Quemar la Legislatura no se repara con dos mangos y una caja de leche
Por Esteban Gallo
Continúa en Rawson el juicio oral y público contra el dirigente de la ATECH, Matías Schierloh, imputado por los incendios causados a la Legislatura de Chubut y la Casa de Gobierno, durante los días 18 y 19 de septiembre de 2019. Es el mismo caso por el que Santiago Goodman y otros tres sindicalistas, fueron hallados culpables, aunque zafaron de ir a prisión por no tener antecedentes penales.
A lo largo de esta semana, más de 40 testigos aportaron elementos clave que ayudarán a desentrañar lo que sucedió en aquellos días tormentosos.
Es como una segunda vuelta, porque en la primera, la jueza María Tolomei dictó la suspensión del juicio a prueba, a cambio de una reparación de daños ofrecida por el propio Schierloh. Eran 60 mil pesos, pagaderos en 6 cuotas, más 12 packs de leche destinados a un comedor comunitario del Barrio Gregorio Mayo de Rawson.
El acuerdo incluía también el dictado de 120 horas cátedra gratuitas en la materia de Ciencias Sociales, a brindar en una biblioteca de Playa Unión.
Una paparruchada. Para la jueza de primera instancia, ese era el costo que había que pagar por destrozar un edificio público de la provincia y esa era la sanción ejemplificadora que pensaba aplicar para desalentar a que otros hagan lo mismo.
Lamentable, por donde se lo mire. Es como decir: “Vengan, pueden prender fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, una comisaría o una escuela, lo que se les antoje. Total, después, lo arreglamos con dos mangos, unas cajas de leche y unas clases de apoyo”. Que es otro disparate. A una persona acusada de prender fuego la Legislatura lo mandan a que le de clases a los pibes de Rawson, como si fuera un buen ejemplo. ¿Qué le va a enseñar a los chicos? ¿Cómo se destruye un edificio público?
Menos mal que la Fiscal Florencia Gómez apeló la decisión y que los ministros del Superior Tribunal de Justicia le dieron la razón. La Dra. Camila Banfi y los Dres. Daniel Báez y Ricardo Napolitani consideraron que, por el interés público del suceso investigado, el caso debía ventilarse en un juicio oral. Los ministros consideraron también que la fiscal es la responsable de la política criminal y la titular de la acción penal pública y que no le podía coartar la posibilidad de avanzar con la causa.
Además, hay otro dato clave. Por los destrozos provocados a la estructura, el mobiliario, más los elementos de valor histórico que se perdieron, la fiscal pide 5 años de cumplimiento efectivo para el imputado, con el agravante de que, además, el acusado, según la fiscal, puso en riesgo la vida de los agentes policiales que estaban en el interior de las dependencias.
He escuchado por estas horas el planteo de algunas personas que afirman que estamos en presencia de un hecho de persecución y de criminalización de la protesta. No coincido para nada. A Shierloh no se lo investiga por haber participado de una marcha de protesta. Ese es un derecho que la democracia y la Ley deben garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. A Shierloh se lo juzga porque la fiscal considera que hay pruebas suficientes que demuestran que participó de los destrozos ocasionados a un edificio público. Bueno, desde el momento en que él ofrece una reparación económica, está reconociendo que algún tipo de protagonismo tuvo en el hecho.
Para que quede claro. No estoy diciendo que Shierloh es culpable. Hay un juez que se encargará eso. Lo que estoy diciendo es que un delito de este calibre no se resuelve con una reparación económica sino con un juicio abierto y transparente, y que si se comprueba su responsabilidad tiene que recibir la sanción que corresponde.
Los invito a reflexionar con un par de preguntas.
¿Bajo qué parámetros se rigen otros países del mundo a la hora de juzgar la conducta de personas que atentan contra el patrimonio público?
Y no me refiero solamente a los países de Occidente que tienen pensamientos liberales, porque no es una cuestión de ideología.
Hagamos un ejercicio, traslademos la situación a la Cuba socialista.
¿Piensan ustedes que, si una persona tiene la osadía de prender fuego el Capitolio de La Habana, después lo arregla con una docena de packs de leche?
Vamos para Rusia.
Imagínense que a un individuo le agarra la chiripiorca y se le ocurre destrozar el Kremlin. ¿Creen que con 60 mil rublos Putin se queda contento?
Sigamos. Demos un paseo por la China comunista.
¿A alguien se le podría pasar por la cabeza que puede entrar a la Ciudad Prohibida, romperla toda, y después repararla dando clases de apoyo?
Vieron que no se trata de ideología. Se trata de que una persona que prendió fuego un edificio público no se la puede llevar de arriba. Tiene que tener la sanción que se merece. Para que no lo vuelva a hacer y para que otros que quieran hacerlo lo piensen dos veces.
