Editorial / Una jugada que obliga a decidir y una denuncia para poner la lupa
Un adelanto de Jornada marcó la agenda política de inicios de 2023: la decisión del intendente de Trelew Adrián Maderna de que el domingo 16 de abril sea la votación a nivel municipal. Lo que para algunos sectores de la oposición fue un arrebato, visto con perspectiva consistió en una jugada estratégica del jefe comunal, que quiere un comicio puramente municipal y no candidatos colgados de boletas provinciales ni nacionales. “Estar cara a cara”, lo graficó.
La decisión ya es una referencia para el resto de las municipalidades y para el propio Gobierno provincial. El gobernador Mariano Arcioni, que por estas horas retoma su cargo tras un descanso, ciertamente atraviesa un proceso donde todas las variables juegan, muchas impulsadas por sus propios asesores, que no acuerdan entre sí acerca del cronograma electoral que debe fijar Chubut. La mitad de su círculo le recomienda al oído adelantar los comicios; la otra mitad le sugiere al mandatario postergarlos para después de la elección nacional con un plus: cumplir la promesa de que será el primer diputado nacional.
Estos tironeos incluyen una definición que llegará más temprano que tarde: ¿la fórmula del peronismo será Ricardo Sastre-Juan Pablo Luque, viceversa o cada uno jugará las fichas por separado? Ambos recorren la provincia hace meses y pueden exhibir gestiones prolijas. Mientras tanto, sus referentes cruzan elogios, chicanas, ironías y dobles lecturas en un juego que terminará pronto porque viene una elección.
Permisos y sospechas
Hay otros temas impostergables en la provincia. Por lo pronto, hace falta una mirada distinta para lo que fue la aprobación en Legislatura de la nueva Ley de Pesca. La denuncia de Jorge Dorado, exfuncionario de la Municipalidad de Rawson, movió el avispero apenas iniciado el año desde las páginas de Jornada y detrás de él surgieron críticas de empresarios pesqueros que no fueron consultados sobre el formato de la nueva legislación, clave para un recurso que es de todos los chubutenses y no de un sector político.
Se trata, en rigor, de una discusión que hay que dar con todos sentados en la mesa. Que nadie pueda decir luego que no pudo opinar.
Hay ejemplos donde mirarse: el debate por la Ley de Renta Hídrica, por caso. Esto es necesario primero, porque como cualquier ley debe ser transparentada, fundamentada y explicada para que no parezca sólo un texto sólo técnico o jurídico. Y segundo, porque esta legislación en particular regula un recurso que es patrimonio chubutense.
Dorado acudió al secretario de Pesca Gabriel Aguilar y a tres fiscales: Andrés Giacomone, fiscal de Estado; Diego Carmona, jefe de la Oficina Anticorrupción, y Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción.
El mundo pesquero es complejo y mueve fortunas pero el reclamo es simple: la implementación de un nuevo método para la distribución de nuevos permisos pesqueros: nueve para la Flota Amarilla y tres para la Flota Artesanal. El paquete se votó de apuro y en la última sesión del año de Legislatura.
Las beneficiadas, a cambio de poco y nada según la presentación de Dorado, fueron empresas que no son de capitales locales sino multinacionales. Algunas, incluso, con influencias directas en Fontana 50. Ni se tuvo en cuenta la alternativa de licitar las habilitaciones para que al erario ingresaran fondos frescos.
Además de Dorado, dos empresarios de peso propio criticaron la norma en estas páginas: Ricardo Carminatti, que lamentó que las empresas locales no fueran tenidas en cuenta y prefirió no poner las manos “ni cerca del fuego” por los involucrados en el trámite; y Fernando Álvarez Castellano, quien advirtió sobre la depredación del recurso si los permisos se reparten a la marchanta.
Se impone que los funcionarios que recibieron la denuncia pongan la lupa en el tema y el celo en cuidar el patrimonio chubutense. El escenario que planteó el exfuncionario de la Municipalidad de Rawson es demasiado espeso como para siquiera intentar ignorarlo. Los chubutenses merecen transparencia cuando se trata de preservar un recurso que da mucho empleo y mueve economías pero que no es inagotable y que en temporadas pasadas tambaleó cuando las reglas y las decisiones no fueron claras.
Bastan dos datos desapercibidos por ahora: nadie se pronunció a su favor ni festejó públicamente la sanción de la Ley. Y si con más permisos aumenta los volúmenes de sus capturas, Chubut corre el riesgo de quedar fuera del Consejo Federal Pesquero.
