La jueza responde a las críticas: “Fui agredida por los Poderes del Estado"
La jueza María Laura Martini habló con Jornada y reiteró que tanto su traslado a Rawson como la resolución de aceptar la Probation a los acusados por los daños a edificios públicos en 2021, están acordes a las leyes establecidas. Asegura que fue “agredida gratuitamente” y que esto sucede por ser mujer.
La magistrada señaló que “a partir de mi resolución siento que fui agredida gratuitamente por los distintos Poderes. Esto tiene mucho que ver con que soy mujer, por una cuestión de género”, que queda graficado cuando “me mandan a hacer otras cosas”.
La jueza reiteró que su resolución se fundó en la presentación del defensor y la falta de argumentos contradictorios por parte de la fiscalía. Pero además que los imputados no estaban sindicados como los autores de los incendios de los edificios públicos, sino que se los acusaba de romper un vidrio, robarse un bidón de agua y un extintor.
Otro de los puntos que remarca es que su traslado desde Comodoro Rivadavia a Rawson cumple con los requisitos. “Fui designada acá por una resolución y acuerdo del Consejo de la Magistratura y del Superior Tribunal de Justicia que, siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, porque el mío no es el primero, traslados como el mío ya se han realizado y en ninguno de ellos fue necesario que tuviera el paso previo y acuerdo previo de la Legislatura. Es que no está previsto en el Artículo 170 del Código de Procedimiento y todos los demás casos fueron iguales”.
Para la jueza Martini este escándalo que se desató tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo no tiene motivo, pero “no deja de sentirse como agresión institucional, porque se han dicho cosas muy agraviantes hacia mi persona y en relación a la función que estoy ejerciendo. También me pregunto si no es por el hecho de que soy mujer, porque frases como que me compre un perro o que me trasladé por cuestiones domésticas, o que tengo miedo, no sé si se la dirían a un hombre”.
“Además involucra a todos los magistrados en general que estamos expuestos a que se cuestione nuestra designación, nuestra intervención en los juicios, nuestras resoluciones, sin leerlas previamente. Expuestas a ser atacadas, denigradas, estamos hablando de jueces, hace poco la Dra. Marín fue víctima de situaciones similares. A mí desde el Gobierno me están atacando y desconozco cuál es el motivo, pero entiendo que como Colegio Provincial de Jueces esto no puede seguir ocurriendo”.
Los fiscales también
En medio de la ola de reproches a la resolución de la magistrada, se conoció durante la sesión del jueves en la Legislatura, el ingreso de un pedido del fiscal Omar Rodríguez, consultado sobre la situación de la jueza Martini, atento a que ella está designada en la conformación del tribunal que enjuiciará a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, en la causa que se conoció como “ñoquis calientes”.
Sobre esta presentación la jueza Martini dijo estar “sorprendida, es muy extraño eso, llegó a mi conocimiento el pedido de parte de la fiscalía, del Dr. Omar Rodríguez, quien ha pedido esta explicación en la Legislatura que se ha dado curso, y la verdad que no entiendo”.
La jueza señaló que otros funcionarios del Poder Judicial también han sido trasladados y no hubo cuestionamientos, incluso “el Dr. Omar Rodríguez y otros fiscales han sido designados y rindieron en el Consejo de la Magistratura para determinadas localidades, como Rodríguez que rindió para Trelew hoy ejerce funciones en Rawson”.
“Los fiscales también son designados de la misma manera que los jueces, pero cambian de jurisdicción por disposición del Procurador y no necesitan acuerdo de la Legislatura, por qué exigen eso a los jueces”, plantea Martini.
“Lo único que puedo decir es que mi designación fue en base a lo que prevé la Constitución Provincial, como se hizo con otros tantos similares, que además fueron citados en mi petición como precedentes cuando pedí el traslado”.
No quemaron nada
Como publicó Jornada el jueves, la jueza Martini llegó a la resolución de aceptar la suspensión del juicio a 5 de los 8 imputados porque “entendí que estaban dados los requisitos de admisibilidad, que en este caso se exigen por el tipo de delitos”.
Y apuntó al trabajo de la fiscal Florencia Gómez, quien llevó adelante la investigación ya que, según dijo, “no hubo debida motivación fiscal y por el contrario hubo una defensa que explicó caso por caso, en concreto, por qué hacia ese pedido”, la Probation.
“La fiscalía tenía que explicar en cada caso por qué tenía esa pretensión, por qué quería llegar a un juicio oral y público, pero el fundamento fue general”.
“Lo que trascendió y por lo que se cuestionó tanto esta resolución es que se quiso transmitir a la sociedad que se otorgó este beneficio a las personas que habían generado todos estos desmanes en la Legislatura, en el Superior Tribunal de Justicia, en Casa de Gobierno, y a ninguno de ellos se les imputó el incendio. Sólo se les imputó delito de daño y de hurto”.
“Daño a unos vidrios y hurto de un matafuego y un bidón de agua, a ninguno se le imputó el incendio y lo que se transmitió desde Fiscalía fue que yo había resuelto eso en relación a personas que habían realizado esas conductas y no fue así”.
