“Rey no pidió la plata”
En el jury al defensor, las familias que denunciaron al comisario Miguel Gómez dijeron que fueron ellas las que pidieron un acuerdo económico.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Las familias víctimas del operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales, que denunciaron por vejaciones al comisario Miguel Gómez, dijeron que hartas de que la causa no avanzara, fueron ellas las que decidieron proponerle un acuerdo por 50 mil pesos a cambio de cerrar el proceso.
Así le quitaron responsabilidad al defensor oficial Sergio Rey, a quien alabaron. “Fue el único abogado que nos ayudó y le deseamos lo mejor”, afirmaron ante el tribunal de enjuiciamiento, en la sede del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.
“Hizo un desastre”
Con un llanto incontenible, Norma Chingoleo relató que en aquel procedimiento en el barrio Tiro Federal de Trelew, el GEOP hizo “un desastre” con balas de goma, perdigonazos y golpes a los chicos que jugaban al fútbol en la calle. Debió llevar de urgencia a sus tres hijos al hospital para las primeras curaciones. “No habían hecho nada; si no, los hubiera entregado yo”. Analfabeta y llena de miedo se mudó a Colán Conhué. Hoy sobrevive en un rancho con una Tarjeta Social. Tiene nueve hijos, dos del corazón.
“Nos arruinaron la vida y la orden de allanamiento no apareció nunca”, explicó. Sufre diabetes y cáncer de mama. “Yo fui a ver a Rey para saber si se podía hacer un arreglo, que aunque sea me dieran plata para sacar algo. No es como dicen ahora los medios, que lo pidió él para taparnos la boca. No tuvo nada que ver y estoy orgullosamente conforme por lo que hizo por nosotros”.
La sala de audiencias del Superior fue silencio ante su drama personal. “Estoy repodrida; hace años que venimos a las audiencias viajando a dedo, se suspenden y nos hacen volver, cuando vivimos como animales y no tenemos ni para comer. Cada día que pasa esto me pesa más y mi única razón para luchar son mis hijos del corazón”. Su viaje en micro son ocho horas.
Norma necesitaba una operación de 20 mil pesos. Pensó que los 50 mil a cambio de no ir a juicio le vendrían bien. “En Trelew era cartonera en el basurero y no me da vergüenza decirlo. Quiero creer en la justicia pero tengo mucha impotencia y bronca”.
Sirena
La hija de Norma, Tamara Paillacura, es otra persona desde aquel operativo. Era una adolescente que estudiaba y hoy es una chica encerrada en una cocina de Colán Conhué, sin amigas, novio ni charlas ni estudio. Recibió balas de goma en piernas, pecho y estómago. No tuvo asistencia psicológica y se angustia cuando oye la sirena del Banco móvil que atiende en el pueblo.
“Nos levantamos a las 3 para venir acá –le dijo al tribunal del jury-, yo tenía una vida por delante pero no quiero saber más nada, le tengo mucho miedo a la Policía”.
Alejandro, el esposo de Nora, recordó su sorpresa al salir de su casa y ver el grupo de encapuchados con los pibes tirados en el piso del Tiro Federal. Preguntó y le apuntaron. Con el tiempo su esposa le comentó la chance de los 50 mil pesos. Estuvo de acuerdo. “Me dijo que no daba más, que su enfermedad la llevaba al cajón”. Sus hijos, los más afectados, se repartirían la plata. “Quería que les paguen el daño moral, ¿cómo van a golpear a criaturas?”. Calificó a Rey como “una buena persona”.
Sara Paillacura, otra hija del matrimonio, relató que “hubo varias reuniones con Rey y con mi mamá pedimos la posibilidad de un arreglo”, contó. Eran los 50 mil que se bajaron a 35 mil para desistir de toda acción penal contra Gómez y civil contra Provincia.
