La investigación por el homicidio de Nino Villarroel, ocurrido en marzo de este año en Kilómetro 5 en Comodoro Rivadavia, ingresó en su etapa final. A aproximadamente dos semanas de que concluya el plazo de seis meses de la investigación penal preparatoria, el fiscal Facundo Oribones aseguró que cuentan con evidencia suficiente para avanzar hacia la presentación de la acusación.
En diálogo con Jornada Radio, el fiscal también aclaró una de las cuestiones que había generado inquietud entre los familiares de la víctima: por el momento no existe ninguna negociación formal con la defensa para concretar un juicio abreviado. “Quedan aproximadamente dos semanas para culminar con la investigación penal preparatoria, que dura seis meses. Es el tiempo que tenemos desde la Fiscalía para juntar evidencia. Entendemos que venimos a buen paso, con buen ritmo”, explicó Oribones.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público Fiscal, durante estos meses se incorporaron diferentes elementos que fortalecieron la hipótesis de la acusación. “Hemos recolectado imágenes de distintas cámaras de seguridad del barrio, también evidencia genética dentro de la casa del señor Villarroel, que señalan e indican que habría una sola persona, que es, en principio, la persona que está detenida”, detalló. El imputado permanece actualmente cumpliendo prisión preventiva.
Uno de los principales puntos abordados por Oribones estuvo relacionado con las declaraciones de René, hermano de Nino Villarroel, quien había manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la causa pudiera resolverse mediante un juicio abreviado cuando la familia pretende que se avance hacia una condena a prisión perpetua. El fiscal explicó que existió una confusión y remarcó que su obligación fue informar a la familia sobre todos los caminos procesales que podrían abrirse una vez presentada la acusación. “Todavía no hay negociaciones con el defensor del imputado. Lo que hice fue adelantarme y explicarle lo que podía llegar a pasar a futuro”, aclaró.
Según explicó, una vez presentada la acusación deberá realizarse una audiencia intermedia ante un juez profesional. Allí se determinará si existe evidencia suficiente para que el expediente avance hacia un juicio. En caso de llegar a esa instancia, intervendrá un jurado popular que tendrá la responsabilidad de determinar la culpabilidad o no del acusado.
Oribones recordó que, hasta que exista una resolución judicial, el imputado mantiene su estado constitucional de inocencia y corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas necesarias para derribarlo. “Como yo siempre digo, el imputado cuenta con un estado constitucional de inocencia que es la Fiscalía la encargada de derribar”, sostuvo.
La acusación
El fiscal confirmó que la calificación legal sostenida actualmente por el Ministerio Público Fiscal contempla una única pena posible: prisión perpetua. Sin embargo, explicó a la familia que un eventual juicio por jurados también presenta diferentes escenarios. El jurado podría entender que la Fiscalía no logró acreditar todos los elementos necesarios de la figura penal originalmente planteada y considerar una calificación menor. “Lo cierto es que la calificación por la que nosotros imputamos tiene una única pena de prisión perpetua”, indicó Oribones.
No obstante, agregó que durante el juicio “el jurado popular puede entender que la Fiscalía no acreditó todos los elementos necesarios para esa calificación” y optar, por ejemplo, por un homicidio simple, cuya escala penal contempla entre 8 y 25 años de prisión. Fue dentro de esa explicación donde apareció la posibilidad de un juicio abreviado. Oribones insistió en que se trata únicamente de un escenario procesal posible y no de una negociación actualmente en marcha.
“Todo esto es casi hipotético, porque todavía no hay negociaciones formales con el imputado ni con el defensor, porque todavía no hay una pieza acusatoria”, remarcó. Además, explicó que antes de cualquier eventual negociación la defensa debe conocer formalmente la totalidad de las pruebas reunidas durante la investigación. “Para que haya una suerte de oferta o negociación, el defensor tiene que tener acceso a toda la evidencia que colectó la Fiscalía y va a tener acceso una vez que nosotros presentemos esa acusación”, precisó.
Un vínculo previo y una deuda
La investigación también permitió establecer que existía un vínculo previo entre Nino Villarroel y el acusado. Según Oribones, ambos mantenían “una especie de amistad” y también existía una deuda que habría sido reconocida por el propio imputado. Ese vínculo es uno de los elementos que permitiría explicar por qué el acusado pudo ingresar a la vivienda de Villarroel sin necesidad de violentar puertas, ventanas o cerraduras. “Esa es la confianza que existía para que él haya ingresado a la vivienda sin dañar ningún tipo de abertura ni cerradura”, explicó el fiscal.
De todas maneras, no se estableció públicamente como definitivo que esa deuda haya constituido el móvil del homicidio. Una vez agotado el plazo de investigación, el Ministerio Público Fiscal presentará formalmente la acusación y posteriormente la Oficina Judicial deberá establecer la fecha de la audiencia intermedia. En dicha instancia podrán plantearse cuestionamientos de la defensa, discutirse un eventual pedido de sobreseimiento y determinarse qué evidencia será admitida para un futuro juicio.
Si finalmente la causa es elevada a juicio por jurados, se conformará un tribunal integrado por vecinos. Oribones explicó que anualmente se sortean alrededor de 300 personas del padrón electoral para integrar el listado de potenciales jurados. Para cada juicio se realiza una nueva selección de aproximadamente 80 personas hasta llegar a los 12 jurados titulares, integrados por seis mujeres y seis hombres, además de los correspondientes suplentes.
