Miquelarena está en llamas

Por Rolando Tobarez

-¿Cómo está económicamente la Procuración?

-Pésimamente mal. Por primera vez en mi gestión estamos sin el presupuesto aprobado y terminando el año así. Esto implica que de todo lo que uno diseñó a principio del año, debe dejar infinidad de cosas de lado por falta de presupuesto. Hace tres años ideamos un plan estratégico y algunos objetivos no los pudimos cumplir por eso. Ahora hay una ampliación presupuestaria porque en caso contrario no podrían pagarse los sueldos.

-¿Cómo sería en números?

-En Bienes y Servicios, Economía nos adeuda 4 millones de pesos, de los cuales hay un compromiso de bajar 150.000 pesos por semana. Tenemos una deuda que supera el millón de pesos con proveedores. Debemos telefonía celular y fija, gastos de mantenimiento y alquileres. La situación es preocupante y espero que se solucione rápidamente porque de lo contrario tendríamos que adoptar algún otro tipo de camino.

-¿Por ejemplo?

-Yo honestamente hasta pensé en una acción judicial para reclamar lo que creemos que está adeudado y vencido. En algunos casos hay órdenes de pago libradas que no se ejecutaron porque no se nos depositó el dinero necesario. Si aún no lo hicimos es porque somos conscientes de que la problemática es general y no es algo que le pase únicamente a la Procuración: también está pasando con el Ministerio Público de la Defensa y la Judicatura. También que hay dificultades para el pago de proveedores del Estado en otras áreas. Uno es consciente de estas cosas y hace que seamos absolutamente medidos a la hora de tomar alguna decisión. Pero también es cierto que tengo que poner la cara y dar respuestas, así que espero no tener que llegar a una situación límite, que sería reclamar judicialmente lo que se nos adeuda.

-¿A quién sería el reclamo?

-El responsable político es el ministro de Economía y el responsable legal del cumplimiento, Tesorería.

-¿Sería un amparo?

-Puede ser por ejemplo un mandamiento de ejecución.

-Si deben un millón y les prometen 150 mil pesos, no cierra por ningún lado…

-No llegamos de ninguna manera, por eso esperemos que en breve se pueda ampliar este goteo.

-¿Lo habló con el Superior Tribunal de Justicia?

-Al Superior le prometieron 500.000 pesos por semana, con lo cual estamos en la misma porque es aproximadamente esa la proporción. No sé qué camino se tomará o pensarán tomar, sé que hay charlas bastante seguidas entre el administrador Héctor Capraro y Economía, del mismo modo que las tenemos otros, pero todavía no se ven resultados.

-¿Hasta cuándo le durará la paciencia?

-Hasta que sea totalmente acuciante el reclamo de los proveedores.

-¿Debió hacer recortes?

-Sí, por supuesto, estamos limitando al extremo los gastos. Pero hay cosas que uno no puede prever. Yo puedo limitar algún que otro viático para capacitaciones, por decir algo que es importante y es pilar de la política del MPF: capacitar a la persona que luego debe prestar un servicio. Pero de ninguna manera dejar de solventar un viático por una investigación o pericias en Capital Federal, por ejemplo. No lo puedo evitar ni postergar, hay cosas imprescindibles.

-Entonces con los sueldos también están con lo justo…

-Exactamente, esperamos también la ampliación presupuestaria y ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo: sabían que sin una ampliación, de ninguna manera podíamos llegar a completar los 13 meses de sueldo en el año.

-¿Cómo tomó el fallo por un nuevo juicio del caso de Rubén “Cacho” Espinosa?

-En 2008 asumimos el compromiso de hacer todo lo posible para intentar esclarecer hechos muy importantes que habían marcado profundamente a nuestra sociedad. Uno fue el del periodista Ricardo Gangeme. Se formó un equipo con dos de los mejores fiscales en investigación, como Fernando Rivarola y Mirta Moreno. Hicieron un trabajo muy importante y había elementos para profundizar sobre quien aparecía como el sicario que había sido traído a ejecutar el asesinato. Lamentablemente había muerto en un accidente de tránsito un año antes y eso nos abortó cualquier tipo de posibilidad. Este caso tenía la particularidad de que había sido llevado a juicio con personas absueltas, no se podía volver sobre los mismos por más que uno tuviera alguna opinión distinta de cómo salió. Con Espinosa la ventaja procesal era que no había sido llevado a juicio. Todos sabemos los avatares, la infinidad de jueces que pasaron, los distintos sistemas procesales a los cuales se vio sometido y la cantidad de inconvenientes que tuvo la causa. Hubo responsabilidades compartidas de todos, incluidos los querellantes que muchas veces pusieron palos en la rueda. Ante Lorena Gabarrús (la viuda) asumimos llevar la causa a juicio y tratar de hacer todo lo posible para esclarecer el hecho. En el debate aparecieron cuestiones a criterio del fiscal muy importantes que le hicieron cambiar la autoría material, por eso pidió la absolución de Segundo e imputó a Araujo. El fiscal Daniel Báez sigue absolutamente convencido de su posición y piensa insistir con Araujo y (Remigio) Guevara. Habrá que esperar que la decisión del STJ quede firme y se conforme un nuevo tribunal. Seguiremos dando pelea hasta donde tengamos que darla porque es un caso que no debe quedar impune de ninguna manera.

