Los embargos de la Justicia que sacuden las cuentas del Estado y la alejan más de la gente

Los 46 millones de pesos que en menos de dos meses fueron embargados de las cuentas bancarias del Estado provincial por un puñado de magistrados del Poder Judicial, son una impudicia.

En medio de la críticas situaciones que atraviesan otros sectores menos influyentes de la sociedad, como los trabajadores de Alpesca en Madryn, los desocupados de la industria textil en Trelew, o los docentes de Comodoro, o el duro día a día de miles de ciudadanos comunes sin privilegios, lo que menos de cien integrantes de la “Justicia” le han hecho a las cuentas públicas en defensa de un reclamo que puede tener visos de legitimidad, pero que por ahora es de dudosa legalidad, no tiene nombre.

Los ciudadanos de a pie no gozan del privilegio de decidir sobre sus reclamos. Tienen que apelar a los buenos oficios de sus sindicatos. Y en el peor de los casos, a hacer huelgas, a cortar rutas, y muchas veces ganarse las duras críticas de otros trabajadores que sufren esas medidas de fuerza.

Los magistrados de Chubut, en cambio, no necesitan hacer paro. Sacian sus demandas de prepo, aunque con las aparentes buenas formas con las que se suelen mover en público.

Sólo basta con que los jueces que reciben las causas sobre los reclamos salariales de los propios magistrados y altos funcionarios judiciales se “excusen”, y que en su lugar actúe un complaciente conjuez, que falla a favor de los intereses de los magistrados con la velocidad y facilidad que Lionel Messi elude a la defensa del peor equipo de España.

Eso no es justicia. En todo caso, es aprovechar las ventajas de estar a ambos lados del mostrador.

Conjueces en la mira

Estos conjueces no nacieron de un huevo. Son abogados de la matrícula, que suelen lidiar con el día a día de la Justicia y sus integrantes, pero que las circunstancias los pusieron en ese lugar, y no defraudan. Al menos, a los que lo pusieron ahí.

En este caso tienen nombre y apellido: Francisco Miguel Romero y Héctor Eduardo Freile, ambos abogados del fuero penal y civil de Comodoro Rivadavia, que firmaron los embargos por un total de 46 millones de pesos.

Al primero lo removieron luego de que el Colegio de Abogados de la ciudad petrolera le suspendiera la matrícula, y el Superior Tribunal de Justicia tardó una semana en echarlo de manera definitiva. Semana durante la cual siguió firmando embargos a favor de los magistrados.

Freile tampoco parece amilanarse con las críticas de la sociedad, ni con las presiones políticas. Aprobó embargos por 13 millones de pesos el lunes; por 14 millones el martes; y por otros 6 millones el jueves, el mismo día que la Legislatura provincial aprobó una ley para ponerle un freno a esta modalidad. Ahora, los magistrados sólo podrán embargar cuentas del Estado hasta un millón de pesos por mes.

Para los conjueces corren las generales de la ley. Y existe un Consejo de la Magistratura que pocos saben para qué sirve pero que está al alcance de cualquier ciudadano, al que se debe acudir para cuestionar el accionar de los malos jueces y fiscales. Inclusive, el Consejo cuenta representantes populares que en breve hay que volver a elegir.

Ya se sabe: el que no llora, no mama.

El juicio de la gente

“Decir que es de hijos de puta, es poco”, disparó el ministro Javier Touriñán sobre los magistrados que embargan las cuentas del Estado, estampando una de las frases más fuertes que se hayan escuchado de la boca de un político en los últimos tiempos.

Sin embargo, nada más cercano al pensamiento de buena parte de la sociedad, que asiste impávida a los despropósitos de la Justicia, con procesos judiciales eternos, un habitual festival de excarcelaciones de delincuentes reincidentes, y un reciente e impresentable show de papelones, que fue en lo que se terminó convirtiendo el juicio político al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Javier Panizzi.

Por todo eso la sociedad cree que manotear 46 millones a las cuentas del Estado provincial es, por lo menos, de descarados.

Fuego contra fuego

El Gobierno, decidido a plantarse frente al conflicto docente del sur provincial hasta encaminarlo bajo sus condiciones, metió este viernes una jugada de peso con la denuncia penal que presentó la Fiscalía de Estado contra los padres que mantienen ocupadas 26 escuelas en Comodoro Rivadavia. Los acusa de usurpación, coacción, atentado y resistencia a la autoridad y daño. Y lo justificó indicando que más de 100 docentes pidieron volver al trabajo.

La reacción no supo de dilaciones: ayer mismo el vocero de los padres anticipó que se intimará al Gobierno para que solucione el conflicto mediante una presentación judicial. Se realizará la próxima semana y, según se señaló, ““estará basada en que se avasalla el derecho de que los niños puedan tener una educación libre y gratuita”.

Si la cadencia no se rompe –y nada indica que vaya a romperse- el conflicto se acerca peligrosamente a un estado de agotamiento de recursos. Y de ambas partes. Aquella hora de “sentarse de una buena vez” se ha estirado de manera inenarrable. Se corre el riesgo del acostumbramiento, ese vivir en forma constante en un estado de crisis. Y a esta altura de los acontecimientos sigue habiendo, aun, muchas preguntas. Muchas de ellas incómodas. Y el ir y venir de declaraciones, movidas y chicanas terminó por obscurecer el panorama: con la salvedad de los protagonistas y los observadores que han seguido de cerca la evolución desde el minuto uno, pocos tienen total certeza de qué es hoy lo que se está discutiendo y, peor aun, por qué cualquier mirada obtiene como saldo una situación de imposible solución siendo que, nadie debería perderlo de vista –aunque por momentos esa sensación gana espacios- hay cientos de chicos que han perdido un tiempo enorme de clases, de formación, que difícilmente puedan recuperar.

Cooperativa Eléctrica

Hablando de dialéctica, la situación de la Cooperativa Eléctrica de Trelew tuvo sus cruces también durante estos días. La sorpresiva salida del gerente General de la entidad, Jorge Valentín Pitiot y la decisión de generar una audiencia pública para trata la penosa situación que atraviesa la prestadora de los servicios públicos esenciales en la ciudad dieron que hablar.

Pitiot se consideró despedido ante la negativa, según explicó, de aceptarle un pedido de vacaciones mientras que desde la entidad se contestó que ningún consejero opinó favorablemente respecto a esa solicitud. Ya un día antes se había conocido un cruce de mensajes de textos con el mandamás de Luz y Fuerza, Héctor González, en el que Pitiot dejaba entrever una pronta salida.

Todo se dio con la determinación de la audiencia pública tomada, que sobre el cierre de esta semana produjo un par idas y vueltas entre Héctor González, que trató de “circo” al asunto y el intendente Pérez Catán, que le respondió con ironía.

Más allá de todo, incluyendo las críticas que esta audiencia pueda generar, sí es cierto que la sociedad ve con recelo los manejos de la entidad, no está demasiada dispuesta a soportar un aumento desproporcionado en la boleta que paga mes a mes y necesita, para volver a confiar, que los números se transparenten y se explique palmariamente por qué se llegó a esta situación de crisis descomunal. Tampoco estaría mal que surjan responsables, actuales y del pasado, pero esto ya se ve como más complejo. Y todos los actores, más allá de las palabras, deberían mostrar responsabilidad y compromiso para buscar una solución lo que incluye, claro, a cada asociado que tiene a su nombre un medidor de luz.