En Chubut nunca hubo juicios a funcionarios por tener “ñoquis”
La causa conocida como “ñoquis calientes” estaría llegando finalmente a juicio oral y público el próximo lunes 25 cuando inicie el debate contra la ex Ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola y 6 personas más, quienes recibían un sueldo desde esa cartera, pero nunca trabajaron y tampoco vivían en Chubut. Es el primer caso de este tipo que llega a los Tribunales en la provincia.
La investigación y quien lleva la acusación es el Jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, fiscal Omar Rodríguez, quien sostiene que el lunes debe comenzar el juicio a las personas que fueron denunciadas en el año 2020. “Ya no hay ninguna cuestión previa que se pueda plantear y espero que podamos comenzar el juicio. Sospecho que habrá algún planteo porque ya lo adelantó uno de los Defensores en la audiencia anterior, que van a recusar al Tribunal en razón que al resolver la suspensión del juicio a prueba emitió opinión, está contaminado y no podría servir en el juicio”.
Este punto de la Defensa, aclaró el Fiscal, “ya fue zanjado en distintos juicios por corrupción como el caso Emergencia Climática y Embrujo, donde el Tribunal negó la suspensión del juicio a prueba y el mismo Tribunal pudo llevar adelante el juicio”.
El Tribunal a cargo de enjuiciar a la ex funcionaria provincial durante la gobernación de Mariano Arcioni y el resto de los imputados está integrado por Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y José Luis Ennis.
Sin antecedentes
En Chubut no hay referencias de juicios similares por la acusación de “ñoquis”, incluso, según informó el fiscal Rodríguez, en el país “son muy pocos. Uno bastante conocido fue el caso de De la Rúa pero prescribió la acción y lo sobreseyeron; él tenía una situación bastante parecida a esta porque había contratado a través del Concejo Deliberante a un jardinero que trabajaba en su casa, pero cobraba desde el Estado. En Mendoza el Intendente de Guaymallén lo condenaron por tener a personal así. Este será uno de los primeros que será llevado a juicio en estas condiciones”, afirmó.
Además, dijo que en Chubut “no había antecedentes porque la Fiscalía tenía otro criterio, ponía el foco en el contrato, en el ámbito civil y acá hay maniobras previas, porque se sabe que la persona vive en Buenos Aires y no va a prestar ninguna contraprestación, se engaña al Estado para que lo nombre y cobre un sueldo”.
Los hechos
Detalló Rodríguez que la acusación contra la ex funcionaria “gira sobre dos ejes principales; cuando Torres Otarola fue diputada, le requería de manera compulsiva a los asesores de ese momento parte de sus sueldos, en algunos casos para pagar a otros asesores y en otros esa plata terminaba en las cuentas de la diputada”.
“En ese tramo de tiempo también vamos a tratar de probar que, con los fondos públicos, Torres Otarola pagaba a una persona que aparecía como auxiliar y en realidad cumplía funciones en la casa de ella cuidando a sus hijos y oficiando de niñera”.
“En la otra parte de la acusación cuando ella asume como Ministra de Familia, nombró a un montón de personas, sobre todo relacionadas con la Subsecretaria que era su amiga personal de apellido Rodera; ahí incorpora una serie de familiares que muchos de ellos ni siquiera concurrieron a la provincia del Chubut porque estaban en su mayoría en Buenos Aires”.
“La hipótesis es que nombró a estas personas, pero no prestaban ninguna contraprestación, cobraban un sueldo y eran ñoquis. Es un fraude al Estado, que paga pensando que la persona presta un servicio”.
Según la acusación, Torres Otarola “presenta un listado de personas que supuestamente requería para conformar su gabinete, sabiendo de antemano que muchas de esas personas no iban a trabajar e iban a estar en otro lado, y las personas que terminan siendo los ñoquis participan dando su colaboración necesaria para que el hecho se consuma”.
Aclaró Rodríguez que los asesores de la Legislatura “son víctimas, porque ella les saca parte del sueldo y nadie en su sano juicio entrega parte de su sueldo por amor al arte. Ella les exigía parte del sueldo y esas personas son víctimas del delito de concusión”.
Los imputados
Hoy Cecilia Torres Otarola vive en Comodoro Rivadavia donde presta servicios en el Hospital Regional de esa ciudad como Terapista Ocupacional. El resto de los acusados son Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Telles y Silvana Cañumil.