-¿Cómo están en cuanto a nuevas herramientas para obtener las pruebas científicas que tanto reclama?

-Pido una vez más a los diputados que por favor traten el proyecto de ley que tienen en tratamiento para la ampliación de la base de datos genéticos de delitos sexuales para otros delitos, como los homicidios; que consideren que esto no genera absolutamente ningún gasto. No se trata de crear cargos nuevos ni poner más funcionarios, sino que se manejará del mismo modo que con tanta eficiencia lo viene manejando Alicia Pugh. Se pretende ampliar el espectro para poder contar con esta prueba tan fundamental e importante a la hora de determinar responsabilidades.

-¿Entonces hay un proyecto para un registro de ADN de homicidas?

-Hace mucho tiempo lo elaboró el Consejo de Fiscales y fue presentado a través del diputado José Kamarko en Legislatura. Aún no tuvo tratamiento y realmente me sorprende, no entiendo todavía porqué no se trató. Se trata de un registro genético de homicidas con sentencia firme. Ya está armado y por eso reclamo con tanta insistencia del pronto tratamiento.

“No todos tienen un compromiso full time”

-¿Qué opina del informe del consejero Eduardo Palacios, que criticó el trabajo de los fiscales de Comodoro Rivadavia?

-Lo respeto mucho porque le reconozco mucha honestidad intelectual. Tomó una serie de entrevistas a fiscales y funcionarios y opinó respecto de la actuación de algunos. Dijo haber notado falta de compromiso y de criterio. A sugerencia del presidente del Superior, que forma parte del Consejo, me llegó ese informe y requerí explicaciones a través del conducto que corresponde, que es la fiscal jefe de Comodoro. Hay actuaciones internas para terminar un informe que me remitirán en su momento.

-¿Por qué envió ese pedido?

-Porque por ejemplo se cuestionaba esta práctica de liberar por teléfono a personas detenidas que habían sido encontradas in fraganti delito. Para que quede claro, desde la Procuración no damos instrucciones particulares y esto es lo que a veces les cuesta entender a miembros de otros poderes. El gobernador puede dar las instrucciones que quiera a sus ministros, y éstos a sus directores o subsecretarios. Si no las cumplen podrán ser separados del cargo. Yo no puedo hacerlo con los fiscales ni el STJ con jueces o camaristas, esto es lo que a veces no entienden otros poderes del Estado. La independencia judicial es externa e interna: cada fiscal es dueño y director de su investigación y no puedo inmiscuirme en una causa salvo que me aboque directamente a la investigación. Lo que sí puedo y debo hacer es dictar instrucciones generales que deben ser cumplidas porque de lo contrario, quien las incumpla en forma injustificada puede ser considerado como una falta grave.

-¿Pero los fiscales piden detenciones?

-Una de las primeras instrucciones generales que dicté al asumir tiene que ver con la inconveniencia de otorgar libertad telefónica. La persona detenida fraganti no está a disposición de un fiscal, sí de un juez, pero el fiscal tiene una instrucción para que todo detenido en flagrancia sí o sí vaya a la audiencia de control y ahí, además de hacer la apertura de la investigación, deberá analizar si corresponde una medida de coerción de la libertad, salvo honrosas excepciones como un hurto menor.

-¿Y el resto del informe?

-En cuanto a que haya fiscales con poco compromiso, yo no elijo a los fiscales, los elige el Consejo y también los remueve. Si hay fiscales con mayor o menor compromiso que otros…y sí, como en todos los órdenes, hay médicos, políticos y funcionarios con más compromiso que otros. Uno quisiera un compromiso full time de todo el mundo, pero sabemos que no siempre es así.

“El violador y asesino fue Pallalaf”

-¿Cómo está hoy el caso de Yasmín Chacoma?

-Desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal tenemos suficientes evidencias como para hacer una imputación muy precisa respecto de la persona que es buscada. Tenemos que esperar a que la Policía dé con su paradero, el sujeto sea traído a proceso y partir de ahí confiamos plenamente en tener las suficientes evidencias como para que la causa prospere y llegue pronto a juicio.

-¿El violador y asesino fue Miguel Pallalaf?

-Para nosotros sí, sin duda, porque hay no sólo hay prueba científica que lo acreditaría sino otros elementos de prueba que colectó Policía en conjunto con Fiscalía.

