Causa Revelación: todos condenados
El tribunal consideró probada una asociación ilícita en el último Gobierno de Mario Das Neves. Y dijo que se debe investigar la lista completa de sobresueldos.
Contundente, el tribunal de la Causa Revelación consideró culpables a los 8 imputados por el cobro de coimas de empresas de la obra pública durante la Tercera Gobernación de Mario Das Neves. “Los empresarios de la construcción y prestadores del Estado Provincial, ahogados financieramente ante la difícil situación económica de la Provincia y con acreencias adeudadas, debieron pagar a través de un retorno, correspondiente a un porcentaje de sus deudas, sumas de dinero que les permitieron liberar los pagos adeudados”, consta en la decisión.
Para los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, Das Neves “tuvo una participación rol trascendental para el armado y el mantenimiento de esta organización criminal”.
Consideraron probado que hubo una asociación ilícita entre diciembre de 2015 y octubre de 2017. Y que esa recaudación ilegal terminó con la muerte del mandatario.
El exministro coordinador Víctor Cisterna y el exsecretario privado de Das Neves, Diego Correa, fueron hallados responsables de haber organizado la asociación; los exministros de Economía Pablo Oca, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, junto con el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, y el exsecretario de Correa, Diego Lüters, fueron considerados miembros de la banda. Todos también fueron condenados por exacciones y cohechos.
Gonzalo Carpintero, quien fuera mano derecha del gobernador, fue absuelto por la asociación ilícita pero condenado por enriquecimiento ilícito entre diciembre de 2004 y octubre de 2017.
Y Martín Castillo, dueño de Industrias Bass y único empresario enjuiciado, fue hallado responsable por cohecho activo: le pagó $ 100 mil a Correa para destrabar una deuda por obras en el Muelle de Puerto Rawson.
Para los magistrados, fueron Lüters, Oca y Correa, con su propia declaración o a través de sus defensores, quienes “admitieron la existencia de una organización montada en la estructura jerárquica más importante del Gobierno de esa época”.
Si bien el resto desconoció ese esquema, “es imposible soslayar que sus consortes lo admitieron, y que esa admisión se encuentra avalada por copiosos elementos de prueba incorporados durante la investigación”.
La sentencia consideró válidas todas las planillas halladas en la casa de la madre de Lüters, en la calle Marconi de Trelew, que incluían nombres de constructoras, montos y listas de sobresueldos.
Y sugirió la necesidad de someter a proceso a todos los funcionarios actuales y pasados que cobraron plata negra en esa época. “Hay muchas personas aún en funciones que aparecen en las planillas y que sin dudas deben ser investigados”, dijo el tribunal durante la lectura.
En cuanto al destino de la plata recaudada con los retornos, el fallo lo sintetiza en “gastos políticos, pagos de sobresueldos, e incluso, la tentativa de apropiación del Canal 9 de Comodoro Rivadavia, mediante la misma maniobra de ahogo financiero previo a su Directorio”.
Fuera de Economía, los magistrados entendieron que en el Ministerio de Infraestructura que comandó Pagani “había un sistema paralelo de determinación de prioridades para el pago de deudas vencidas que le permitía seleccionar, previa intervención de Correa, a cuáles empresas se les iban a liberar los pagos y a cuáles no”.
Y en el caso del IPV, “Bortagary puso a disposición de Correa todo el organismo para que extienda sus fauces a las arcas del instituto, e incluso ordenó a su personal que brindaran toda ayuda en este sentido y que remitieran vía correo electrónico una copia de las planillas a Correa”.
“En relación a la pretendida obediencia debida de Bortagary a Das Neves, si siguiéramos tal criterio, dada la estructura jerárquica de una asociación, todos menos el jefe serían impunes”, graficaron.
Recordaron además que ya en la Causa El Embrujo se dio por válida la figura de la asociación ilícita. Y si bien la acusación fiscal tuvo variaciones desde su texto original, “no se advierte que se haya afectado la congruencia; mucho menos, que alguno de los juzgados hubiese resultado sorprendido ante una imputación final inesperada y repentina”.
Adustos
Varias de las partes asistieron a la audiencia por videoconferencia. Y la prensa por primera vez pudo escuchar el debate en el recinto.
Entre quienes sí asistieron a la Oficina Judicial de Rawson hubo rostros adustos y miradas vacías. Cuando se anunció que se aceptaba la figura de la asociación ilícita, defensores y acusados entendieron que venían condenas en bloque. La sensación se reforzó con el rechazo de todas las nulidades que planteó la defensa. Casi todos tomaron apuntes.
