Javier Moyano, delegado del Instituto Provincial de la Vivienda de Comodoro Rivadavia anticipó que se evaluarán alternativas “caso por caso” para establecer nuevas condiciones en el pago de las viviendas del Instituto. Y ante distintos planteos de quienes certifiquen su condición económica, podría avanzarse en un esquema diferenciado que les permita sostener el pago de las cuotas. “Esto sucede en toda la provincia y es una problemática monetaria más que atravesamos en todo en el país. Ya hemos estado trabajando y dando algunas alternativas que si bien son parches o soluciones parciales permiten afrontar distintas situaciones”.
“Si bien –planteó Moyano a Cadna Tiempo- son problemas parecidos, a su vez son todos diferentes. Es necesario que planteen sus situaciones personales, caso por caso para tratar de darles la mejor respuesta posible. Hay que ver sus ingresos, en qué situación se encuentran. El IPV los va a atender siempre que se trate de planteos personalizados”.
“Yo no puedo hablar por lo que pasó antes” expresó Moyano quien destacó los objetivos que se persiguen en ésta gestión. “El IPV como cualquier institución está al servicio de la gente y la obligación es atenderlos. No le vamos a dar una respuesta inmediata porque no estamos en condiciones pero todos van a ser escuchados y vamos a tratar de elevar sus reclamos. Eso lo garantizamos”.
Frente a los planteos de imposibilidad de abonar las cuotas de los planes habitacionales, el delegado reconoció que existen cuestiones puntuales que se tienen en cuenta, como la pérdida de trabajo o cuestiones propias de la economía familiar. “Hay casos en que la remuneración no les alcanza porque se paga la luz o el gas y la comida. Es una realidad que a nosotros nos resulta entendible porque nadie la puede desconocer. Entonces tratamos de buscarle diferentes soluciones”.
Y explicó que en muchos casos se considera reducir la cuota y ampliar la financiación en casos específicos debidamente acreditados. “Hay decisiones que las toma
directamente Rawson. Nosotros derivamos muchos casos inclusive con informes sociales porque visitamos a las familias y corroboramos si lo que nos dicen es real. Hay muchos casos de familias en situación vulnerable. Elaboramos nuestros informes y los derivamos”.
“A veces solicitamos que nos presenten recibos de ingresos familiares, si tienen o no pensiones, hijos o integrantes con discapacidad o enfermedades crónicas; las constancias de los pagos de servicios, impuestos, celulares, tarjetas de crédito y tratamientos médicos si los tuvieron a modo de declaración jurada”.
“Siempre –dijo Moyano- tratamos de agilizar porque entendemos las situaciones de cada familia. Se hace complicado en general. La situación es real, muy real. Hay muchas familias que la están pasando mal”.
Finalmente marcó las diferencias que se plantean entre quienes abonan con el antiguo sistema francés y el actual UBI. “Los planes más viejos pagan entre 4.500 y 5.000 pesos pero cuando se atrasan y se genera una mora automáticamente pasan al sistema viajo a abonar entre 80 y 120 mil pesos”.
“Por eso insistimos en que cada caso debe plantearse individualmente. Sabemos que en muchos casos, por más voluntad de pago que se tenga, no alcanza porque a mucha gente apenas le alcanza para comer”, finalizó.
Javier Moyano, delegado del Instituto Provincial de la Vivienda de Comodoro Rivadavia anticipó que se evaluarán alternativas “caso por caso” para establecer nuevas condiciones en el pago de las viviendas del Instituto. Y ante distintos planteos de quienes certifiquen su condición económica, podría avanzarse en un esquema diferenciado que les permita sostener el pago de las cuotas. “Esto sucede en toda la provincia y es una problemática monetaria más que atravesamos en todo en el país. Ya hemos estado trabajando y dando algunas alternativas que si bien son parches o soluciones parciales permiten afrontar distintas situaciones”.
“Si bien –planteó Moyano a Cadna Tiempo- son problemas parecidos, a su vez son todos diferentes. Es necesario que planteen sus situaciones personales, caso por caso para tratar de darles la mejor respuesta posible. Hay que ver sus ingresos, en qué situación se encuentran. El IPV los va a atender siempre que se trate de planteos personalizados”.
“Yo no puedo hablar por lo que pasó antes” expresó Moyano quien destacó los objetivos que se persiguen en ésta gestión. “El IPV como cualquier institución está al servicio de la gente y la obligación es atenderlos. No le vamos a dar una respuesta inmediata porque no estamos en condiciones pero todos van a ser escuchados y vamos a tratar de elevar sus reclamos. Eso lo garantizamos”.
Frente a los planteos de imposibilidad de abonar las cuotas de los planes habitacionales, el delegado reconoció que existen cuestiones puntuales que se tienen en cuenta, como la pérdida de trabajo o cuestiones propias de la economía familiar. “Hay casos en que la remuneración no les alcanza porque se paga la luz o el gas y la comida. Es una realidad que a nosotros nos resulta entendible porque nadie la puede desconocer. Entonces tratamos de buscarle diferentes soluciones”.
Y explicó que en muchos casos se considera reducir la cuota y ampliar la financiación en casos específicos debidamente acreditados. “Hay decisiones que las toma
directamente Rawson. Nosotros derivamos muchos casos inclusive con informes sociales porque visitamos a las familias y corroboramos si lo que nos dicen es real. Hay muchos casos de familias en situación vulnerable. Elaboramos nuestros informes y los derivamos”.
“A veces solicitamos que nos presenten recibos de ingresos familiares, si tienen o no pensiones, hijos o integrantes con discapacidad o enfermedades crónicas; las constancias de los pagos de servicios, impuestos, celulares, tarjetas de crédito y tratamientos médicos si los tuvieron a modo de declaración jurada”.
“Siempre –dijo Moyano- tratamos de agilizar porque entendemos las situaciones de cada familia. Se hace complicado en general. La situación es real, muy real. Hay muchas familias que la están pasando mal”.
Finalmente marcó las diferencias que se plantean entre quienes abonan con el antiguo sistema francés y el actual UBI. “Los planes más viejos pagan entre 4.500 y 5.000 pesos pero cuando se atrasan y se genera una mora automáticamente pasan al sistema viajo a abonar entre 80 y 120 mil pesos”.
“Por eso insistimos en que cada caso debe plantearse individualmente. Sabemos que en muchos casos, por más voluntad de pago que se tenga, no alcanza porque a mucha gente apenas le alcanza para comer”, finalizó.