"Las cárceles de Chubut son call center para cometer delitos"
La diputada provincial María Andrea Aguilera confirmó la ronda de reuniones en Legislatura para discutir el proyecto de ley que restringe el uso de celulares en establecimientos de detención, en medio de la preocupación por el crecimiento de estafas virtuales que se originan desde lugares de encierro.
La iniciativa surge a partir de un diagnóstico concreto elaborado junto al Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo provincial. “Partimos de las estafas y los delitos que se cometen en lugares de encierro. Una gran cantidad de denuncias que debe atender el Ministerio Público por estafas virtuales o sextorsión, provienen de los IP de los establecimientos de detención”.
Aguilera fue categórica al describir el funcionamiento actual dentro de las cárceles: “Lo que hay dentro de los establecimientos carcelarios y de los establecimientos de detención de“Call centers” para cometer delitos”.
“Son 24 horas que están destinadas a identificar personas, seguirlas, establecer contacto, y a partir de ahí comenzar con unraid delictivo de estafas virtuales de todo tipo a través de perfiles falsos”. La diputada remarcó que el proyecto no busca cortar la comunicación de los detenidos, sino ordenar y limitar los canales digitales que hoy permiten la comisión de delitos con un reglamento”.
Regulación y no prohibición
En esa línea, explicó el alcance de la medida: “Se prohíbe la clandestinidad, se prohíbe el uso de celulares, dispositivos móviles, la tenencia de chips y demás que puedan permitir que cualquier detenido pueda acceder a Internet, a Instagram, a redes sociales”.
“La comunicación tiene que estar arreglada y tiene que ser oficial; con líneas telefónicas, no con acceso a Wi-Fi o a redes, y con horarios que sean los establecidos por los establecimientos carcelarios”.Aguilera contextualizó el origen del problema en decisiones adoptadas durante la pandemia. “La pandemia habilitó, permitió, facilitó que las personas privadas de libertad tuvieran dispositivos a los efectos de poder comunicarse con sus familias. Después se desvirtuó”.
Indicó que los números oficiales no reflejan la totalidad de los casos: “En 2025 hubo más de 60 denuncias. Es undelito que habitualmente la gente no denuncia porque no se da cuenta. O en el caso de la "sextorsiones", porque no quieren verse expuestos a esa situación”.
El proyecto comenzará a discutirse en comisiones con participación de distintos actores institucionales. “Haremos reuniones informativas los días 30 y 8. Invitamos al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de la Defensa Pública, al Ministerio de Seguridad y Gobierno, a las autoridades de los centros de detención”. Y resaltó la creación de un formulario de participación ciudadana en el que se puede acceder y exponer posiciones mediante un formulario de Google desde la web de la Legislatura.
La legisladora defendió la viabilidad constitucional del proyecto. “No hay ningún derecho constitucional afectado. Simplemente se evitael delito y se protegea las víctimas. El derecho a estar comunicados tiene que tener como límite el acceso irrestricto a Wi-Fi y a redes sociales, que lo único que hacen es desviar este derecho y utilizarlo para cometer delitos”.
La iniciativa surge a partir de un diagnóstico concreto elaborado junto al Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo provincial. “Partimos de las estafas y los delitos que se cometen en lugares de encierro. Una gran cantidad de denuncias que debe atender el Ministerio Público por estafas virtuales o sextorsión, provienen de los IP de los establecimientos de detención”.
Aguilera fue categórica al describir el funcionamiento actual dentro de las cárceles: “Lo que hay dentro de los establecimientos carcelarios y de los establecimientos de detención de“Call centers” para cometer delitos”.
“Son 24 horas que están destinadas a identificar personas, seguirlas, establecer contacto, y a partir de ahí comenzar con unraid delictivo de estafas virtuales de todo tipo a través de perfiles falsos”. La diputada remarcó que el proyecto no busca cortar la comunicación de los detenidos, sino ordenar y limitar los canales digitales que hoy permiten la comisión de delitos con un reglamento”.
Regulación y no prohibición
En esa línea, explicó el alcance de la medida: “Se prohíbe la clandestinidad, se prohíbe el uso de celulares, dispositivos móviles, la tenencia de chips y demás que puedan permitir que cualquier detenido pueda acceder a Internet, a Instagram, a redes sociales”.
“La comunicación tiene que estar arreglada y tiene que ser oficial; con líneas telefónicas, no con acceso a Wi-Fi o a redes, y con horarios que sean los establecidos por los establecimientos carcelarios”.Aguilera contextualizó el origen del problema en decisiones adoptadas durante la pandemia. “La pandemia habilitó, permitió, facilitó que las personas privadas de libertad tuvieran dispositivos a los efectos de poder comunicarse con sus familias. Después se desvirtuó”.
Indicó que los números oficiales no reflejan la totalidad de los casos: “En 2025 hubo más de 60 denuncias. Es undelito que habitualmente la gente no denuncia porque no se da cuenta. O en el caso de la "sextorsiones", porque no quieren verse expuestos a esa situación”.
El proyecto comenzará a discutirse en comisiones con participación de distintos actores institucionales. “Haremos reuniones informativas los días 30 y 8. Invitamos al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de la Defensa Pública, al Ministerio de Seguridad y Gobierno, a las autoridades de los centros de detención”. Y resaltó la creación de un formulario de participación ciudadana en el que se puede acceder y exponer posiciones mediante un formulario de Google desde la web de la Legislatura.
La legisladora defendió la viabilidad constitucional del proyecto. “No hay ningún derecho constitucional afectado. Simplemente se evitael delito y se protegea las víctimas. El derecho a estar comunicados tiene que tener como límite el acceso irrestricto a Wi-Fi y a redes sociales, que lo único que hacen es desviar este derecho y utilizarlo para cometer delitos”.