-¿Está en el norte?

-Personalmente no tengo alguna idea pero no creo que esté en el norte, se me ocurre que está bastante más cerca.

El sayo

-A muchos no les gustó cómo se manejó la pesquisa…

-Escuché alguna crítica respecto a alguna publicidad que según atribuyen algunas fuentes, habría dicho el MPF en Comodoro Rivadavia. Tengo cosas que decir al respecto: en primer lugar la investigación la dirige el MPF y los tiempo lo maneja el MPF, le guste a quien le guste; en segundo lugar, a partir de que se conoció la identidad de este sujeto, en 48 horas se logró recolectar una cantidad muy importante de prueba, entre otras cosas testigos que aparecieron a brindar su testimonio; tercero, 48 horas después del hecho, o sea bastante tiempo antes de que se conociera la identidad de este sujeto, ya se había mandado mudar de Comodoro y salió con su nombre y apellido, pese a que estaba con pedido de captura hace un buen tiempo.

-El secretario de Seguridad, José Glinski, es uno de los más críticos…

-Al que le quepa el sayo que se lo ponga.

-¿Qué saben del recorrido de Pallalaf?

-Sabemos cuándo se fue de Trelew y llegó a Comodoro, dónde se alojó, cuándo se fue de Comodoro, dónde fue su primera escala y la segunda. En ese último lugar perdimos el rastro.

-¿Hay testigos de todo eso?

-Exactamente

-¿Actuó solo?

-Recibió algunas ayudas. No sabemos si fueron con conocimiento del hecho. Otras imputaciones serán materia de investigación para la fiscal Ferrari, que lleva la causa.

-¿Tiene alguna opinión de la decisión del juez Fabio Monti, que le dio la salida transitoria?

-No porque eventualmente y en caso de prosperar alguna medida del Consejo de la Magistratura, que analiza el caso, eventualmente yo tendría que opinar si acaso llegaran acá las conclusiones. Sería imprudente de mi parte adelantar algún criterio. Me interioricé y sé cómo transcurrió el incidente de ejecución, pero quiero ser respetuoso del trabajo del Consejo. Esperemos ver qué resuelven. Escuché la audiencia y sé el rol que le cupo a cada uno.

“Hay críticas que recuerdan a `Hablemos sin saber´”

-Hay causas avanzadas que involucran a excompañeros suyos de gestión, como la publicidad oficial o el caso Barilari. Y algunos, como el diputado Roberto Risso, lo acusan de falta de objetividad. ¿Cómo lo toma?

-Acepto cualquier tipo de crítica venga de donde venga. Lo único que pido es que sea con un mínimo de conocimiento de causa y que sea medianamente fundada, no la crítica por la crítica. De lo contrario me hace acordar a “Hablemos sin saber”, el programa de “Sin codificar”, que me hace reír mucho. Si cualquiera va a decir cualquier cosa sin ningún tipo de fundamento y por el simple ánimo de agraviar, la verdad que no merece ningún tipo de respuesta.

-¿Por qué lo dice?

-No digo esto por Risso sino en general. Podemos recibir toda la crítica que quieran pero mientras yo esté en la Procuración General, no voy a permitir ningún tipo de injerencia de ninguna naturaleza en la investigación de ninguna causa penal. Ninguna, venga de donde venga, así que podrán criticar todo lo que quieran. Alguna vez se nos dijo que el MPF otorgaba licencia para delinquir, dicho doloroso si lo hay. Permanentemente intentamos demostrar lo contrario, no porque creamos que tenga razón quien profiere ese dicho, sino porque es nuestra función tratar de demostrar lo contrario. A los casos que me menciona que tienen que ver con la gestión anterior, yo podría agregar Petrominera y algunos otros más que involucran a intendentes de las gestiones anteriores; también hay casos en plena investigación de la actual gestión. Los hechos hablan por sí solos y la objetividad con la cual tratamos de manejamos también.

-¿Hubo intentos de injerencia?

-A veces uno interpreta que determinadas declaraciones públicas, en el fondo lo que pretenden es tratar de torcer la voluntad de la persona que investiga hacia uno u otro lado. Si esa es la finalidad no puedo estar en la cabeza de quien lo hace para saberlo. Digo que esto es como ser bombero y tenerle miedo al fuego. Podrán reclamar todo lo que le parezca que de ningún modo vamos a permitir ningún tipo de injerencia en la investigación. Yo les digo a todos los fiscales de la provincia que su actividad investigativa se las voy a defender hasta las últimas consecuencias, sea para concluir lo que sea, archivo, desestimiento o apertura porque consideran que hay que investigar a un funcionario. Lo que no puedo defender es la inactividad. Siempre van a encontrar insistiendo con que investiguen, no precisamente lo contrario.