La investigación por el homicidio de Nino Villarroel, ocurrido en marzo de este año en Kilómetro 5 en Comodoro Rivadavia, ingresó en su etapa final. A aproximadamente dos semanas de que concluya el plazo de seis meses de la investigación penal preparatoria, el fiscal Facundo Oribones aseguró que cuentan con evidencia suficiente para avanzar hacia la presentación de la acusación.
En diálogo con Jornada Radio, el fiscal también aclaró una de las cuestiones que había generado inquietud entre los familiares de la víctima: por el momento no existe ninguna negociación formal con la defensa para concretar un juicio abreviado. “Quedan aproximadamente dos semanas para culminar con la investigación penal preparatoria, que dura seis meses. Es el tiempo que tenemos desde la Fiscalía para juntar evidencia. Entendemos que venimos a buen paso, con buen ritmo”, explicó Oribones.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público Fiscal, durante estos meses se incorporaron diferentes elementos que fortalecieron la hipótesis de la acusación. “Hemos recolectado imágenes de distintas cámaras de seguridad del barrio, también evidencia genética dentro de la casa del señor Villarroel, que señalan e indican que habría una sola persona, que es, en principio, la persona que está detenida”, detalló. El imputado permanece actualmente cumpliendo prisión preventiva.
Uno de los principales puntos abordados por Oribones estuvo relacionado con las declaraciones de René, hermano de Nino Villarroel, quien había manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la causa pudiera resolverse mediante un juicio abreviado cuando la familia pretende que se avance hacia una condena a prisión perpetua. El fiscal explicó que existió una confusión y remarcó que su obligación fue informar a la familia sobre todos los caminos procesales que podrían abrirse una vez presentada la acusación. “Todavía no hay negociaciones con el defensor del imputado. Lo que hice fue adelantarme y explicarle lo que podía llegar a pasar a futuro”, aclaró.
Según explicó, una vez presentada la acusación deberá realizarse una audiencia intermedia ante un juez profesional. Allí se determinará si existe evidencia suficiente para que el expediente avance hacia un juicio. En caso de llegar a esa instancia, intervendrá un jurado popular que tendrá la responsabilidad de determinar la culpabilidad o no del acusado.
Oribones recordó que, hasta que exista una resolución judicial, el imputado mantiene su estado constitucional de inocencia y corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas necesarias para derribarlo. “Como yo siempre digo, el imputado cuenta con un estado constitucional de inocencia que es la Fiscalía la encargada de derribar”, sostuvo.
La acusación
El fiscal confirmó que la calificación legal sostenida actualmente por el Ministerio Público Fiscal contempla una única pena posible: prisión perpetua. Sin embargo, explicó a la familia que un eventual juicio por jurados también presenta diferentes escenarios. El jurado podría entender que la Fiscalía no logró acreditar todos los elementos necesarios de la figura penal originalmente planteada y considerar una calificación menor. “Lo cierto es que la calificación por la que nosotros imputamos tiene una única pena de prisión perpetua”, indicó Oribones.
No obstante, agregó que durante el juicio “el jurado popular puede entender que la Fiscalía no acreditó todos los elementos necesarios para esa calificación” y optar, por ejemplo, por un homicidio simple, cuya escala penal contempla entre 8 y 25 años de prisión. Fue dentro de esa explicación donde apareció la posibilidad de un juicio abreviado. Oribones insistió en que se trata únicamente de un escenario procesal posible y no de una negociación actualmente en marcha.
“Todo esto es casi hipotético, porque todavía no hay negociaciones formales con el imputado ni con el defensor, porque todavía no hay una pieza acusatoria”, remarcó. Además, explicó que antes de cualquier eventual negociación la defensa debe conocer formalmente la totalidad de las pruebas reunidas durante la investigación. “Para que haya una suerte de oferta o negociación, el defensor tiene que tener acceso a toda la evidencia que colectó la Fiscalía y va a tener acceso una vez que nosotros presentemos esa acusación”, precisó.
Un vínculo previo y una deuda
La investigación también permitió establecer que existía un vínculo previo entre Nino Villarroel y el acusado. Según Oribones, ambos mantenían “una especie de amistad” y también existía una deuda que habría sido reconocida por el propio imputado. Ese vínculo es uno de los elementos que permitiría explicar por qué el acusado pudo ingresar a la vivienda de Villarroel sin necesidad de violentar puertas, ventanas o cerraduras. “Esa es la confianza que existía para que él haya ingresado a la vivienda sin dañar ningún tipo de abertura ni cerradura”, explicó el fiscal.
De todas maneras, no se estableció públicamente como definitivo que esa deuda haya constituido el móvil del homicidio. Una vez agotado el plazo de investigación, el Ministerio Público Fiscal presentará formalmente la acusación y posteriormente la Oficina Judicial deberá establecer la fecha de la audiencia intermedia. En dicha instancia podrán plantearse cuestionamientos de la defensa, discutirse un eventual pedido de sobreseimiento y determinarse qué evidencia será admitida para un futuro juicio.
Si finalmente la causa es elevada a juicio por jurados, se conformará un tribunal integrado por vecinos. Oribones explicó que anualmente se sortean alrededor de 300 personas del padrón electoral para integrar el listado de potenciales jurados. Para cada juicio se realiza una nueva selección de aproximadamente 80 personas hasta llegar a los 12 jurados titulares, integrados por seis mujeres y seis hombres, además de los correspondientes suplentes.