El viernes 23 de abril a las 9 será la audiencia de cesura de pena, para decidir qué condena de prisión le cabe a cada uno.
Contundente, el tribunal de la Causa Revelación consideró culpables a los 8 imputados por el cobro de coimas de empresas de la obra pública durante la Tercera Gobernación de Mario Das Neves. “Los empresarios de la construcción y prestadores del Estado Provincial, ahogados financieramente ante la difícil situación económica de la Provincia y con acreencias adeudadas, debieron pagar a través de un retorno, correspondiente a un porcentaje de sus deudas, sumas de dinero que les permitieron liberar los pagos adeudados”, consta en la decisión.
Para los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, Das Neves “tuvo una participación rol trascendental para el armado y el mantenimiento de esta organización criminal”.
Consideraron probado que hubo una asociación ilícita entre diciembre de 2015 y octubre de 2017. Y que esa recaudación ilegal terminó con la muerte del mandatario.
El exministro coordinador Víctor Cisterna y el exsecretario privado de Das Neves, Diego Correa, fueron hallados responsables de haber organizado la asociación; los exministros de Economía Pablo Oca, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, junto con el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, y el exsecretario de Correa, Diego Lüters, fueron considerados miembros de la banda. Todos también fueron condenados por exacciones y cohechos.
Gonzalo Carpintero, quien fuera mano derecha del gobernador, fue absuelto por la asociación ilícita pero condenado por enriquecimiento ilícito entre diciembre de 2004 y octubre de 2017.
Y Martín Castillo, dueño de Industrias Bass y único empresario enjuiciado, fue hallado responsable por cohecho activo: le pagó $ 100 mil a Correa para destrabar una deuda por obras en el Muelle de Puerto Rawson.
Para los magistrados, fueron Lüters, Oca y Correa, con su propia declaración o a través de sus defensores, quienes “admitieron la existencia de una organización montada en la estructura jerárquica más importante del Gobierno de esa época”.
Si bien el resto desconoció ese esquema, “es imposible soslayar que sus consortes lo admitieron, y que esa admisión se encuentra avalada por copiosos elementos de prueba incorporados durante la investigación”.
La sentencia consideró válidas todas las planillas halladas en la casa de la madre de Lüters, en la calle Marconi de Trelew, que incluían nombres de constructoras, montos y listas de sobresueldos.
Y sugirió la necesidad de someter a proceso a todos los funcionarios actuales y pasados que cobraron plata negra en esa época. “Hay muchas personas aún en funciones que aparecen en las planillas y que sin dudas deben ser investigados”, dijo el tribunal durante la lectura.
En cuanto al destino de la plata recaudada con los retornos, el fallo lo sintetiza en “gastos políticos, pagos de sobresueldos, e incluso, la tentativa de apropiación del Canal 9 de Comodoro Rivadavia, mediante la misma maniobra de ahogo financiero previo a su Directorio”.
Fuera de Economía, los magistrados entendieron que en el Ministerio de Infraestructura que comandó Pagani “había un sistema paralelo de determinación de prioridades para el pago de deudas vencidas que le permitía seleccionar, previa intervención de Correa, a cuáles empresas se les iban a liberar los pagos y a cuáles no”.
Y en el caso del IPV, “Bortagary puso a disposición de Correa todo el organismo para que extienda sus fauces a las arcas del instituto, e incluso ordenó a su personal que brindaran toda ayuda en este sentido y que remitieran vía correo electrónico una copia de las planillas a Correa”.
“En relación a la pretendida obediencia debida de Bortagary a Das Neves, si siguiéramos tal criterio, dada la estructura jerárquica de una asociación, todos menos el jefe serían impunes”, graficaron.
Recordaron además que ya en la Causa El Embrujo se dio por válida la figura de la asociación ilícita. Y si bien la acusación fiscal tuvo variaciones desde su texto original, “no se advierte que se haya afectado la congruencia; mucho menos, que alguno de los juzgados hubiese resultado sorprendido ante una imputación final inesperada y repentina”.
Adustos
Varias de las partes asistieron a la audiencia por videoconferencia. Y la prensa por primera vez pudo escuchar el debate en el recinto.
Entre quienes sí asistieron a la Oficina Judicial de Rawson hubo rostros adustos y miradas vacías. Cuando se anunció que se aceptaba la figura de la asociación ilícita, defensores y acusados entendieron que venían condenas en bloque. La sensación se reforzó con el rechazo de todas las nulidades que planteó la defensa. Casi todos tomaron apuntes.
El viernes 23 de abril a las 9 será la audiencia de cesura de pena, para decidir qué condena de prisión le cabe a cada uno.