El 7 de noviembre es el jury a la fiscal Suárez García
Le imputan mal desempeño por su trabajo en un caso de trata de personas.
El martes 7 de noviembre se iniciará el jury de enjuiciamiento contra la fiscal de Rawson, Graciela Suárez García. Será desde las 9 en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia.
El cuerpo que juzgará a la funcionaria lo integran el ministro del STJ, Mario Vivas, los diputados José Grazzini, del Frente para la Victoria, y Roddy Ingram, de Chubut Somos Todos, y los abogados Juan Manuel Irusta y Nicolás Alberto Demitriu.
Ayer al mediodía, este Tribunal de Enjuciamiento consideró clausurado el período de prueba. Ahora se deberá coordinar con la Oficina Judicial de Rawson las citaciones de los testigos propuestos.
Suárez García está acusada de mal desempeño debido a su trabajo en un caso de trata de personas en la capital. Le imputan no haber investigado como debía la denuncia de una mujer que en febrero de 2010 escapó del prostíbulo “La Sirenita” en Puerto Rawson, al que había llegado engañada y de donde logró escaparse.
Pese a la gravedad de los maltratos y abusos sexuales que relató la chica una vez rescatada en la Comisaría de la Mujer, la fiscal no ordenó medidas elementales como pericias psicofísicas a la víctima y al acusado, secuestros de historias clínicas o allanamientos en los lugares sospechados.
Suárez García archivó la denuncia con el argumento de que no se había podido identificar a los presuntos autores y era manifiesta la imposibilidad de reunir evidencias. Luego se supo que no era así y que esa conducta casi deja impune el caso.
Todo terminó con la condena de Cristóbal Barboza –fallecido-, el conocido empresario de la noche de Trelew, a tres años de prisión. El tema lo terminó resolviendo la justicia federal. Ya en su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia incluyó en la condena a Barboza un reto para la fiscal: “Estas omisiones no sólo perjudicaron la pesquisa sino al sentenciable”, dijeron.
“Las actuaciones policiales iniciales, dirigidas por la autoridad local superior (por Suárez García), efectivamente no hicieron operativos contemporáneos sobre el lugar, como vigilancias, seguimientos, allanamientos de domicilios o interceptaciones telefónicas al denunciado”, dijo el TOF.
Tampoco hubo secuestro de elementos de la víctima ni se corrigió a tiempo la falta de oportuna y adecuada revisación médica “y su triste desprotección, asegurando rápidamente la prueba aún sumaria de la existencia de sucesos tan graves”.
El martes 7 de noviembre se iniciará el jury de enjuiciamiento contra la fiscal de Rawson, Graciela Suárez García. Será desde las 9 en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia.
El cuerpo que juzgará a la funcionaria lo integran el ministro del STJ, Mario Vivas, los diputados José Grazzini, del Frente para la Victoria, y Roddy Ingram, de Chubut Somos Todos, y los abogados Juan Manuel Irusta y Nicolás Alberto Demitriu.
Ayer al mediodía, este Tribunal de Enjuciamiento consideró clausurado el período de prueba. Ahora se deberá coordinar con la Oficina Judicial de Rawson las citaciones de los testigos propuestos.
Suárez García está acusada de mal desempeño debido a su trabajo en un caso de trata de personas en la capital. Le imputan no haber investigado como debía la denuncia de una mujer que en febrero de 2010 escapó del prostíbulo “La Sirenita” en Puerto Rawson, al que había llegado engañada y de donde logró escaparse.
Pese a la gravedad de los maltratos y abusos sexuales que relató la chica una vez rescatada en la Comisaría de la Mujer, la fiscal no ordenó medidas elementales como pericias psicofísicas a la víctima y al acusado, secuestros de historias clínicas o allanamientos en los lugares sospechados.
Suárez García archivó la denuncia con el argumento de que no se había podido identificar a los presuntos autores y era manifiesta la imposibilidad de reunir evidencias. Luego se supo que no era así y que esa conducta casi deja impune el caso.
Todo terminó con la condena de Cristóbal Barboza –fallecido-, el conocido empresario de la noche de Trelew, a tres años de prisión. El tema lo terminó resolviendo la justicia federal. Ya en su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia incluyó en la condena a Barboza un reto para la fiscal: “Estas omisiones no sólo perjudicaron la pesquisa sino al sentenciable”, dijeron.
“Las actuaciones policiales iniciales, dirigidas por la autoridad local superior (por Suárez García), efectivamente no hicieron operativos contemporáneos sobre el lugar, como vigilancias, seguimientos, allanamientos de domicilios o interceptaciones telefónicas al denunciado”, dijo el TOF.
Tampoco hubo secuestro de elementos de la víctima ni se corrigió a tiempo la falta de oportuna y adecuada revisación médica “y su triste desprotección, asegurando rápidamente la prueba aún sumaria de la existencia de sucesos tan graves”.