Quedó preso por violencia contra su expareja y sus hijas
La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Castro durante una audiencia de control de detención realizada en los tribunales de Trelew. El imputado está acusado de cuatro hechos ocurridos en Gaiman desde 2024, entre ellos lesiones, amenazas, daños, desobediencia y coacciones. La Justicia consideró acreditados riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.
El juez Gustavo Castro dispuso la prisión preventiva, por el plazo inicial de dos meses, para un hombre imputado por cuatro hechos vinculados con violencia de género, desobediencia a medidas judiciales y vulneración de derechos de niñas. Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en la localidad de Gaiman desde 2024 y tienen como principales víctimas a su ex pareja y a las hijas que ambos tienen en común.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de detención realizada en la sala de la Oficina Judicial, ubicada en el tercer piso de los tribunales de Trelew. En la instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Julieta Gamarra, quien expuso ante el juez los hechos atribuidos al imputado y los elementos reunidos durante la investigación.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre mantuvo una relación de aproximadamente siete años con su expareja, período que habría estado atravesado por distintas manifestaciones de violencia y agresiones. Luego de la separación, las situaciones denunciadas habrían continuado y, según lo expuesto en la audiencia, el imputado incluso habría incumplido medidas judiciales que le prohibían acercarse a las víctimas.
La investigación contempla cuatro hechos. El primero fue calificado como lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso ideal con desobediencia, en el marco de la legislación vinculada con la protección frente a la violencia familiar y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El segundo hecho está relacionado con amenazas y daños en un contexto de violencia de género, mientras que el tercero contempla amenazas en concurso real con desobediencia. El cuarto episodio fue calificado como coacciones agravadas, dirigidas a obtener una actuación o concesión por parte de agentes integrantes del organismo municipal encargado de la protección de derechos, además de coacciones agravadas en perjuicio de una profesional y desobediencia policial.
Entre las personas afectadas por las conductas investigadas también se encuentran profesionales del Servicio de Protección de Derechos de Gaiman, quienes habrían intervenido en situaciones relacionadas con las hijas del imputado.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo la existencia de distintos elementos que permitirían avanzar con la investigación y eventualmente formular una acusación en un plazo menor al establecido para la etapa investigativa. A partir de esos elementos, también planteó la existencia de riesgos procesales que podrían comprometer el desarrollo de la causa.
Finalmente, el juez Castro resolvió disponer la apertura de la investigación por un período de seis meses. Sin embargo, atendiendo a la cantidad de elementos incorporados y a la posibilidad de que la acusación pueda ser elevada antes de ese plazo, estableció inicialmente dos meses de prisión preventiva para el imputado, fundamentando la medida en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez Gustavo Castro dispuso la prisión preventiva, por el plazo inicial de dos meses, para un hombre imputado por cuatro hechos vinculados con violencia de género, desobediencia a medidas judiciales y vulneración de derechos de niñas. Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en la localidad de Gaiman desde 2024 y tienen como principales víctimas a su ex pareja y a las hijas que ambos tienen en común.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de detención realizada en la sala de la Oficina Judicial, ubicada en el tercer piso de los tribunales de Trelew. En la instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Julieta Gamarra, quien expuso ante el juez los hechos atribuidos al imputado y los elementos reunidos durante la investigación.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre mantuvo una relación de aproximadamente siete años con su expareja, período que habría estado atravesado por distintas manifestaciones de violencia y agresiones. Luego de la separación, las situaciones denunciadas habrían continuado y, según lo expuesto en la audiencia, el imputado incluso habría incumplido medidas judiciales que le prohibían acercarse a las víctimas.
La investigación contempla cuatro hechos. El primero fue calificado como lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso ideal con desobediencia, en el marco de la legislación vinculada con la protección frente a la violencia familiar y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El segundo hecho está relacionado con amenazas y daños en un contexto de violencia de género, mientras que el tercero contempla amenazas en concurso real con desobediencia. El cuarto episodio fue calificado como coacciones agravadas, dirigidas a obtener una actuación o concesión por parte de agentes integrantes del organismo municipal encargado de la protección de derechos, además de coacciones agravadas en perjuicio de una profesional y desobediencia policial.
Entre las personas afectadas por las conductas investigadas también se encuentran profesionales del Servicio de Protección de Derechos de Gaiman, quienes habrían intervenido en situaciones relacionadas con las hijas del imputado.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo la existencia de distintos elementos que permitirían avanzar con la investigación y eventualmente formular una acusación en un plazo menor al establecido para la etapa investigativa. A partir de esos elementos, también planteó la existencia de riesgos procesales que podrían comprometer el desarrollo de la causa.
Finalmente, el juez Castro resolvió disponer la apertura de la investigación por un período de seis meses. Sin embargo, atendiendo a la cantidad de elementos incorporados y a la posibilidad de que la acusación pueda ser elevada antes de ese plazo, estableció inicialmente dos meses de prisión preventiva para el imputado, fundamentando la medida en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.