Obligaban a depositar una parte de los planes e ir a las marchas a cambio de bolsas de alimentos

Una estafa con fondos de Nación, aportes forzados de planes sociales y obligación de asistir a las marchas pusieron en evidencia un mecanismo que se replicaría en muchas organizaciones de todo el país pero con una denuncia en Comodoro Rivadavia contra el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Acusados. El grupo del MTE que fue imputado por extorsión por la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.
03 JUL 2022 - 20:16

Ismael Tebes

El fiscal de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz explicó que el caso llega tras declararse la incompetencia del Juzgado Federal por la denuncia de personas de escasísimos recursos víctimas de una maniobra de estafa.

Los imputados son Florencia, Mauricio y Rosa Ruiz, Joana Painemal y Patricia Mercado, según información oficial de Fiscalía. Y hay 9 víctimas.

La denuncia original tenía que ver con el origen de los planes sociales aportados por el Gobierno nacional y provienen en consecuencia del erario público. “El Juzgado Federal la tramitó pero por la pandemia estuvo parada más de un año. La remitieron por incompetencia a la Justicia Provincial. Recibí el caso en mayo de 2021 y noté un delito de extorsión aunque tenía un antecedente previo de amenazas y cohecho”.

Iturrioz explicó que al entrevistar a los denunciantes, conoció la modalidad operativa de esta “unidad de gestión” y recibió llamados de toda la provincia, advirtiendo sobre casos similares en otros movimientos sociales como el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa que aplicaban metodologías similares. “Todos querían denunciar pero los instruí que debían hacerlo en las fiscalías correspondientes. Creo que están en trámite”.

Aclaró que los imputados locales plantean que los fondos son manejados por Nación y que ellos simplemente “administraban” lo que se les enviaba. “Hay antecedentes públicos como el del Movimiento Evita que reconoció que les saca el 2% a todos los beneficiarios de planes sociales”.

Celulares

Iturrioz explicó que en la instancia previa, se generó una demora de la Judicatura y de seis allanamientos solicitados sólo se autorizó uno. “Queríamos secuestrar los celulares de todos los imputados porque todos los mecanismos de presión e intimidación eran a través del teléfono. No nos dieron lugar. Esto generó que tuviéramos que investigar sin apertura. La causa tiene ya prueba suficiente y sólida como para presentar una acusación solvente que acredite la instancia de juicio, no tengo ninguna duda. Solamente nos faltan algunas pericias informáticas y algunas pruebas que deben llegar desde Nación”.

A los cinco acusados del Movimiento de Trabajadores Excluídos podría caberles la calificación jurídica de extorsión, que prevé penas de entre cinco y diez años de prisión. “La extorsión es cuando mediante la intimidación se saca a la personas, dinero o documentos”.

El fiscal indicó que no se conoce una cantidad cierta del perjuicio económico y que surgirá de la continuidad de la causa y de pericias contables pendientes. “Convocaban a gente de escasos recursos a un relevamiento que realizaba el propio MTE y a partir de ahí, les hacían la propuesta de acceder a un plan social luego de participar en distintas actividades. Los obligaban a ir a las marchas cuando todos sabemos que no van voluntaria sino compulsivamente. Hay muchas entrevistas que lo certifican. No saben porqué están marchando pero marchan”.

Mecanismo

“A partir de ahí –agregó- accedían al plan social y una vez que cobraban la primera cuota tenían que pagar. En 2017 cuando el plan era de 4 mil pesos tenían que pagar aproximadamente un 10%, alrededor de 500 pesos. Otras denuncias dan cuenta de que quienes no querían trabajar debían pagar mil pesos más hasta llegar a algunos casos, que entregaban la mitad del plan social para no tener que cumplir ninguna de las obligaciones impuestas”.

Los denunciantes expresaron tener contactos con beneficiarios de otros grupos que también deben someterse a este mecanismo, basado en la quita de porcentajes.

“Los damnificados piden que se sancione la acción y que una autoridad independiente de alguno de estos movimientos considerados ONG‘s pero que en realidad son movimientos políticos, le impida manejar los planes a esta gente. Los denunciantes tienen carencia absoluta de recursos y detectamos que es gente muy pobre que vive entre cuatro chapas y piso de tierra que no tiene ningún servicio y no tiene para comer. Esta gente sólo quería acceder a 400 ó 500 pesos y decían que para ellos era mucho, ya que con ese dinero podían comer más de un día”, describió el fiscal.

Detalles

Los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos tienen “buen pasar” y algunas historias particulares. Uno de los acusados, Mauricio Ruíz, tiene 42 años y es estudiante universitario (“Dicen que está estudiante hace más de diez años”) y tiene casa propia. “Una mujer se tuvo que ir a Formosa porque tenía al padre enfermo y no importaba si trabajaba o no mientras hiciera los depósitos mensuales de plata. Ella mandaba dinero por Andesmar y hasta tiene los recibos. Y otra persona denunció que para recibir una bolsa de alimentos lo obligaban a ir a las marchas con su hijo no vidente que tiene ocho años. Hay un montón de cosas feas e indignantes”.

“Hay personas que son sumamente carenciadas que se quedaron sin beneficio ni ningún tipo de ayuda social. Esto no lo tiene que administrar un particular a su antojo sino que debe hacerlo el Estado porque se paga con plata de todos nosotros como aportantes” dijo Iturrioz quien notificó a la ANSES y a Desarrollo Social. “No tienen ni idea a quién le dan un plan social ni porqué”.

