Sería millonaria la estafa de Vanesa Fita por viviendas
Inició este miércoles en los tribunales de Comodoro Rivadavia el juicio por la irregular entrega de viviendas del IPV cuya principal involucrada es Vanesa Fita. Los damnificados llegarían a 700.
El caso de la estafa por la irregular entrega de viviendas del IPV que involucra a Vanesa Fita, hermana del actual diputado provincial, comenzó a debatirse en un juicio oral y público en Comodoro Rivadavia. Numerosos damnificados (más de 700) por este accionar, se dieron cita en Tribunales para expresar su malestar y aportar nuevos elementos a la investigación. “Un día ella nos reunió para decirnos que tenía una denuncia por parte de la gente que no quería seguir esperando la casa y nos pidió que tuviéramos paciencia. Ese día yo ya terminé de darme cuenta que esto no era como decían”, sostuvo Amelia Ferioli, una de las personas afectadas por la maniobra irregular.
La mujer relató además que “yo no desconfié más allá de que también su hermano era diputado y ella ponía el nombre de la familia Fita y decía que su hermano estaba al tanto de todo” aunque aclaró que el actual legislador y referente del Sindicato de Viajantes nunca asistió a ninguna de las reuniones que se organizaron. “Cuando yo hablé con Gustavo me dijo que él no tenía absolutamente nada que ver, que su hermana era una desquiciada y que siempre hacía cosas fuera de la ley. Lamentablemente su nombre estaba manchado. También hablé con Linares quien dijo que el apellido Fita era “intachable” y me terminó preguntando cuántos eran los damnificados”.
Reconoció que fueron más de setecientas personas las que habrían realizado pagos con la promesa de ser beneficiados con la entrega de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda. “Ofrecían un total de unas ochocientas casas, algo que es imposible porque ni siquiera en todo Comodoro existe esa cantidad de unidades”, explicó.
Y agregó: “Cuando se destapa todo, con el allanamiento de la casa de Vanesa Fita y del resto de los organizadores comprobaron que eran más de 600 los damnificados y que la estafa había sido multimillonaria”.
Los damnificados por el accionar de Fita plantearon que el juicio que comenzó a sustanciarse no termine con la “utilización” de apellidos políticos con el propósito de “engañar” a la gente. “Basta con esto de que asumió un diputado y le dan dos casitas del IPV para arreglar a su gente. Basta de utilizar ese sistema que tiene enquistado la política, y lo sabemos todos. No hay un papel escrito y una ley escrita que diga tal diputado, tanta cantidad de casas; pero sabemos que ocurre”, deslizó.
Y cuestionó la metodología de inscripción en el IPV y en particular de quienes se registraron entre 1998 y 2000. “No había un sistema electrónico y las carpetas se perdían, tenías que volver a hacer todo el trámite. Terminabas en un círculo de agotamiento y no ibas más a reclamar tu vivienda. Yo no digo que está bien lo que hicimos, pero no salimos del común de la gente. Yo no compré una casa, yo lo que pedí es que activaran mi expediente para justamente que vieran que llevo treinta años esperando”.
“Acá el problema –reconocieron- está en haber utilizado el apellido para cometer ésta estafa. Acá hay más de 300 denuncias, la gente se fue cayendo en el camino porque muchos entregaron plata en mano en vez de hacer transferencia. Los que hicimos la transferencia tenemos como corroborar, la otra gente no”, aseveró.
El modus operandi
La maniobra implicaba el pago de entre 80 y 100 mil pesos a una supuesta empleada del IPV para que active los expedientes y otros 20 mil que se entregaban a la SCPL y Camuzzi por el pago de los servicios. “Nos decían que al momento de la entrega de la llave, recibiríamos el talonario para pagar la vivienda. Estábamos esperando ansiosos eso que nunca llegó”.
Denunciaron la existencia de alrededor de ocho grupos de WhatsApp que manejaban tres personas. “La tal Macarena no existía en el IPV. Y todo eso se fue descubriendo gracias a la gente que fue aportando información. Les pedimos que fueran a hacer la denuncia y organizamos las agendas para que la Brigada estuviera mejor acomodada, con turnos para que pudieran hacer la descarga de datos que era muchísima”.