“Íbamos a firmar un papel para que la causa no avanzara más porque los indios del campo –ironizó- éramos los únicos que se preocupaban por este tema y nos tenían de acá para allá sin respuestas”. Del defensor enjuiciado “no tengo nada que decir”.
María Magdalena, la última Paillacura en declarar, recibió un golpe policial en su panza embarazada y casi aborta. Reposó un mes. Su hijo nació con problemas en un pie “culpa de lo que pasó”, describió.
Confirmó que Nora, su mamá, buscó un acuerdo con Gómez, con Rey como vocero. “Yo no quería saber más nada”, sollozó. Se lamentó por su hermana Tamara: “No sale a ningún lado ni conoce lo que es disfrutar como joven. Ya no la conozco como mi hermana y eso me duele”. ¿Y Rey? “Fue el único hombre que se me acercó cuando lloraba”.
Elogios
El jury incluyó los testimonios de Fernanda Muñoz, Susana Clemente y Romina Rowlands, empleadas de la Defensoría que trabajan con Rey. La primera elogió al acusado y se definió como “examiga” del comisario Gómez. “¿Te volviste loco?, ¿cómo le hacés esta barbaridad a un compañero de trabajo?”, le reprochó al exjefe del GEOP cuando la denuncia fue pública. “Vos no entendés, estoy recibiendo muchas presiones”, le confesó el policía. Desde que estalló el caso “no me interesa volver a verlo porque me sentí usada, realmente lo que hizo fue una barbaridad”.
La segunda, Clemente, advirtió que “nunca quise escuchar los audios”. Y que el trato de Rey con clientes y empleados siempre fue excelente. Rowlands fue quien más alabó al defensor por su ayuda para su crecimiento profesional. Remarcó su preocupación constante por ayudar a las familias víctimas del episodio con el GEOP.
La rueda la cerraron y coincidieron el abogado trelewense Eduardo Hualpa y el juez Paulo König: destacaron el compromiso de Rey para combatir la violencia policial. “No es de los que se quedan en su despacho, es de los otros, y que no esté sería un retroceso muy importante para los derechos humanos”, dijeron.#
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Las familias víctimas del operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales, que denunciaron por vejaciones al comisario Miguel Gómez, dijeron que hartas de que la causa no avanzara, fueron ellas las que decidieron proponerle un acuerdo por 50 mil pesos a cambio de cerrar el proceso.
Así le quitaron responsabilidad al defensor oficial Sergio Rey, a quien alabaron. “Fue el único abogado que nos ayudó y le deseamos lo mejor”, afirmaron ante el tribunal de enjuiciamiento, en la sede del Superior Tribunal de Justicia en Rawson.
“Hizo un desastre”
Con un llanto incontenible, Norma Chingoleo relató que en aquel procedimiento en el barrio Tiro Federal de Trelew, el GEOP hizo “un desastre” con balas de goma, perdigonazos y golpes a los chicos que jugaban al fútbol en la calle. Debió llevar de urgencia a sus tres hijos al hospital para las primeras curaciones. “No habían hecho nada; si no, los hubiera entregado yo”. Analfabeta y llena de miedo se mudó a Colán Conhué. Hoy sobrevive en un rancho con una Tarjeta Social. Tiene nueve hijos, dos del corazón.
“Nos arruinaron la vida y la orden de allanamiento no apareció nunca”, explicó. Sufre diabetes y cáncer de mama. “Yo fui a ver a Rey para saber si se podía hacer un arreglo, que aunque sea me dieran plata para sacar algo. No es como dicen ahora los medios, que lo pidió él para taparnos la boca. No tuvo nada que ver y estoy orgullosamente conforme por lo que hizo por nosotros”.
La sala de audiencias del Superior fue silencio ante su drama personal. “Estoy repodrida; hace años que venimos a las audiencias viajando a dedo, se suspenden y nos hacen volver, cuando vivimos como animales y no tenemos ni para comer. Cada día que pasa esto me pesa más y mi única razón para luchar son mis hijos del corazón”. Su viaje en micro son ocho horas.