Cómo sigue ahora el juicio lo debe resolver el Superior Tribunal, incluso en su resolución debería señalar “si sigo yo o no”, aclara la magistrada.
La magistrada señaló que “a partir de mi resolución siento que fui agredida gratuitamente por los distintos Poderes. Esto tiene mucho que ver con que soy mujer, por una cuestión de género”, que queda graficado cuando “me mandan a hacer otras cosas”.
La jueza reiteró que su resolución se fundó en la presentación del defensor y la falta de argumentos contradictorios por parte de la fiscalía. Pero además que los imputados no estaban sindicados como los autores de los incendios de los edificios públicos, sino que se los acusaba de romper un vidrio, robarse un bidón de agua y un extintor.
Otro de los puntos que remarca es que su traslado desde Comodoro Rivadavia a Rawson cumple con los requisitos. “Fui designada acá por una resolución y acuerdo del Consejo de la Magistratura y del Superior Tribunal de Justicia que, siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, porque el mío no es el primero, traslados como el mío ya se han realizado y en ninguno de ellos fue necesario que tuviera el paso previo y acuerdo previo de la Legislatura. Es que no está previsto en el Artículo 170 del Código de Procedimiento y todos los demás casos fueron iguales”.
Para la jueza Martini este escándalo que se desató tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo no tiene motivo, pero “no deja de sentirse como agresión institucional, porque se han dicho cosas muy agraviantes hacia mi persona y en relación a la función que estoy ejerciendo. También me pregunto si no es por el hecho de que soy mujer, porque frases como que me compre un perro o que me trasladé por cuestiones domésticas, o que tengo miedo, no sé si se la dirían a un hombre”.
“Además involucra a todos los magistrados en general que estamos expuestos a que se cuestione nuestra designación, nuestra intervención en los juicios, nuestras resoluciones, sin leerlas previamente. Expuestas a ser atacadas, denigradas, estamos hablando de jueces, hace poco la Dra. Marín fue víctima de situaciones similares. A mí desde el Gobierno me están atacando y desconozco cuál es el motivo, pero entiendo que como Colegio Provincial de Jueces esto no puede seguir ocurriendo”.
Los fiscales también
En medio de la ola de reproches a la resolución de la magistrada, se conoció durante la sesión del jueves en la Legislatura, el ingreso de un pedido del fiscal Omar Rodríguez, consultado sobre la situación de la jueza Martini, atento a que ella está designada en la conformación del tribunal que enjuiciará a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, en la causa que se conoció como “ñoquis calientes”.
Sobre esta presentación la jueza Martini dijo estar “sorprendida, es muy extraño eso, llegó a mi conocimiento el pedido de parte de la fiscalía, del Dr. Omar Rodríguez, quien ha pedido esta explicación en la Legislatura que se ha dado curso, y la verdad que no entiendo”.
La jueza señaló que otros funcionarios del Poder Judicial también han sido trasladados y no hubo cuestionamientos, incluso “el Dr. Omar Rodríguez y otros fiscales han sido designados y rindieron en el Consejo de la Magistratura para determinadas localidades, como Rodríguez que rindió para Trelew hoy ejerce funciones en Rawson”.
“Los fiscales también son designados de la misma manera que los jueces, pero cambian de jurisdicción por disposición del Procurador y no necesitan acuerdo de la Legislatura, por qué exigen eso a los jueces”, plantea Martini.
“Lo único que puedo decir es que mi designación fue en base a lo que prevé la Constitución Provincial, como se hizo con otros tantos similares, que además fueron citados en mi petición como precedentes cuando pedí el traslado”.
No quemaron nada
Como publicó Jornada el jueves, la jueza Martini llegó a la resolución de aceptar la suspensión del juicio a 5 de los 8 imputados porque “entendí que estaban dados los requisitos de admisibilidad, que en este caso se exigen por el tipo de delitos”.
Y apuntó al trabajo de la fiscal Florencia Gómez, quien llevó adelante la investigación ya que, según dijo, “no hubo debida motivación fiscal y por el contrario hubo una defensa que explicó caso por caso, en concreto, por qué hacia ese pedido”, la Probation.
“La fiscalía tenía que explicar en cada caso por qué tenía esa pretensión, por qué quería llegar a un juicio oral y público, pero el fundamento fue general”.
“Lo que trascendió y por lo que se cuestionó tanto esta resolución es que se quiso transmitir a la sociedad que se otorgó este beneficio a las personas que habían generado todos estos desmanes en la Legislatura, en el Superior Tribunal de Justicia, en Casa de Gobierno, y a ninguno de ellos se les imputó el incendio. Sólo se les imputó delito de daño y de hurto”.
“Daño a unos vidrios y hurto de un matafuego y un bidón de agua, a ninguno se le imputó el incendio y lo que se transmitió desde Fiscalía fue que yo había resuelto eso en relación a personas que habían realizado esas conductas y no fue así”.
Cómo sigue ahora el juicio lo debe resolver el Superior Tribunal, incluso en su resolución debería señalar “si sigo yo o no”, aclara la magistrada.