Legislatura archivó el pedido de juicio político al ministro Raidan

Por amplia mayoría la Legislatura desestimó y archivó el pedido de juicio político contra el ministro del Superior de Justicia Javier Raidan. El pedido había sido impulsado por la Asociación de Magistrados y el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut pero tuvo dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que declaró inadmisible la presentación. La diputada del PICh, Andrea Toro, fue la única que se opuso al archivo.

Entre otros puntos, el ministro había sido denunciado en agosto del año pasado por la suba de remuneraciones del Superior sin respetar la Ley de Porcentualidad, el uso de vehículos del Poder Judicial para el traslado de los ministros a sus domicilios particulares y la asignación arbitraria de viáticos, entre otros puntos. Los abogados de la denuncia de 70 páginas eran Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti.

En la sesión de este jueves, el diputado Daniel Hollmann, presidente de la bancada Despierta Chubut, explicó que “la presentación no precisa suficientemente los hechos ni la participación concreta del ministro en las decisiones señaladas”.

Apuntó que varios de los cuestionamientos no le corresponden a Raidan sino al STJ como órgano colegiado integrado por diferentes miembros, “por lo que debe identificarse la actuación personal que se cuestiona al funcionario denunciado”.

“Hubo observaciones por deficiencias del acompañamiento de la documentación que respalde estos señalamientos o en tal caso que se indiquen o se precise el lugar donde se puede determinar esta información”.

En su dictamen, la Comisión concluyó que el pedido de juicio político no tenía una "relación completa y circunstanciada de los hechos" que le exige la ley para avanzar. Tampoco incluía ni individualizaba la prueba disponible. Por eso no superó el control de admisibilidad.

“Debe ser rechazada en resguardo de la seguridad jurídica, de la estabilidad funcional de las instituciones, de la independencia del Poder Judicial y de la propia seriedad del juicio político como remedio constitucional extraordinario”, dijo la Comisión.

Según este análisis, los denunciantes no describieron “la concreta intervención personal del Presidente del Superior en un acto por definición colegiado”.

“Imputar a título personal al Presidente un acuerdo plenario exige, como mínimo, decir qué hizo él -si propuso, si votó, si ejecutó, si dictó un acto propio- y acompañar o individualizar la constancia que lo acredite”.

En este sentido, critican que la denuncia haya recurrido a juicios de valor como "mal desempeño", "sometimiento al Poder Ejecutivo", "manipulación de la Constitución" o "deterioro visible del sistema", pero sin haber indicado un acto administrativo o jurisdiccional concreto que complique a Raidan. Tampoco demostraron “su vínculo causal directo con decisiones personales del denunciado”.

“Un juicio político no se activa por climas institucionales ni por percepciones de `desborde republicano´, sino por hechos concreta y verificablemente narrados”, subrayaron los diputados, que consideraron que los denunciantes no identificaron ni describieron hechos concretos, normas rotas ni conductas personales reprochables al ministro.

“La exigencia protege al denunciado, al Poder Judicial y a la propia Legislatura, que no puede ser convertida en escenario de controversias internas de otro poder del Estado sin que exista, antes, un objeto definido”, concluyó la Comisión.