos más graves denunciados, apunta al accionar de un traumatólogo que habría indicado más de 1.700 prescripciones, entre ellas imágenes, materiales y prácticas médidas, superando por un margen significativo a los diez traumatólogos principales de la provincia en este tipo de indicaciones.

Para ejemplificar la incidencia del ahorro en el presupuesto, Torres señaló que los mil millones de pesos equivalen a un 25% del equipamiento del Hospital Nuevo de Trelew. “Si con estos casos tenemos un ahorro de mil millones de pesos, ¿cuánto le han robado gestiones anteriores a nuestra obra social? No queremos que quede solamente en una auditoría médica o correr a un prestador. Vamos a hacer las denuncias penales correspondientes. Queremos que esos estafadores no solo dejen de trabajar en Seros sino que paguen las consecuencias legales, que le quiten la matrícula y que vayan presos. Robarle a la obra social es robarle a los chubutenses”.

“Una de las mejores”

Sergio Wisky, presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), expresó que en los últimos meses se pusieron dos focos: analizar el gasto y el financiamiento para estabilizar la obra social.


“El gobernador nos dejó tres conceptos: honestidad, humildad y coraje. Este es un acto de coraje que empuja y le da fortaleza a los actos de honestidad. Hay evidencia de cómo se deben usar los recursos para cuidar a nuestros pacientes”.

Estos delitos “no solamente afectan al paciente individual al que le robaron con la firma o el tratamiento, sino que también tiene una embargadora superior. El gran desafío que tenemos es tomar decisiones que incomoden. Es lo que nos reclama cualquier afiliado que paga todos los meses y cada vez se le complica más ser atendido”.

Wisky anunció más de cien reformas para estabilizar el gasto. “Hemos mejorado el debe y haber. Hoy pudimos empezar a pagar en tiempo y forma a los prestadores en 60 días. Con los ahorros de un solo medicamento, nos permite un ahorro de 511 millones por mes”.

Por último, sentenció: “De acá a agosto, vamos a tener una de las mejores obras sociales de las provincias de Argentina”.

El procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, explicó los alcances de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a partir de los casos denunciados: "La obra social es de los afiliados, y somos muchos en esta provincia. En consecuencia, cuando algún 'vivillo' comete un delito que perjudica a la obra social, perjudica a todos. Y los delitos de corrupción afectan gravemente todo el entramado social, ocasionando un daño que muchas veces no se ve, pero que es infinitamente mayor al que puede ocasionar cualquier delito común", expresó el funcionario del Poder Judicial.

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07 FEB 2025 - 17:42

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, y el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sergio Wisky, brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron una serie de graves denuncias penales radicadas por la actual gestión a prestadores de la entidad, que habrían incurrido en distintos tipos de fraude en perjuicio de la obra social Seros. Además, participaron de la conferencia el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone; y el procurador General, Jorge Miquelarena.

Las denuncias abarcan irregularidades financieras, como así también relacionadas con prestaciones facturadas que no habían sido realizadas, encuadradas en la figura de "fraude en perjuicio de la administración pública", según lo determinado por el Artículo 174, inciso 5 en función del artículo 172 del Código Penal.

Los profesionales denunciados por haber incurrido en este tipo de prácticas son, entre otros, una psiquiatra, un cardiólogo y un traumatólogo, y las denuncias también alcanzan a procedimientos irregulares detectados en varios centros de diagnósticos por imágenes, uno de ellos en Trelew y otro en Esquel.

Según el gobernador, la decisión de intervenir el instituto “tuvo como objeto normalizar que se hagan las elecciones democráticamente para que tenga autoridades elegidas por los socios”. Además “se inició un proceso de auditorías. Cuando empezamos a ver en la obra social que se habían disparado prestaciones en los últimos años y empezamos a buscar cuáles eran las consecuencias, vimos que era necesario ir a fondo”, dijo.

