La Causa Ñoquis Calientes, en su laberinto: se viene otra audiencia por las probation
La Causa Ñoquis Calientes sigue en su laberinto. Es que hoy martes la Cámara Penal de Trelew declaró nula una decisión de la jueza Ivana González, que había negado la probation para cinco imputados en la causa.
La decisión de la magistrada nunca se debatió en una audiencia, como debió corresponder, y por eso los defensores de los cinco involucrados, Romano Cominetti y Francisco Romero, impugnaron ante la Cámara. Los camaristas Alejandro Defranco, Roberto Barrios y César Zaratiegui les dieron la razón. En la audiencia de esta mañana también estuvo el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.
Ahora la Oficina Judicial deberá fijar fecha para que actúe el tribunal de juicio, compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. Estos magistrados deberán encabezar una audiencia antes de la feria judicial para sentar a las partes,discutir y definir si corresponde la suspensión del juicio a prueba para los involucrados que la piden.
Recién una vez resuelto este tema se podrá fijar fecha para el inicio del debate, pero ya en el segundo semestre. Sin embargo, se prevé que la Cámara volverá a intervenir tanto si se deniegan las probation como si las conceden, ya que una de las dos partes no quedará conforme.
La fecha original del juicio era el lunes 22 de abril a las 9 en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson. Cabe recordar que será enjuiciada la exministra de Familia y exdiputada provincial Cecilia Torres Otarola. Por haber ocupado cargos como funcionaria pública, “Chechu” está imposibilitada legalmente de obtener el beneficio de la probation.
La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.
Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
La Causa Ñoquis Calientes sigue en su laberinto. Es que hoy martes la Cámara Penal de Trelew declaró nula una decisión de la jueza Ivana González, que había negado la probation para cinco imputados en la causa.
La decisión de la magistrada nunca se debatió en una audiencia, como debió corresponder, y por eso los defensores de los cinco involucrados, Romano Cominetti y Francisco Romero, impugnaron ante la Cámara. Los camaristas Alejandro Defranco, Roberto Barrios y César Zaratiegui les dieron la razón. En la audiencia de esta mañana también estuvo el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.
Ahora la Oficina Judicial deberá fijar fecha para que actúe el tribunal de juicio, compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. Estos magistrados deberán encabezar una audiencia antes de la feria judicial para sentar a las partes,discutir y definir si corresponde la suspensión del juicio a prueba para los involucrados que la piden.
Recién una vez resuelto este tema se podrá fijar fecha para el inicio del debate, pero ya en el segundo semestre. Sin embargo, se prevé que la Cámara volverá a intervenir tanto si se deniegan las probation como si las conceden, ya que una de las dos partes no quedará conforme.
La fecha original del juicio era el lunes 22 de abril a las 9 en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson. Cabe recordar que será enjuiciada la exministra de Familia y exdiputada provincial Cecilia Torres Otarola. Por haber ocupado cargos como funcionaria pública, “Chechu” está imposibilitada legalmente de obtener el beneficio de la probation.
La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.
Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público.