Impulsan que Chubut adhiera a la Ley Nacional de Derechos y Garantías

Noelia Alderete, madre de Gonzalo Güenchur, mantuvo un encuentro con autoridades provinciales para impulsar la adhesión de Chubut a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y avanzar en una adecuación de la legislación provincial que amplíe las herramientas disponibles para quienes atraviesan las consecuencias de un delito. La reunión contó con la participación de Héctor Iturrioz y Rodrigo Miquelarena y había sido acordada desde principios de septiembre.

Alderete llegó además con una propuesta escrita, con la intención de que el planteo no quedara solamente en una conversación y pudiera comenzar a ser analizado formalmente. “La intención es poder trabajar en la adhesión y la adecuación de la Ley Nacional de Víctimas, porque Chubut no está adherida a esta ley y me parece muy importante poder contar con los recursos y las herramientas que brinda”, explicó.

La Ley Nacional 27.372 fue sancionada en 2017 y tiene entre sus objetivos garantizar a las víctimas derechos vinculados con el asesoramiento, la asistencia, representación, protección, acceso a la Justicia, reparación y tratamiento justo. También contempla mecanismos de asistencia jurídica y atención médica y psicológica. “Muchas veces quedamos fuera de la causa”, lamentó.
Uno de los puntos centrales planteados por Alderete está relacionado con el lugar que ocupan las familias dentro de los procesos judiciales. A partir de su propia experiencia, consideró necesario ampliar las posibilidades de acceso a información y acompañamiento jurídico.

“Nosotros, desde lo que vivimos, podemos ver que hay muchas cosas en donde quedamos fuera de la causa. Con esta ley, para futuras víctimas, podrían tener, por ejemplo, acceso a la causa, presentarse como querellantes y el Estado brindaría un abogado”, sostuvo. Precisamente, la normativa nacional reconoce derechos vinculados con el asesoramiento, representación y acceso a la Justicia y establece herramientas destinadas a fortalecer la participación de las víctimas durante el proceso penal.
Alderete recordó además las dificultades que atravesó cuando intentó intervenir como querellante en la investigación por el homicidio de su hijo. “Muchas veces uno se presenta y no te aceptan. Yo presenté en su momento un escrito, un pedido como querellante, y me dijeron que no hacía falta”, señaló.

Para la madre de Gonzalo, garantizar representación jurídica estatal también permitiría reducir las diferencias existentes entre quienes tienen posibilidades económicas de contratar un abogado particular y aquellas familias que no cuentan con esos recursos.

Asistencia psicológica

La salud mental fue otro de los ejes de la reunión. Alderete planteó que las consecuencias de un homicidio no terminan con el avance de una investigación judicial y que el impacto alcanza a diferentes integrantes de una familia. “El duelo trae muchas formas diferentes de atravesarlo y es muy difícil. En todos los casos es muy difícil, afecta a muchas personas de la familia”, explicó.

En ese sentido, expuso su propia experiencia para graficar los problemas que existen para acceder a atención profesional. “Hace dos años y medio falleció mi hijo y a mí me hicieron una derivación al psicólogo. Todavía estoy en la búsqueda de conseguir un turno. Es muy difícil acceder a la parte de salud mental, incluso teniendo obra social”, afirmó.

La Ley 27.372 contempla entre las funciones del sistema de asistencia a víctimas la articulación de acciones para facilitar atención médica y psicológica cuando corresponda, además del patrocinio y representación jurídica.

Durante el encuentro también se analizó la situación económica en la que pueden quedar las familias después de atravesar un crimen. Alderete estuvo acompañada por Ivana Báez, quien también perdió a un hijo, y explicó que comenzaron a interiorizarse sobre los mecanismos existentes para tramitar asistencia económica. “Después de pasar por una situación de homicidio también quedamos mal en la parte económica. Lo que pudimos hablar fue de trabajar con lo que hay, porque se puede reclamar una asistencia económica para las víctimas”, explicó.

Según indicó, uno de los problemas es el desconocimiento que existe sobre los mecanismos disponibles y los trámites que deben realizarse. “Hoy vinimos con Ivana, que también perdió a su hijo, y quedamos en realizar el trámite para que pueda recibir algún tipo de ayuda económica. El tema es que hay que tramitarla y la gente se tiene que informar de que puede pedirla”, sostuvo.

Proyecto

Alderete destacó la predisposición encontrada durante la reunión y señaló que quedó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro para continuar analizando la iniciativa. La propuesta fue presentada por escrito para que las autoridades puedan estudiarla y determinar los pasos institucionales necesarios. “La idea fue presentar el proyecto de ley escrito para que ellos lo puedan leer, lo puedan estudiar y que no quede solo en palabras, sino que pueda ser algo serio. A partir de acá vamos a seguir trabajando”, remarcó.

El planteo busca transformar las experiencias atravesadas por distintas familias en herramientas permanentes para futuras víctimas, particularmente en materia de acompañamiento jurídico, psicológico y social. La iniciativa se inscribe en los reclamos que Alderete sostiene desde el asesinato de su hijo Gonzalo Güenchur, ocurrido en mayo de 2024 en Comodoro Rivadavia, y en el acompañamiento que desde entonces mantiene con otras familias afectadas por hechos violentos.

A futuro, además de avanzar con el proyecto legislativo, Alderete anticipó la intención de generar un espacio que permita reunir y acompañar a quienes atraviesan situaciones similares. “Ojalá podamos armar algún tipo de organización”, expresó.

El próximo paso será continuar el intercambio con las autoridades provinciales sobre el texto presentado. Para Alderete, el objetivo es que las víctimas y sus familias no deban atravesar solas las consecuencias judiciales, psicológicas y económicas que deja un delito y que ese acompañamiento pueda quedar establecido institucionalmente.