El caso de la estafa por la irregular entrega de viviendas del IPV que involucra a Vanesa Fita, hermana del actual diputado provincial, comenzó a debatirse en un juicio oral y público en Comodoro Rivadavia. Numerosos damnificados (más de 700) por este accionar, se dieron cita en Tribunales para expresar su malestar y aportar nuevos elementos a la investigación. “Un día ella nos reunió para decirnos que tenía una denuncia por parte de la gente que no quería seguir esperando la casa y nos pidió que tuviéramos paciencia. Ese día yo ya terminé de darme cuenta que esto no era como decían”, sostuvo Amelia Ferioli, una de las personas afectadas por la maniobra irregular.
La mujer relató además que “yo no desconfié más allá de que también su hermano era diputado y ella ponía el nombre de la familia Fita y decía que su hermano estaba al tanto de todo” aunque aclaró que el actual legislador y referente del Sindicato de Viajantes nunca asistió a ninguna de las reuniones que se organizaron. “Cuando yo hablé con Gustavo me dijo que él no tenía absolutamente nada que ver, que su hermana era una desquiciada y que siempre hacía cosas fuera de la ley. Lamentablemente su nombre estaba manchado. También hablé con Linares quien dijo que el apellido Fita era “intachable” y me terminó preguntando cuántos eran los damnificados”.
Reconoció que fueron más de setecientas personas las que habrían realizado pagos con la promesa de ser beneficiados con la entrega de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda. “Ofrecían un total de unas ochocientas casas, algo que es imposible porque ni siquiera en todo Comodoro existe esa cantidad de unidades”, explicó.
Y agregó: “Cuando se destapa todo, con el allanamiento de la casa de Vanesa Fita y del resto de los organizadores comprobaron que eran más de 600 los damnificados y que la estafa había sido multimillonaria”.
Los damnificados por el accionar de Fita plantearon que el juicio que comenzó a sustanciarse no termine con la “utilización” de apellidos políticos con el propósito de “engañar” a la gente. “Basta con esto de que asumió un diputado y le dan dos casitas del IPV para arreglar a su gente. Basta de utilizar ese sistema que tiene enquistado la política, y lo sabemos todos. No hay un papel escrito y una ley escrita que diga tal diputado, tanta cantidad de casas; pero sabemos que ocurre”, deslizó.
Y cuestionó la metodología de inscripción en el IPV y en particular de quienes se registraron entre 1998 y 2000. “No había un sistema electrónico y las carpetas se perdían, tenías que volver a hacer todo el trámite. Terminabas en un círculo de agotamiento y no ibas más a reclamar tu vivienda. Yo no digo que está bien lo que hicimos, pero no salimos del común de la gente. Yo no compré una casa, yo lo que pedí es que activaran mi expediente para justamente que vieran que llevo treinta años esperando”.
“Acá el problema –reconocieron- está en haber utilizado el apellido para cometer ésta estafa. Acá hay más de 300 denuncias, la gente se fue cayendo en el camino porque muchos entregaron plata en mano en vez de hacer transferencia. Los que hicimos la transferencia tenemos como corroborar, la otra gente no”, aseveró.
El modus operandi
La maniobra implicaba el pago de entre 80 y 100 mil pesos a una supuesta empleada del IPV para que active los expedientes y otros 20 mil que se entregaban a la SCPL y Camuzzi por el pago de los servicios. “Nos decían que al momento de la entrega de la llave, recibiríamos el talonario para pagar la vivienda. Estábamos esperando ansiosos eso que nunca llegó”.
Denunciaron la existencia de alrededor de ocho grupos de WhatsApp que manejaban tres personas. “La tal Macarena no existía en el IPV. Y todo eso se fue descubriendo gracias a la gente que fue aportando información. Les pedimos que fueran a hacer la denuncia y organizamos las agendas para que la Brigada estuviera mejor acomodada, con turnos para que pudieran hacer la descarga de datos que era muchísima”.