No será, claro, una discusión para tibios.#
Un adelanto de Jornada marcó la agenda política de inicios de 2023: la decisión del intendente de Trelew Adrián Maderna de que el domingo 16 de abril sea la votación a nivel municipal. Lo que para algunos sectores de la oposición fue un arrebato, visto con perspectiva consistió en una jugada estratégica del jefe comunal, que quiere un comicio puramente municipal y no candidatos colgados de boletas provinciales ni nacionales. “Estar cara a cara”, lo graficó.
La decisión ya es una referencia para el resto de las municipalidades y para el propio Gobierno provincial. El gobernador Mariano Arcioni, que por estas horas retoma su cargo tras un descanso, ciertamente atraviesa un proceso donde todas las variables juegan, muchas impulsadas por sus propios asesores, que no acuerdan entre sí acerca del cronograma electoral que debe fijar Chubut. La mitad de su círculo le recomienda al oído adelantar los comicios; la otra mitad le sugiere al mandatario postergarlos para después de la elección nacional con un plus: cumplir la promesa de que será el primer diputado nacional.
Estos tironeos incluyen una definición que llegará más temprano que tarde: ¿la fórmula del peronismo será Ricardo Sastre-Juan Pablo Luque, viceversa o cada uno jugará las fichas por separado? Ambos recorren la provincia hace meses y pueden exhibir gestiones prolijas. Mientras tanto, sus referentes cruzan elogios, chicanas, ironías y dobles lecturas en un juego que terminará pronto porque viene una elección.
Permisos y sospechas
Hay otros temas impostergables en la provincia. Por lo pronto, hace falta una mirada distinta para lo que fue la aprobación en Legislatura de la nueva Ley de Pesca. La denuncia de Jorge Dorado, exfuncionario de la Municipalidad de Rawson, movió el avispero apenas iniciado el año desde las páginas de Jornada y detrás de él surgieron críticas de empresarios pesqueros que no fueron consultados sobre el formato de la nueva legislación, clave para un recurso que es de todos los chubutenses y no de un sector político.
Se trata, en rigor, de una discusión que hay que dar con todos sentados en la mesa. Que nadie pueda decir luego que no pudo opinar.
Hay ejemplos donde mirarse: el debate por la Ley de Renta Hídrica, por caso. Esto es necesario primero, porque como cualquier ley debe ser transparentada, fundamentada y explicada para que no parezca sólo un texto sólo técnico o jurídico. Y segundo, porque esta legislación en particular regula un recurso que es patrimonio chubutense.
Dorado acudió al secretario de Pesca Gabriel Aguilar y a tres fiscales: Andrés Giacomone, fiscal de Estado; Diego Carmona, jefe de la Oficina Anticorrupción, y Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción.
El mundo pesquero es complejo y mueve fortunas pero el reclamo es simple: la implementación de un nuevo método para la distribución de nuevos permisos pesqueros: nueve para la Flota Amarilla y tres para la Flota Artesanal. El paquete se votó de apuro y en la última sesión del año de Legislatura.
Las beneficiadas, a cambio de poco y nada según la presentación de Dorado, fueron empresas que no son de capitales locales sino multinacionales. Algunas, incluso, con influencias directas en Fontana 50. Ni se tuvo en cuenta la alternativa de licitar las habilitaciones para que al erario ingresaran fondos frescos.
Además de Dorado, dos empresarios de peso propio criticaron la norma en estas páginas: Ricardo Carminatti, que lamentó que las empresas locales no fueran tenidas en cuenta y prefirió no poner las manos “ni cerca del fuego” por los involucrados en el trámite; y Fernando Álvarez Castellano, quien advirtió sobre la depredación del recurso si los permisos se reparten a la marchanta.
Se impone que los funcionarios que recibieron la denuncia pongan la lupa en el tema y el celo en cuidar el patrimonio chubutense. El escenario que planteó el exfuncionario de la Municipalidad de Rawson es demasiado espeso como para siquiera intentar ignorarlo. Los chubutenses merecen transparencia cuando se trata de preservar un recurso que da mucho empleo y mueve economías pero que no es inagotable y que en temporadas pasadas tambaleó cuando las reglas y las decisiones no fueron claras.
Bastan dos datos desapercibidos por ahora: nadie se pronunció a su favor ni festejó públicamente la sanción de la Ley. Y si con más permisos aumenta los volúmenes de sus capturas, Chubut corre el riesgo de quedar fuera del Consejo Federal Pesquero.
No será, claro, una discusión para tibios.#