Firmas apócrifas, daño real
Por Esteban Gallo
La semana pasada se llevó a cabo el juicio contra Germán Martinelli, acusado del delito de uso de documento falso, originada por la presentación de avales con firmas presuntamente falsificadas en el marco de las elecciones de delegados de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Madryn.
En 2024, Martinelli fue el apoderado de la lista 55 color Blanca, y forma parte de un grupo de vecinos que logró cierta notoriedad en los últimos años por el ataque sistemático perpetrado en redes sociales contra la conducción de SERVICOOP.
Durante la audiencia, declararon testigos que negaron haber firmado los respaldos (en la mayoría de los casos aseguraron que no conocen al acusado), y como pruebas se presentaron firmas atribuidas a personas fallecidas. Entre los casos señalados por la Fiscalía, se encuentran asociados fallecidos en 2019, 2022 y 2023.
No hay forma de minimizar la bajeza que supone atribuir a personas muertas una voluntad que jamás pudieron expresar.
La jueza penal María Alejandra Hernández evaluará las pruebas presentadas durante el juicio y dará a conocer el veredicto el jueves próximo.
Para estos casos, las penas establecidas por la ley no se condicen con los daños que estas conductas provocan en la comunidad.
No hablamos solamente de un delito penal sino de supuestos comportamientos que quiebran valores básicos de cualquier institución democrática.
Hay que ser muy trucho para querer participar de una elección falsificando firmas, pero, además, quien lo hace, altera las reglas de la competencia y como si fuera poco, erosiona la confianza del sistema cooperativo.
El que falsifica firmas se apropia de la voluntad ajena para construir una legitimidad que no existe y hace pedazos valores fundamentales como la honestidad, la lealtad y el respeto por las reglas de convivencia institucional.
Cuando se intenta manipular una elección se afecta la credibilidad de la institución, se desalienta la participación de los asociados y se instala la sospecha sobre la legitimidad de los que resultaron electos y de las decisiones que adopten en el futuro.
Las principales banderas de la lista Blanca que tiene a Martinelli como una de sus voces cantantes, ha sido el desprestigio y la descalificación. Pero tampoco ha hecho pie en el campo de las acusaciones.
SERVICOOP acaba de ser anoticiada de los resultados de la veeduría realizada para controlar la gestión, revisar su funcionamiento y la calidad de la tarea realizada por el Consejo de Administración.
Las evaluaciones son contundentes y dan cuenta de una institución que está ordenada, que tiene sus balances aprobados, que le paga a sus proveedores en tiempo y forma y que está al día con la empresa mayorista de energía. También es un mérito haber cumplido con esas obligaciones mientras lidiaba contra un grupo de denunciadores seriales que hoy son investigados por la Justicia.
Si es declarado culpable, difícilmente haya lugar para Martinelli y sus camaradas en el mundo cooperativo, pero los ojos de la comunidad están puestos en la Justicia, cuyo fallo será trascendental para SERVICOOP y para la sociedad.
La sentencia de la jueza debería contemplar el conjunto de hechos, antecedentes y elementos que hemos puesto sobre la mesa, porque atacar a las instituciones de la comunidad y a la democracia interna de una Cooperativa no puede ser tomada a la ligera.
Cuando se falsifica la voluntad de los asociados, se manipula una elección y se atribuyen firmas a quienes ya no pueden defenderse, no solo se está cometiendo un delito, se degrada el sistema cooperativo, y eso deja una marca que no se borra de la noche a la mañana.
En ese daño inconmensurable, reside la gravedad del caso que nos ocupa.
Por Esteban Gallo
La semana pasada se llevó a cabo el juicio contra Germán Martinelli, acusado del delito de uso de documento falso, originada por la presentación de avales con firmas presuntamente falsificadas en el marco de las elecciones de delegados de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Madryn.
En 2024, Martinelli fue el apoderado de la lista 55 color Blanca, y forma parte de un grupo de vecinos que logró cierta notoriedad en los últimos años por el ataque sistemático perpetrado en redes sociales contra la conducción de SERVICOOP.
Durante la audiencia, declararon testigos que negaron haber firmado los respaldos (en la mayoría de los casos aseguraron que no conocen al acusado), y como pruebas se presentaron firmas atribuidas a personas fallecidas. Entre los casos señalados por la Fiscalía, se encuentran asociados fallecidos en 2019, 2022 y 2023.
No hay forma de minimizar la bajeza que supone atribuir a personas muertas una voluntad que jamás pudieron expresar.
La jueza penal María Alejandra Hernández evaluará las pruebas presentadas durante el juicio y dará a conocer el veredicto el jueves próximo.
Para estos casos, las penas establecidas por la ley no se condicen con los daños que estas conductas provocan en la comunidad.
No hablamos solamente de un delito penal sino de supuestos comportamientos que quiebran valores básicos de cualquier institución democrática.
Hay que ser muy trucho para querer participar de una elección falsificando firmas, pero, además, quien lo hace, altera las reglas de la competencia y como si fuera poco, erosiona la confianza del sistema cooperativo.
El que falsifica firmas se apropia de la voluntad ajena para construir una legitimidad que no existe y hace pedazos valores fundamentales como la honestidad, la lealtad y el respeto por las reglas de convivencia institucional.
Cuando se intenta manipular una elección se afecta la credibilidad de la institución, se desalienta la participación de los asociados y se instala la sospecha sobre la legitimidad de los que resultaron electos y de las decisiones que adopten en el futuro.
Las principales banderas de la lista Blanca que tiene a Martinelli como una de sus voces cantantes, ha sido el desprestigio y la descalificación. Pero tampoco ha hecho pie en el campo de las acusaciones.
SERVICOOP acaba de ser anoticiada de los resultados de la veeduría realizada para controlar la gestión, revisar su funcionamiento y la calidad de la tarea realizada por el Consejo de Administración.
Las evaluaciones son contundentes y dan cuenta de una institución que está ordenada, que tiene sus balances aprobados, que le paga a sus proveedores en tiempo y forma y que está al día con la empresa mayorista de energía. También es un mérito haber cumplido con esas obligaciones mientras lidiaba contra un grupo de denunciadores seriales que hoy son investigados por la Justicia.
Si es declarado culpable, difícilmente haya lugar para Martinelli y sus camaradas en el mundo cooperativo, pero los ojos de la comunidad están puestos en la Justicia, cuyo fallo será trascendental para SERVICOOP y para la sociedad.
La sentencia de la jueza debería contemplar el conjunto de hechos, antecedentes y elementos que hemos puesto sobre la mesa, porque atacar a las instituciones de la comunidad y a la democracia interna de una Cooperativa no puede ser tomada a la ligera.
Cuando se falsifica la voluntad de los asociados, se manipula una elección y se atribuyen firmas a quienes ya no pueden defenderse, no solo se está cometiendo un delito, se degrada el sistema cooperativo, y eso deja una marca que no se borra de la noche a la mañana.
En ese daño inconmensurable, reside la gravedad del caso que nos ocupa.