La amenazó de muerte e ignoró las restricciones: terminó preso
La Justicia imputó a un hombre acusado de hostigar de manera sistemática a una mujer que rechazó mantener una relación con él. Pese a las prohibiciones de acercamiento y al monitoreo con tobillera electrónica, continuó persiguiéndola, intimidándola y desobedeciendo las órdenes judiciales.
Un hombre acusado de ejercer una persistente violencia de género contra una mujer fue enviado a prisión preventiva por tres meses luego de que la Justicia considerara que incumplió reiteradamente las medidas de protección dictadas para resguardar a la víctima y que ninguna de las restricciones impuestas logró detener su conducta.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de detención realizada en Trelew, donde la fiscal general Julieta Gamarra formalizó la apertura de una nueva investigación por una serie de hechos ocurridos desde comienzos de julio.
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó en mayo, cuando el imputado no aceptó el rechazo de la mujer a iniciar una relación de pareja y comenzó una escalada de hostigamientos que incluyó persecuciones, amenazas, daños, hurtos y reiteradas desobediencias a las órdenes judiciales.
La causa ya había avanzado con una acusación por cuatro hechos delictivos y la imposición de prohibiciones de acercamiento y contacto. Sin embargo, el acusado incumplió esas restricciones en varias oportunidades, situación que motivó una primera prisión preventiva, luego reemplazada por arresto domiciliario y, finalmente, por la utilización de una tobillera electrónica con sistema de monitoreo dual.
Ese beneficio fue otorgado porque el hombre es el único cuidador de un niño con una grave condición de salud. Aun así, la Fiscalía sostuvo que volvió a violar todas las condiciones impuestas.
De acuerdo con la acusación, desde el 1 de julio protagonizó al menos cinco nuevos episodios de persecución. Se acercó al lugar de trabajo de la víctima, al gimnasio que frecuenta e incluso al domicilio de un amigo. En una de esas situaciones le gritó que la iba a matar si no le devolvía sus pertenencias.
La investigación también reveló que publicó fotografías de la mujer en distintas aplicaciones, profundizando el hostigamiento y el temor de la víctima, quien terminó modificando sus rutinas y cambiando de domicilio para intentar escapar de la persecución.
Las fiscales Julieta Gamarra y Claudia Ibáñez solicitaron la prisión preventiva al sostener que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La imputación provisoria comprende cinco hechos de desobediencia judicial, uno de ellos en concurso ideal con amenazas, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Al resolver, la jueza Mirta Moreno consideró acreditada la probabilidad de autoría y remarcó que el imputado desoyó de manera sistemática todas las medidas que la Justicia había dispuesto para proteger a la víctima. Señaló además que el hostigamiento fue de tal magnitud que alteró por completo la vida cotidiana de la mujer, quien debió cambiar de domicilio por temor a nuevas agresiones.
Con esos argumentos, la magistrada ordenó la apertura formal de la investigación y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva durante los próximos tres meses.
Un hombre acusado de ejercer una persistente violencia de género contra una mujer fue enviado a prisión preventiva por tres meses luego de que la Justicia considerara que incumplió reiteradamente las medidas de protección dictadas para resguardar a la víctima y que ninguna de las restricciones impuestas logró detener su conducta.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de detención realizada en Trelew, donde la fiscal general Julieta Gamarra formalizó la apertura de una nueva investigación por una serie de hechos ocurridos desde comienzos de julio.
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó en mayo, cuando el imputado no aceptó el rechazo de la mujer a iniciar una relación de pareja y comenzó una escalada de hostigamientos que incluyó persecuciones, amenazas, daños, hurtos y reiteradas desobediencias a las órdenes judiciales.
La causa ya había avanzado con una acusación por cuatro hechos delictivos y la imposición de prohibiciones de acercamiento y contacto. Sin embargo, el acusado incumplió esas restricciones en varias oportunidades, situación que motivó una primera prisión preventiva, luego reemplazada por arresto domiciliario y, finalmente, por la utilización de una tobillera electrónica con sistema de monitoreo dual.
Ese beneficio fue otorgado porque el hombre es el único cuidador de un niño con una grave condición de salud. Aun así, la Fiscalía sostuvo que volvió a violar todas las condiciones impuestas.
De acuerdo con la acusación, desde el 1 de julio protagonizó al menos cinco nuevos episodios de persecución. Se acercó al lugar de trabajo de la víctima, al gimnasio que frecuenta e incluso al domicilio de un amigo. En una de esas situaciones le gritó que la iba a matar si no le devolvía sus pertenencias.
La investigación también reveló que publicó fotografías de la mujer en distintas aplicaciones, profundizando el hostigamiento y el temor de la víctima, quien terminó modificando sus rutinas y cambiando de domicilio para intentar escapar de la persecución.
Las fiscales Julieta Gamarra y Claudia Ibáñez solicitaron la prisión preventiva al sostener que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La imputación provisoria comprende cinco hechos de desobediencia judicial, uno de ellos en concurso ideal con amenazas, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Al resolver, la jueza Mirta Moreno consideró acreditada la probabilidad de autoría y remarcó que el imputado desoyó de manera sistemática todas las medidas que la Justicia había dispuesto para proteger a la víctima. Señaló además que el hostigamiento fue de tal magnitud que alteró por completo la vida cotidiana de la mujer, quien debió cambiar de domicilio por temor a nuevas agresiones.
Con esos argumentos, la magistrada ordenó la apertura formal de la investigación y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva durante los próximos tres meses.