Javier Moyano, delegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda confirmó que se trabaja en un relevamiento en el barrio Treinta de Octubre a instancias del presidente del organismo y el ministro de Seguridad. E indicó que se detectaron casos de viviendas alquiladas y en muchos casos, desocupadas que violan la reglamentación de los adjudicatarios. “Nos encontramos abocados a hacer un relevamiento general del barrio Treinta de Octubre y tenemos instrucciones de hacer lo mismo en toda la ciudad con los planes del IPV”.
Destacó que se elaborará un informe de los distintos sectores para evaluar posteriormente los pasos a seguir. “Todos los vecinos que quieran hacer un reclamo, pueden acercarse a la institución y plantearlo en forma personal. Avanzaremos con visitas personalizadas y por razones de seguridad hasta ahora estamos esperando instrucciones. Cotejamos la identidad de los adjudicatarios y nos hemos encontrado con distintos tipos de situaciones. Hay personas que no son los que nosotros tenemos registrados; hay departamentos alquilados y usurpados. Los datos que tenemos incluyen un informe de deuda o de pago al día de la fecha. En barrios que tienen muchos años; la morosidad ronda entre el 30 y 40 por ciento, o sea que no es muy significativa. Lo que deben la mayoría de las familias son entre una y tres cuotas. Quizás por desconocimiento porque la gente supone haber pagado todo pero tienen colgada una cuota de años anteriores por lo que estamos notificándolos de la deuda”.
“Hay familias –dijo Moyano- que prácticamente no han pagado nunca la deuda con un salto que puede alcanzar los 80 mil pesos. Quizás no es nada pero la gente no lo paga” y planteó que el objeto del Instituto es poder construir viviendas sociales para personas necesitadas y con escasos recursos pero sin embargo, al momento de la adjudicación, terminan alquilando las viviendas. “Esto se hace porque no se necesita y se está privando a otras familias de ese beneficio. Trabajamos sobre estas irregularidades y le pedimos a quienes están alquilando casa de plan que se acerquen para llevar adelante el trámite administrativo”. Y no descartó avanzar en una cesión y cambio de titularidad si es que se reúnen los requisitos y están inscriptos en el IPV.
“Hemos detectado irregularidades ya sea por alquiler por venta, reventa e inclusive casas abandonadas. En eso estamos realmente con el poco personal que contamos, haciendo un gran esfuerzo”, finalizó Moyano.
Javier Moyano, delegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda confirmó que se trabaja en un relevamiento en el barrio Treinta de Octubre a instancias del presidente del organismo y el ministro de Seguridad. E indicó que se detectaron casos de viviendas alquiladas y en muchos casos, desocupadas que violan la reglamentación de los adjudicatarios. “Nos encontramos abocados a hacer un relevamiento general del barrio Treinta de Octubre y tenemos instrucciones de hacer lo mismo en toda la ciudad con los planes del IPV”.
Destacó que se elaborará un informe de los distintos sectores para evaluar posteriormente los pasos a seguir. “Todos los vecinos que quieran hacer un reclamo, pueden acercarse a la institución y plantearlo en forma personal. Avanzaremos con visitas personalizadas y por razones de seguridad hasta ahora estamos esperando instrucciones. Cotejamos la identidad de los adjudicatarios y nos hemos encontrado con distintos tipos de situaciones. Hay personas que no son los que nosotros tenemos registrados; hay departamentos alquilados y usurpados. Los datos que tenemos incluyen un informe de deuda o de pago al día de la fecha. En barrios que tienen muchos años; la morosidad ronda entre el 30 y 40 por ciento, o sea que no es muy significativa. Lo que deben la mayoría de las familias son entre una y tres cuotas. Quizás por desconocimiento porque la gente supone haber pagado todo pero tienen colgada una cuota de años anteriores por lo que estamos notificándolos de la deuda”.
“Hay familias –dijo Moyano- que prácticamente no han pagado nunca la deuda con un salto que puede alcanzar los 80 mil pesos. Quizás no es nada pero la gente no lo paga” y planteó que el objeto del Instituto es poder construir viviendas sociales para personas necesitadas y con escasos recursos pero sin embargo, al momento de la adjudicación, terminan alquilando las viviendas. “Esto se hace porque no se necesita y se está privando a otras familias de ese beneficio. Trabajamos sobre estas irregularidades y le pedimos a quienes están alquilando casa de plan que se acerquen para llevar adelante el trámite administrativo”. Y no descartó avanzar en una cesión y cambio de titularidad si es que se reúnen los requisitos y están inscriptos en el IPV.
“Hemos detectado irregularidades ya sea por alquiler por venta, reventa e inclusive casas abandonadas. En eso estamos realmente con el poco personal que contamos, haciendo un gran esfuerzo”, finalizó Moyano.