Norma necesitaba una operación de 20 mil pesos. Pensó que los 50 mil a cambio de no ir a juicio le vendrían bien. “En Trelew era cartonera en el basurero y no me da vergüenza decirlo. Quiero creer en la justicia pero tengo mucha impotencia y bronca”.
Sirena
La hija de Norma, Tamara Paillacura, es otra persona desde aquel operativo. Era una adolescente que estudiaba y hoy es una chica encerrada en una cocina de Colán Conhué, sin amigas, novio ni charlas ni estudio. Recibió balas de goma en piernas, pecho y estómago. No tuvo asistencia psicológica y se angustia cuando oye la sirena del Banco móvil que atiende en el pueblo.
“Nos levantamos a las 3 para venir acá –le dijo al tribunal del jury-, yo tenía una vida por delante pero no quiero saber más nada, le tengo mucho miedo a la Policía”.
Alejandro, el esposo de Nora, recordó su sorpresa al salir de su casa y ver el grupo de encapuchados con los pibes tirados en el piso del Tiro Federal. Preguntó y le apuntaron. Con el tiempo su esposa le comentó la chance de los 50 mil pesos. Estuvo de acuerdo. “Me dijo que no daba más, que su enfermedad la llevaba al cajón”. Sus hijos, los más afectados, se repartirían la plata. “Quería que les paguen el daño moral, ¿cómo van a golpear a criaturas?”. Calificó a Rey como “una buena persona”.
Sara Paillacura, otra hija del matrimonio, relató que “hubo varias reuniones con Rey y con mi mamá pedimos la posibilidad de un arreglo”, contó. Eran los 50 mil que se bajaron a 35 mil para desistir de toda acción penal contra Gómez y civil contra Provincia.
“Íbamos a firmar un papel para que la causa no avanzara más porque los indios del campo –ironizó- éramos los únicos que se preocupaban por este tema y nos tenían de acá para allá sin respuestas”. Del defensor enjuiciado “no tengo nada que decir”.
María Magdalena, la última Paillacura en declarar, recibió un golpe policial en su panza embarazada y casi aborta. Reposó un mes. Su hijo nació con problemas en un pie “culpa de lo que pasó”, describió.
Confirmó que Nora, su mamá, buscó un acuerdo con Gómez, con Rey como vocero. “Yo no quería saber más nada”, sollozó. Se lamentó por su hermana Tamara: “No sale a ningún lado ni conoce lo que es disfrutar como joven. Ya no la conozco como mi hermana y eso me duele”. ¿Y Rey? “Fue el único hombre que se me acercó cuando lloraba”.
Elogios
El jury incluyó los testimonios de Fernanda Muñoz, Susana Clemente y Romina Rowlands, empleadas de la Defensoría que trabajan con Rey. La primera elogió al acusado y se definió como “examiga” del comisario Gómez. “¿Te volviste loco?, ¿cómo le hacés esta barbaridad a un compañero de trabajo?”, le reprochó al exjefe del GEOP cuando la denuncia fue pública. “Vos no entendés, estoy recibiendo muchas presiones”, le confesó el policía. Desde que estalló el caso “no me interesa volver a verlo porque me sentí usada, realmente lo que hizo fue una barbaridad”.
La segunda, Clemente, advirtió que “nunca quise escuchar los audios”. Y que el trato de Rey con clientes y empleados siempre fue excelente. Rowlands fue quien más alabó al defensor por su ayuda para su crecimiento profesional. Remarcó su preocupación constante por ayudar a las familias víctimas del episodio con el GEOP.
La rueda la cerraron y coincidieron el abogado trelewense Eduardo Hualpa y el juez Paulo König: destacaron el compromiso de Rey para combatir la violencia policial. “No es de los que se quedan en su despacho, es de los otros, y que no esté sería un retroceso muy importante para los derechos humanos”, dijeron.#