Emergencia Climática: el fiscal pidió que los 10 culpables tengan cárcel efectiva
Cristian Olazabal solicitó 6 años de prisión para los exsecretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque. Para los otros 8 culpables, pidió entre 5 años y 6 meses y 4 años y 4 años y 4 meses.
Con los alegatos, se concretó el último día de la audiencia de cesura de pena por la causa por la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Luego de producirse la prueba y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada condenado, el fiscal Cristian Olazabal solicitó la pena de 6 años de prisión para Abel Boyero y Rubén Palomeque; 4 años y 10 meses para Rubén Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Eduardo Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Joaquín Mansilla; de 5 años de prisión para Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Roberto Monasterolo, de 5 años para José Morales y de 5 años y 2 meses para Cristian Lobos Rosas, más la inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos. El único atenuante fue la falta de antecedentes penales.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el fiscal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas. El fallo se atrasará más de lo previsto y se conocerá el 28 de agosto.
En la tormenta que destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal, fue de gran magnitud: 408.804 dólares, al valor actual 410 millones de pesos.
El defensor de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, 2 años de prisión y que la misma sea dejada en suspenso.
Los jueces son Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco.
La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rosas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a Cristian Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular.
Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años, el mínimo, y que la misma sea en suspenso, menos María de los Ángeles Garro que solicitó 2 años y 4 meses para Mansilla, a su vez Di Taranto solicitó 2 años y 3 meses para Cristian Pérez y Juan Billl de 2 años y dos meses para Lobos Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.
Cabe recordar que el 8 de julio el tribunal declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”. En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público.
Con los alegatos, se concretó el último día de la audiencia de cesura de pena por la causa por la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Luego de producirse la prueba y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada condenado, el fiscal Cristian Olazabal solicitó la pena de 6 años de prisión para Abel Boyero y Rubén Palomeque; 4 años y 10 meses para Rubén Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Eduardo Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Joaquín Mansilla; de 5 años de prisión para Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Roberto Monasterolo, de 5 años para José Morales y de 5 años y 2 meses para Cristian Lobos Rosas, más la inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos. El único atenuante fue la falta de antecedentes penales.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el fiscal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas. El fallo se atrasará más de lo previsto y se conocerá el 28 de agosto.
En la tormenta que destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal, fue de gran magnitud: 408.804 dólares, al valor actual 410 millones de pesos.
El defensor de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, 2 años de prisión y que la misma sea dejada en suspenso.
Los jueces son Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco.
La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rosas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a Cristian Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular.
Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años, el mínimo, y que la misma sea en suspenso, menos María de los Ángeles Garro que solicitó 2 años y 4 meses para Mansilla, a su vez Di Taranto solicitó 2 años y 3 meses para Cristian Pérez y Juan Billl de 2 años y dos meses para Lobos Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.
Cabe recordar que el 8 de julio el tribunal declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”. En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público.