Por Esteban Gallo
Continúa en Rawson el juicio oral y público contra el dirigente de la ATECH, Matías Schierloh, imputado por los incendios causados a la Legislatura de Chubut y la Casa de Gobierno, durante los días 18 y 19 de septiembre de 2019. Es el mismo caso por el que Santiago Goodman y otros tres sindicalistas, fueron hallados culpables, aunque zafaron de ir a prisión por no tener antecedentes penales.
A lo largo de esta semana, más de 40 testigos aportaron elementos clave que ayudarán a desentrañar lo que sucedió en aquellos días tormentosos.
Es como una segunda vuelta, porque en la primera, la jueza María Tolomei dictó la suspensión del juicio a prueba, a cambio de una reparación de daños ofrecida por el propio Schierloh. Eran 60 mil pesos, pagaderos en 6 cuotas, más 12 packs de leche destinados a un comedor comunitario del Barrio Gregorio Mayo de Rawson.
El acuerdo incluía también el dictado de 120 horas cátedra gratuitas en la materia de Ciencias Sociales, a brindar en una biblioteca de Playa Unión.
Una paparruchada. Para la jueza de primera instancia, ese era el costo que había que pagar por destrozar un edificio público de la provincia y esa era la sanción ejemplificadora que pensaba aplicar para desalentar a que otros hagan lo mismo.
Lamentable, por donde se lo mire. Es como decir: “Vengan, pueden prender fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, una comisaría o una escuela, lo que se les antoje. Total, después, lo arreglamos con dos mangos, unas cajas de leche y unas clases de apoyo”. Que es otro disparate. A una persona acusada de prender fuego la Legislatura lo mandan a que le de clases a los pibes de Rawson, como si fuera un buen ejemplo. ¿Qué le va a enseñar a los chicos? ¿Cómo se destruye un edificio público?
Menos mal que la Fiscal Florencia Gómez apeló la decisión y que los ministros del Superior Tribunal de Justicia le dieron la razón. La Dra. Camila Banfi y los Dres. Daniel Báez y Ricardo Napolitani consideraron que, por el interés público del suceso investigado, el caso debía ventilarse en un juicio oral. Los ministros consideraron también que la fiscal es la responsable de la política criminal y la titular de la acción penal pública y que no le podía coartar la posibilidad de avanzar con la causa.
Además, hay otro dato clave. Por los destrozos provocados a la estructura, el mobiliario, más los elementos de valor histórico que se perdieron, la fiscal pide 5 años de cumplimiento efectivo para el imputado, con el agravante de que, además, el acusado, según la fiscal, puso en riesgo la vida de los agentes policiales que estaban en el interior de las dependencias.
He escuchado por estas horas el planteo de algunas personas que afirman que estamos en presencia de un hecho de persecución y de criminalización de la protesta. No coincido para nada. A Shierloh no se lo investiga por haber participado de una marcha de protesta. Ese es un derecho que la democracia y la Ley deben garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. A Shierloh se lo juzga porque la fiscal considera que hay pruebas suficientes que demuestran que participó de los destrozos ocasionados a un edificio público. Bueno, desde el momento en que él ofrece una reparación económica, está reconociendo que algún tipo de protagonismo tuvo en el hecho.
Para que quede claro. No estoy diciendo que Shierloh es culpable. Hay un juez que se encargará eso. Lo que estoy diciendo es que un delito de este calibre no se resuelve con una reparación económica sino con un juicio abierto y transparente, y que si se comprueba su responsabilidad tiene que recibir la sanción que corresponde.
Los invito a reflexionar con un par de preguntas.
¿Bajo qué parámetros se rigen otros países del mundo a la hora de juzgar la conducta de personas que atentan contra el patrimonio público?
Y no me refiero solamente a los países de Occidente que tienen pensamientos liberales, porque no es una cuestión de ideología.
Hagamos un ejercicio, traslademos la situación a la Cuba socialista.
¿Piensan ustedes que, si una persona tiene la osadía de prender fuego el Capitolio de La Habana, después lo arregla con una docena de packs de leche?
Vamos para Rusia.
Imagínense que a un individuo le agarra la chiripiorca y se le ocurre destrozar el Kremlin. ¿Creen que con 60 mil rublos Putin se queda contento?
Sigamos. Demos un paseo por la China comunista.
¿A alguien se le podría pasar por la cabeza que puede entrar a la Ciudad Prohibida, romperla toda, y después repararla dando clases de apoyo?
Vieron que no se trata de ideología. Se trata de que una persona que prendió fuego un edificio público no se la puede llevar de arriba. Tiene que tener la sanción que se merece. Para que no lo vuelva a hacer y para que otros que quieran hacerlo lo piensen dos veces.