Cinco miembros del Superior Tribunal piden a los diputados provinciales que los investiguen
Los ministros Royer, Rebagliati Russell, Pfleger, Caneo y Pasutti presentaron un escrito en la Legislatura provincial. Quieren aclarar su situación y, de ser necesario, comparecer ante los legisladores. El caso estalló luego de una publicación de Jornada, que derivó en la investigación de una fiscal de Rawson.
Cinco de los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se pusieron ayer formalmente a disposición de los diputados de Legislatura provincial para esclarecer públicamente una situación escandalosa que los involucra, y que fuera divulgada en varias investigaciones publicadas por Jornada.
Concretamente, la última saga de esta historia –publicada en la edición de ayer- incluyó los detalles de un extenso dictamen de la fiscal Silvia Pereira, que a raíz de una grave denuncia realizada por uno de los integrantes del Superior Tribunal, Alejandro Javier Panizzi, actuó de oficio e investigó los hechos.
A raíz de esta publicación, todos los integrantes del cuerpo, menos Panizzi, redactaron una solicitud formal que ayer por la mañana ingresó a la Legislatura, más precisamente al despacho del presidente de la casa, el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy.
“Transparencia republicana”
En la presentación, a la que Jornada accedió en exclusiva, los ministros Fernando S. L. Royer; Daniel A. Rebagliati Russell; Jorge Pfleger; Daniel Luis Caneo; y José Luis Pasutti, señalan que lo que están haciendo “constituye un acto de transparencia republicana y que tiene como objeto dilucidar algunos conflictos desatados en el seno de este cuerpo, que han tomado estado público y merecen ser esclarecidos.”
En el segundo párrafo, los ministros del Superior le explican a Mac Karthy que “los medios se han hecho eco de la denuncia efectuada por el Dr. Alejandro Panizzi contra sus pares por cuestiones administrativas de manejo exclusivo de este Tribunal por imperio de disposiciones constitucionales.”
Y agregan, a modo de defensa, que “tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó en forma determinante” que las denuncias de Panizzi, si bien tenían algún punto de verosimilitud, no constituían un delito, tal como publicó Jornada en su edición de ayer.
Sin embargo, los ministros enfrentados con Panizzi, que en el escrito a Mac Karthy se autodenominan “no denunciantes”, admiten que el dictamen de la fiscal Pereira “en algunos párrafos desliza ambiguamente que podría existir una transgresión ética, pese a su afirmación de que carece de competencia en esa materia.”
Por tal motivo, Royer, Rebagliati Russell, Pfleger, Caneo y Pasutti dicen sentirse “custodios de la ética del Tribunal y por lo tanto queremos ponernos a su disposición para el esclarecimiento, compareciendo si es necesario a dar los fundamentos del caso”.
Qué dijo la fiscal
Aunque el dictamen de la fiscal general de Rawson determinó la inexistencia de hechos constitutivos de delitos, y por ese mismo motivo desestimó la denuncia de Panizzi, la investigación no deja de aportar datos que dejarían entrever ciertos desmanejos administrativos en algunos miembros del Superior, sobre todo en la asignación de sus licencias vacacionales, que se estima serán aclarados por los miembros más cuestionados en ese dictamen: Royer, Pasutti y Caneo.
Pereira redondeó el informe luego de realizar entrevistas personales y telefónicas, además de analizar toda la documentación que obtuvo del propio Superior Tribunal.
Todo comenzó con una explosiva entrevista que Panizzi concedió a Jornada a finales del año pasado, en la cual hizo gruesas acusaciones a sus colegas de la Sala Civil -Royer, Pasutti y Caneo-, por las supuestas irregularidades cometidas en el uso de viáticos, licencias, compras de autos y hasta en la designación de funcionarios.
Aunque la fiscal consideró probadas las “irregularidades administrativas”, terminó por desestimar el caso ya que ninguno de sus hallazgos puede ser considerado un delito penal.
En cuanto a una presunta falta “ética”, de la que Pereira habla en su dictamen, “deberá disiparse en los canales institucionales adecuados, previstos en la Constitución”. En ese sentido, la fiscal eligió “dejar a criterio del Superior como cuerpo colegiado que administra sus propias decisiones de manera discrecional evaluar la conveniencia o corrección de los hechos”.
