En la última sesión de la legislatura chubutense las diputadas Jacqueline Caminoa y Andrea Aguilera presentaron un proyecto de declaración donde se rechaza la resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que impide insertar cargos como la tasa de bomberos en las facturas de servicios públicos, asegurando que la misma perjudica sustancialmente a los cuarteles de bomberos voluntarios que quedarían desfinanciados.
La declaración 047/24 que fue aprobada por todos los legisladores provinciales exhorta al Poder Ejecutivo Nacional “a que revise y derogue la Resolución, adoptando medidas que permitan la continuidad de los mecanismos de financiamiento de los Bomberos Voluntarios y respeten las competencias de los municipios y provincias para establecer tributos y contribuciones locales”.
Asimismo, pide al Congreso de la Nación abrir el debate y “sancionar una normativa que contemple y proteja el financiamiento de los Bomberos Voluntarios, asegurando un esquema de recaudación que no vulnere derechos fundamentales ni afecte la autonomía de los gobiernos locales”.
En la última sesión de la legislatura chubutense las diputadas Jacqueline Caminoa y Andrea Aguilera presentaron un proyecto de declaración donde se rechaza la resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que impide insertar cargos como la tasa de bomberos en las facturas de servicios públicos, asegurando que la misma perjudica sustancialmente a los cuarteles de bomberos voluntarios que quedarían desfinanciados.
La declaración 047/24 que fue aprobada por todos los legisladores provinciales exhorta al Poder Ejecutivo Nacional “a que revise y derogue la Resolución, adoptando medidas que permitan la continuidad de los mecanismos de financiamiento de los Bomberos Voluntarios y respeten las competencias de los municipios y provincias para establecer tributos y contribuciones locales”.
Asimismo, pide al Congreso de la Nación abrir el debate y “sancionar una normativa que contemple y proteja el financiamiento de los Bomberos Voluntarios, asegurando un esquema de recaudación que no vulnere derechos fundamentales ni afecte la autonomía de los gobiernos locales”.