El defensor adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, explicó que ese organismo “publicando semestralmente el listado de detenidos, y anualmente hacemos el monitoreo de los lugares de detención”. En tal sentido, “venimos advirtiendo que la situación de los establecimientos de privación de libertad es caótica porque no hubo inversiones importantes en muchísimos años”. Ahora “se trata de acelerar los tiempos para tener lugares mínimamente dignos”.
Aunque destacó el esfuerzo oficial por mejorar el escenario, “esto lleva tiempo y mientras tanto hay gente encarcelada. Lo que pasó en Comodoro es que se excedió notablemente el número de plazas que pueden ser ocupadas. Más allá de las condiciones precarias de algunos sitios, no había lugar dónde poner personas”.
Además, la justicia federal tiene a 30 presos en sitios provinciales. Galimberti recordó que la defensa pública había pedido que se liberara anticipadamente a 11 personas. “El juez decidió hacerlo con 17, no las mismas que la defensa planteó, estableciendo procedimientos intermedios”. En tal sentido aclaró que “no fue una soltura automática, no están en libertad estas 17 personas”. Además reveló que se liberaron diez plazas federales, “con lo cual estas liberaciones anticipadas se van a restringir porque habrá más plazas disponibles”.
-¿De 17 se bajará a siete?
-En principio sí. Depende de un procedimiento de verificación de circunstancias de cada persona en particular antes de proceder a su soltura. Es una medida muy racional, no es posible tener a una persona en lugares que no son aptos para que pueda dormir, en condiciones elementales de supervivencia.
En tal sentido, dijo que “hay pocas camas y no se puede poner a 200 personas. Es matemática sencilla. Los jueces son neutrales en la audiencia pero no significa que no haya normas de derecho internacional en temas de derechos humanos que lo obliguen. El juez está obligado a obrar sin que nadie se lo pida”. Según Galimberti, “queremos que velen por los derechos de las personas y garanticen que el lugar tenga las condiciones elementales”.
Hasta se puede admitir alguna persona en una comisaría, “pero en sitios de salubridad y que puedan dormir. Es parte del proceso de revisión de las condiciones carcelarias provinciales que arrancó hace mucho. Se presupuestaron otros módulos carcelarios pero todavía no están”.
-¿Cuál es la situación del Valle?
-Parecida. En nuestro último informe del semestre de personas detenidas tenemos situaciones muy precarias, alojamientos en comisarías. Esas personas no acceden al trabajo ni a recreos. Hay esfuerzos importantes en temas educativos en las alcaidías, pero es muy difícil llevar educación a una comisaría. Ni la comisaría ni la Policía están pensadas para cuidar personas.
-¿Espera solución sabiendo que hay módulos por inaugurarse?
-Sí, por eso digo que hay que solucionar situaciones endémicas, que tienen décadas. No se levanta una cárcel ni se crea en una semana un sistema penitenciario provincial. Hace falta presupuesto. No es sencillo. Apreciamos los esfuerzos de la administración pero tenemos que velar por las personas vulnerables que están bajo nuestra tutela.
El defensor adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, explicó que ese organismo “publicando semestralmente el listado de detenidos, y anualmente hacemos el monitoreo de los lugares de detención”. En tal sentido, “venimos advirtiendo que la situación de los establecimientos de privación de libertad es caótica porque no hubo inversiones importantes en muchísimos años”. Ahora “se trata de acelerar los tiempos para tener lugares mínimamente dignos”.
Aunque destacó el esfuerzo oficial por mejorar el escenario, “esto lleva tiempo y mientras tanto hay gente encarcelada. Lo que pasó en Comodoro es que se excedió notablemente el número de plazas que pueden ser ocupadas. Más allá de las condiciones precarias de algunos sitios, no había lugar dónde poner personas”.
Además, la justicia federal tiene a 30 presos en sitios provinciales. Galimberti recordó que la defensa pública había pedido que se liberara anticipadamente a 11 personas. “El juez decidió hacerlo con 17, no las mismas que la defensa planteó, estableciendo procedimientos intermedios”. En tal sentido aclaró que “no fue una soltura automática, no están en libertad estas 17 personas”. Además reveló que se liberaron diez plazas federales, “con lo cual estas liberaciones anticipadas se van a restringir porque habrá más plazas disponibles”.
-¿De 17 se bajará a siete?
-En principio sí. Depende de un procedimiento de verificación de circunstancias de cada persona en particular antes de proceder a su soltura. Es una medida muy racional, no es posible tener a una persona en lugares que no son aptos para que pueda dormir, en condiciones elementales de supervivencia.
En tal sentido, dijo que “hay pocas camas y no se puede poner a 200 personas. Es matemática sencilla. Los jueces son neutrales en la audiencia pero no significa que no haya normas de derecho internacional en temas de derechos humanos que lo obliguen. El juez está obligado a obrar sin que nadie se lo pida”. Según Galimberti, “queremos que velen por los derechos de las personas y garanticen que el lugar tenga las condiciones elementales”.
Hasta se puede admitir alguna persona en una comisaría, “pero en sitios de salubridad y que puedan dormir. Es parte del proceso de revisión de las condiciones carcelarias provinciales que arrancó hace mucho. Se presupuestaron otros módulos carcelarios pero todavía no están”.
-¿Cuál es la situación del Valle?
-Parecida. En nuestro último informe del semestre de personas detenidas tenemos situaciones muy precarias, alojamientos en comisarías. Esas personas no acceden al trabajo ni a recreos. Hay esfuerzos importantes en temas educativos en las alcaidías, pero es muy difícil llevar educación a una comisaría. Ni la comisaría ni la Policía están pensadas para cuidar personas.
-¿Espera solución sabiendo que hay módulos por inaugurarse?
-Sí, por eso digo que hay que solucionar situaciones endémicas, que tienen décadas. No se levanta una cárcel ni se crea en una semana un sistema penitenciario provincial. Hace falta presupuesto. No es sencillo. Apreciamos los esfuerzos de la administración pero tenemos que velar por las personas vulnerables que están bajo nuestra tutela.