Torres agradeció a Wisky y al grupo de auditores, porque “lograron un resultado económico importante que se va a ver reflejado en mejores prestaciones y en un acto de justicia. Quienes vienen robando hace mucho tiempo a los afiliados de la obra social, van a tener una implicancia penal por primera vez en muchísimo tiempo”.

Defraudación

La caratula penal es defraudación y delitos a la administración pública. El gobernador señaló que el ahorro fiscal tras las auditorías es de más de mil millones de pesos. Enumeró algunos casos de estafas:

“Un ejemplo es el de un vecino que va una farmacia a comprar un tafirol y le dicen si va a retirar el clonazepam que tenía recetado. Nunca ese vecino había pedido ni tomado clonazepam. Esta psiquiatra truchaba las firmas para retirar psicotrópicos sin atender a ese supuesto paciente”.

“Un cardiólogo internó a un vecino de Trelew. Este paciente tenía que hacerse un cateterismo y le informa que no era necesario. Pidió la historia clínica y no solamente figuraba que lo habían operado, sino que también se había facturado esa prestación y cobrado a Seros”.

“Un centro de imágenes de Trelew truchaba las ordenes de un traumatólogo. Hubo una disparada de prestaciones inexplicable. No solo había asimetrías estadísticas en la auditoría, sino que duplicaban más que el promedio de otros centros de imágenes”.

Uno de los casos más graves denunciados, apunta al accionar de un traumatólogo que habría indicado más de 1.700 prescripciones, entre ellas imágenes, materiales y prácticas médidas, superando por un margen significativo a los diez traumatólogos principales de la provincia en este tipo de indicaciones.

Para ejemplificar la incidencia del ahorro en el presupuesto, Torres señaló que los mil millones de pesos equivalen a un 25% del equipamiento del Hospital Nuevo de Trelew. “Si con estos casos tenemos un ahorro de mil millones de pesos, ¿cuánto le han robado gestiones anteriores a nuestra obra social? No queremos que quede solamente en una auditoría médica o correr a un prestador. Vamos a hacer las denuncias penales correspondientes. Queremos que esos estafadores no solo dejen de trabajar en Seros sino que paguen las consecuencias legales, que le quiten la matrícula y que vayan presos. Robarle a la obra social es robarle a los chubutenses”.

“Una de las mejores”

Sergio Wisky, presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), expresó que en los últimos meses se pusieron dos focos: analizar el gasto y el financiamiento para estabilizar la obra social.


“El gobernador nos dejó tres conceptos: honestidad, humildad y coraje. Este es un acto de coraje que empuja y le da fortaleza a los actos de honestidad. Hay evidencia de cómo se deben usar los recursos para cuidar a nuestros pacientes”.

Estos delitos “no solamente afectan al paciente individual al que le robaron con la firma o el tratamiento, sino que también tiene una embargadora superior. El gran desafío que tenemos es tomar decisiones que incomoden. Es lo que nos reclama cualquier afiliado que paga todos los meses y cada vez se le complica más ser atendido”.

Wisky anunció más de cien reformas para estabilizar el gasto. “Hemos mejorado el debe y haber. Hoy pudimos empezar a pagar en tiempo y forma a los prestadores en 60 días. Con los ahorros de un solo medicamento, nos permite un ahorro de 511 millones por mes”.

Por último, sentenció: “De acá a agosto, vamos a tener una de las mejores obras sociales de las provincias de Argentina”.

El procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, explicó los alcances de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a partir de los casos denunciados: "La obra social es de los afiliados, y somos muchos en esta provincia. En consecuencia, cuando algún 'vivillo' comete un delito que perjudica a la obra social, perjudica a todos. Y los delitos de corrupción afectan gravemente todo el entramado social, ocasionando un daño que muchas veces no se ve, pero que es infinitamente mayor al que puede ocasionar cualquier delito común", expresó el funcionario del Poder Judicial.


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