Ayer, con la presentación ante la Legislatura, cinco de los integrantes del mayor cuerpo judicial de Chubut parecen haber abierto la puerta a la posibilidad de que alguien –en este caso, los diputados provinciales- se saquen las dudas sobre su accionar.
Cinco de los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se pusieron ayer formalmente a disposición de los diputados de Legislatura provincial para esclarecer públicamente una situación escandalosa que los involucra, y que fuera divulgada en varias investigaciones publicadas por Jornada.
Concretamente, la última saga de esta historia –publicada en la edición de ayer- incluyó los detalles de un extenso dictamen de la fiscal Silvia Pereira, que a raíz de una grave denuncia realizada por uno de los integrantes del Superior Tribunal, Alejandro Javier Panizzi, actuó de oficio e investigó los hechos.
A raíz de esta publicación, todos los integrantes del cuerpo, menos Panizzi, redactaron una solicitud formal que ayer por la mañana ingresó a la Legislatura, más precisamente al despacho del presidente de la casa, el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy.
“Transparencia republicana”
En la presentación, a la que Jornada accedió en exclusiva, los ministros Fernando S. L. Royer; Daniel A. Rebagliati Russell; Jorge Pfleger; Daniel Luis Caneo; y José Luis Pasutti, señalan que lo que están haciendo “constituye un acto de transparencia republicana y que tiene como objeto dilucidar algunos conflictos desatados en el seno de este cuerpo, que han tomado estado público y merecen ser esclarecidos.”
En el segundo párrafo, los ministros del Superior le explican a Mac Karthy que “los medios se han hecho eco de la denuncia efectuada por el Dr. Alejandro Panizzi contra sus pares por cuestiones administrativas de manejo exclusivo de este Tribunal por imperio de disposiciones constitucionales.”
Y agregan, a modo de defensa, que “tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó en forma determinante” que las denuncias de Panizzi, si bien tenían algún punto de verosimilitud, no constituían un delito, tal como publicó Jornada en su edición de ayer.
Sin embargo, los ministros enfrentados con Panizzi, que en el escrito a Mac Karthy se autodenominan “no denunciantes”, admiten que el dictamen de la fiscal Pereira “en algunos párrafos desliza ambiguamente que podría existir una transgresión ética, pese a su afirmación de que carece de competencia en esa materia.”
Por tal motivo, Royer, Rebagliati Russell, Pfleger, Caneo y Pasutti dicen sentirse “custodios de la ética del Tribunal y por lo tanto queremos ponernos a su disposición para el esclarecimiento, compareciendo si es necesario a dar los fundamentos del caso”.
Qué dijo la fiscal
Aunque el dictamen de la fiscal general de Rawson determinó la inexistencia de hechos constitutivos de delitos, y por ese mismo motivo desestimó la denuncia de Panizzi, la investigación no deja de aportar datos que dejarían entrever ciertos desmanejos administrativos en algunos miembros del Superior, sobre todo en la asignación de sus licencias vacacionales, que se estima serán aclarados por los miembros más cuestionados en ese dictamen: Royer, Pasutti y Caneo.
Pereira redondeó el informe luego de realizar entrevistas personales y telefónicas, además de analizar toda la documentación que obtuvo del propio Superior Tribunal.
Todo comenzó con una explosiva entrevista que Panizzi concedió a Jornada a finales del año pasado, en la cual hizo gruesas acusaciones a sus colegas de la Sala Civil -Royer, Pasutti y Caneo-, por las supuestas irregularidades cometidas en el uso de viáticos, licencias, compras de autos y hasta en la designación de funcionarios.
Aunque la fiscal consideró probadas las “irregularidades administrativas”, terminó por desestimar el caso ya que ninguno de sus hallazgos puede ser considerado un delito penal.
En cuanto a una presunta falta “ética”, de la que Pereira habla en su dictamen, “deberá disiparse en los canales institucionales adecuados, previstos en la Constitución”. En ese sentido, la fiscal eligió “dejar a criterio del Superior como cuerpo colegiado que administra sus propias decisiones de manera discrecional evaluar la conveniencia o corrección de los hechos”.
Ayer, con la presentación ante la Legislatura, cinco de los integrantes del mayor cuerpo judicial de Chubut parecen haber abierto la puerta a la posibilidad de que alguien –en este caso, los diputados provinciales- se saquen las dudas sobre su accionar.