La aprobación de la ordenanza que habilita el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros en Puerto Madryn tuvo excelente recepción entre los trabajadores del sector, que aguardaban con ansias la sanción de la normativa.
Pamela Pávez, vocera de los choferes de Uber en la ciudad del Golfo, analizó el alcance de la norma y celebró el fin de la clandestinidad, además de detallar las exigencias a quienes quieran brindar el servicio.
"Finalmente la ordenanza que nos limitaba a trabajar fue derogada”, manifestó la trabajadora. “Hasta hoy funcionábamos casi a escondidas con los pasajeros, fingiendo ser familiares o amigos ante los controles de tránsito. Eso se terminó: ahora vamos a poder circular libremente con la aplicación encendida", remarcó Pávez.
En relación al proyecto aprobado por el Concejo Deliberante, la vocera de los choferes de UBER detalló los ejes técnicos y administrativos que regirán para automovilistas y motociclistas que se desempeñen en plataformas digitales.
El conductor deberá tener carnet de conducir profesional, certificado de antecedentes penales y libre de deuda municipal. Los automóviles y motos no podrán superar los 10 años y 5 años de antigüedad respectivamente.
Los vehículos deberán llevar un código QR oficial visible en el parabrisas reglamentado por el municipio. En lo inherente a los seguros la norma exige la cobertura adecuada tanto de la aplicación como del vehículo para proteger al pasajero durante el trayecto y al conductor desde que activa la plataforma.
El Ejecutivo municipal dispondrá de un plazo de 90 días para reglamentar el esquema de trámites e inscripción, mientras que los conductores contarán con 180 días de compás de espera a partir de la promulgación para completar su regularización.
La trabajadora de UBER no ocultó su preocupación por el costo económico para los choferes de adecuarse a los estándares exigidos en la ordenanza.
"Tratamos de que la antigüedad máxima fuera de 15 años, pero quedaron los 10. La gente sale a trabajar en Uber por estricta necesidad económica, para pagar la luz o el gas. Cambiar un auto o pagar un carné profesional que cuesta $ 250 mil exige un esfuerzo enorme para familias que hoy no tienen solvencia", advirtió.
Pávez puso el foco sobre dos incisos que, a su criterio, requirieron mayor debate técnico: "No quedó del todo claro qué tipo de libre de deuda se exigirá —si sólo del auto o general— y hace ruido una cláusula que impide demandar al municipio a los inscriptos. Es anticonstitucional porque todos tenemos derecho a trabajar y a reclamar si corresponde, aunque confiamos en que no será un impedimento al momento de registrarnos".
La aprobación de la ordenanza que habilita el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros en Puerto Madryn tuvo excelente recepción entre los trabajadores del sector, que aguardaban con ansias la sanción de la normativa.
Pamela Pávez, vocera de los choferes de Uber en la ciudad del Golfo, analizó el alcance de la norma y celebró el fin de la clandestinidad, además de detallar las exigencias a quienes quieran brindar el servicio.
"Finalmente la ordenanza que nos limitaba a trabajar fue derogada”, manifestó la trabajadora. “Hasta hoy funcionábamos casi a escondidas con los pasajeros, fingiendo ser familiares o amigos ante los controles de tránsito. Eso se terminó: ahora vamos a poder circular libremente con la aplicación encendida", remarcó Pávez.
En relación al proyecto aprobado por el Concejo Deliberante, la vocera de los choferes de UBER detalló los ejes técnicos y administrativos que regirán para automovilistas y motociclistas que se desempeñen en plataformas digitales.
El conductor deberá tener carnet de conducir profesional, certificado de antecedentes penales y libre de deuda municipal. Los automóviles y motos no podrán superar los 10 años y 5 años de antigüedad respectivamente.
Los vehículos deberán llevar un código QR oficial visible en el parabrisas reglamentado por el municipio. En lo inherente a los seguros la norma exige la cobertura adecuada tanto de la aplicación como del vehículo para proteger al pasajero durante el trayecto y al conductor desde que activa la plataforma.
El Ejecutivo municipal dispondrá de un plazo de 90 días para reglamentar el esquema de trámites e inscripción, mientras que los conductores contarán con 180 días de compás de espera a partir de la promulgación para completar su regularización.
La trabajadora de UBER no ocultó su preocupación por el costo económico para los choferes de adecuarse a los estándares exigidos en la ordenanza.
"Tratamos de que la antigüedad máxima fuera de 15 años, pero quedaron los 10. La gente sale a trabajar en Uber por estricta necesidad económica, para pagar la luz o el gas. Cambiar un auto o pagar un carné profesional que cuesta $ 250 mil exige un esfuerzo enorme para familias que hoy no tienen solvencia", advirtió.
Pávez puso el foco sobre dos incisos que, a su criterio, requirieron mayor debate técnico: "No quedó del todo claro qué tipo de libre de deuda se exigirá —si sólo del auto o general— y hace ruido una cláusula que impide demandar al municipio a los inscriptos. Es anticonstitucional porque todos tenemos derecho a trabajar y a reclamar si corresponde, aunque confiamos en que no será un impedimento al momento de registrarnos".