Según difundió el Ministerio Público Fiscal, hubo “extensas declaraciones de los cinco imputados que se autodefinen como `un grupo auto-gestionado´y que la causa `es un revanchismo político, de parte de Gustavo Menna, por la figura de su hermano preso´ en Buenos Aires. Asimismo, aseguraron que `Potenciar Trabajo no era un Plan Social´ y que Juan Grabois era su referente”.#

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Acusados. El grupo del MTE que fue imputado por extorsión por la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.
03 JUL 2022 - 20:16

Ismael Tebes

El fiscal de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz explicó que el caso llega tras declararse la incompetencia del Juzgado Federal por la denuncia de personas de escasísimos recursos víctimas de una maniobra de estafa.

Los imputados son Florencia, Mauricio y Rosa Ruiz, Joana Painemal y Patricia Mercado, según información oficial de Fiscalía. Y hay 9 víctimas.

La denuncia original tenía que ver con el origen de los planes sociales aportados por el Gobierno nacional y provienen en consecuencia del erario público. “El Juzgado Federal la tramitó pero por la pandemia estuvo parada más de un año. La remitieron por incompetencia a la Justicia Provincial. Recibí el caso en mayo de 2021 y noté un delito de extorsión aunque tenía un antecedente previo de amenazas y cohecho”.

Iturrioz explicó que al entrevistar a los denunciantes, conoció la modalidad operativa de esta “unidad de gestión” y recibió llamados de toda la provincia, advirtiendo sobre casos similares en otros movimientos sociales como el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa que aplicaban metodologías similares. “Todos querían denunciar pero los instruí que debían hacerlo en las fiscalías correspondientes. Creo que están en trámite”.

Aclaró que los imputados locales plantean que los fondos son manejados por Nación y que ellos simplemente “administraban” lo que se les enviaba. “Hay antecedentes públicos como el del Movimiento Evita que reconoció que les saca el 2% a todos los beneficiarios de planes sociales”.

Celulares

Iturrioz explicó que en la instancia previa, se generó una demora de la Judicatura y de seis allanamientos solicitados sólo se autorizó uno. “Queríamos secuestrar los celulares de todos los imputados porque todos los mecanismos de presión e intimidación eran a través del teléfono. No nos dieron lugar. Esto generó que tuviéramos que investigar sin apertura. La causa tiene ya prueba suficiente y sólida como para presentar una acusación solvente que acredite la instancia de juicio, no tengo ninguna duda. Solamente nos faltan algunas pericias informáticas y algunas pruebas que deben llegar desde Nación”.

A los cinco acusados del Movimiento de Trabajadores Excluídos podría caberles la calificación jurídica de extorsión, que prevé penas de entre cinco y diez años de prisión. “La extorsión es cuando mediante la intimidación se saca a la personas, dinero o documentos”.

El fiscal indicó que no se conoce una cantidad cierta del perjuicio económico y que surgirá de la continuidad de la causa y de pericias contables pendientes. “Convocaban a gente de escasos recursos a un relevamiento que realizaba el propio MTE y a partir de ahí, les hacían la propuesta de acceder a un plan social luego de participar en distintas actividades. Los obligaban a ir a las marchas cuando todos sabemos que no van voluntaria sino compulsivamente. Hay muchas entrevistas que lo certifican. No saben porqué están marchando pero marchan”.

Mecanismo

“A partir de ahí –agregó- accedían al plan social y una vez que cobraban la primera cuota tenían que pagar. En 2017 cuando el plan era de 4 mil pesos tenían que pagar aproximadamente un 10%, alrededor de 500 pesos. Otras denuncias dan cuenta de que quienes no querían trabajar debían pagar mil pesos más hasta llegar a algunos casos, que entregaban la mitad del plan social para no tener que cumplir ninguna de las obligaciones impuestas”.

Los denunciantes expresaron tener contactos con beneficiarios de otros grupos que también deben someterse a este mecanismo, basado en la quita de porcentajes.

“Los damnificados piden que se sancione la acción y que una autoridad independiente de alguno de estos movimientos considerados ONG‘s pero que en realidad son movimientos políticos, le impida manejar los planes a esta gente. Los denunciantes tienen carencia absoluta de recursos y detectamos que es gente muy pobre que vive entre cuatro chapas y piso de tierra que no tiene ningún servicio y no tiene para comer. Esta gente sólo quería acceder a 400 ó 500 pesos y decían que para ellos era mucho, ya que con ese dinero podían comer más de un día”, describió el fiscal.

Detalles

Los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos tienen “buen pasar” y algunas historias particulares. Uno de los acusados, Mauricio Ruíz, tiene 42 años y es estudiante universitario (“Dicen que está estudiante hace más de diez años”) y tiene casa propia. “Una mujer se tuvo que ir a Formosa porque tenía al padre enfermo y no importaba si trabajaba o no mientras hiciera los depósitos mensuales de plata. Ella mandaba dinero por Andesmar y hasta tiene los recibos. Y otra persona denunció que para recibir una bolsa de alimentos lo obligaban a ir a las marchas con su hijo no vidente que tiene ocho años. Hay un montón de cosas feas e indignantes”.

“Hay personas que son sumamente carenciadas que se quedaron sin beneficio ni ningún tipo de ayuda social. Esto no lo tiene que administrar un particular a su antojo sino que debe hacerlo el Estado porque se paga con plata de todos nosotros como aportantes” dijo Iturrioz quien notificó a la ANSES y a Desarrollo Social. “No tienen ni idea a quién le dan un plan social ni porqué”.

Según difundió el Ministerio Público Fiscal, hubo “extensas declaraciones de los cinco imputados que se autodefinen como `un grupo auto-gestionado´y que la causa `es un revanchismo político, de parte de Gustavo Menna, por la figura de su hermano preso´ en Buenos Aires. Asimismo, aseguraron que `Potenciar Trabajo no era un Plan Social´ y que Juan Grabois era su referente”.#


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