“Son todos familiares, además Jaquelina y su marido desde el 2016 eran asesores en la Legislatura”, acotó el Fiscal.
La investigación y quien lleva la acusación es el Jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, fiscal Omar Rodríguez, quien sostiene que el lunes debe comenzar el juicio a las personas que fueron denunciadas en el año 2020. “Ya no hay ninguna cuestión previa que se pueda plantear y espero que podamos comenzar el juicio. Sospecho que habrá algún planteo porque ya lo adelantó uno de los Defensores en la audiencia anterior, que van a recusar al Tribunal en razón que al resolver la suspensión del juicio a prueba emitió opinión, está contaminado y no podría servir en el juicio”.
Este punto de la Defensa, aclaró el Fiscal, “ya fue zanjado en distintos juicios por corrupción como el caso Emergencia Climática y Embrujo, donde el Tribunal negó la suspensión del juicio a prueba y el mismo Tribunal pudo llevar adelante el juicio”.
El Tribunal a cargo de enjuiciar a la ex funcionaria provincial durante la gobernación de Mariano Arcioni y el resto de los imputados está integrado por Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y José Luis Ennis.
Sin antecedentes
En Chubut no hay referencias de juicios similares por la acusación de “ñoquis”, incluso, según informó el fiscal Rodríguez, en el país “son muy pocos. Uno bastante conocido fue el caso de De la Rúa pero prescribió la acción y lo sobreseyeron; él tenía una situación bastante parecida a esta porque había contratado a través del Concejo Deliberante a un jardinero que trabajaba en su casa, pero cobraba desde el Estado. En Mendoza el Intendente de Guaymallén lo condenaron por tener a personal así. Este será uno de los primeros que será llevado a juicio en estas condiciones”, afirmó.
Además, dijo que en Chubut “no había antecedentes porque la Fiscalía tenía otro criterio, ponía el foco en el contrato, en el ámbito civil y acá hay maniobras previas, porque se sabe que la persona vive en Buenos Aires y no va a prestar ninguna contraprestación, se engaña al Estado para que lo nombre y cobre un sueldo”.
Los hechos
Detalló Rodríguez que la acusación contra la ex funcionaria “gira sobre dos ejes principales; cuando Torres Otarola fue diputada, le requería de manera compulsiva a los asesores de ese momento parte de sus sueldos, en algunos casos para pagar a otros asesores y en otros esa plata terminaba en las cuentas de la diputada”.
“En ese tramo de tiempo también vamos a tratar de probar que, con los fondos públicos, Torres Otarola pagaba a una persona que aparecía como auxiliar y en realidad cumplía funciones en la casa de ella cuidando a sus hijos y oficiando de niñera”.
“En la otra parte de la acusación cuando ella asume como Ministra de Familia, nombró a un montón de personas, sobre todo relacionadas con la Subsecretaria que era su amiga personal de apellido Rodera; ahí incorpora una serie de familiares que muchos de ellos ni siquiera concurrieron a la provincia del Chubut porque estaban en su mayoría en Buenos Aires”.
“La hipótesis es que nombró a estas personas, pero no prestaban ninguna contraprestación, cobraban un sueldo y eran ñoquis. Es un fraude al Estado, que paga pensando que la persona presta un servicio”.
Según la acusación, Torres Otarola “presenta un listado de personas que supuestamente requería para conformar su gabinete, sabiendo de antemano que muchas de esas personas no iban a trabajar e iban a estar en otro lado, y las personas que terminan siendo los ñoquis participan dando su colaboración necesaria para que el hecho se consuma”.
Aclaró Rodríguez que los asesores de la Legislatura “son víctimas, porque ella les saca parte del sueldo y nadie en su sano juicio entrega parte de su sueldo por amor al arte. Ella les exigía parte del sueldo y esas personas son víctimas del delito de concusión”.
Los imputados
Hoy Cecilia Torres Otarola vive en Comodoro Rivadavia donde presta servicios en el Hospital Regional de esa ciudad como Terapista Ocupacional. El resto de los acusados son Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Telles y Silvana Cañumil.
“Son todos familiares, además Jaquelina y su marido desde el 2016 eran asesores en la Legislatura”, acotó el Fiscal.