De boca en boca y #Satirita
El intendente de Rawson, Damián Biss, denunció "operaciones" para desestabilizarlo. "No nos van a disciplinar ni económica, ni política ni judicialmente", dijo. Problemas con la adjudicación de 5.000 hectáreas en Tecka. Criterios diferentes en Tribunales y una diputada que cuestionó a Carlos Mantegna. Un concejal cantor. Y más.
El intendente de Rawson, Damián Biss, no se guardó nada. En una conferencia de prensa, so pretexto de aclarar cuestiones administrativas y acuerdos de pagos extrajudiciales con acreedores de la anteriorgestión, anunció que dejarán de operar con el Banco del Chubut.
Argumentando que "estas operaciones" deben "tener un límite", el jefe municipal rawsense sostuvo que estas denuncias penales (una hacia su persona) "buscan generar un efecto político y condiciones en las decisiones que hemos tomado".
"¡Mamita!¡Lo que nos espera como comunidad y en estos dos años que nos quedan en la Municipalidad!", expresó.
Agregando que "los actores son siempre los mismos y que tienen vínculos politicos", informó que "desde mediados de eneroRawson no cobra un peso de Provincia, extrañamente" y que a raíz de la falta de herramientas financieras del Banco del Chubut"nos vimos obligados a operar con otros tres bancos".
Tras cuestionar la falta de respuestas por un crédito provincial para un ordenamiento en el puerto con la feria municipal, indicó que "espero que no sea consecuencia de alguna reacción politica como la renuncia de la diputada Mariela Tamame al bloque oficialista".
Finalmente dijo que "no nos van a disciplinar ni económica, ni politica ni judicialmente y denunciaremos ante la Justicia quienes están atrás con toda la documentación; utilizar los servicios de la Justicia para esto es una barbaridady tiene que haber consecuencias".
5.000 hectáreas bajo la lupa
En los corrillos políticos del oeste chubutense hay un tema que empieza a incomodar fuerte, y que ya dejó de ser un simple rumor. Se habla de la Resolución Nº 155 del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), mediante la cual se habrían adjudicado cerca de 5.000 hectáreas de tierras fiscales en la zona de Tecka.
Hasta ahípodría tratarse de un trámite más. Peroel dato que enciende todas las alarmas es el perfil de las beneficiarias: dos ciudadanas uruguayas, sin residencia en la provincia y -según se comenta- sin haber vivido nunca en Chubut. Un cuadro quede confirmarsechocaría de lleno con los requisitos básicos que impone la propia ley del IAC.
Lo que más sorprende en voz baja es otra versión que empieza a ganar terreno: que la resolución habría sido firmada “sin advertir” el alcance de lo que se estaba aprobando. Una hipótesis que lejos de tranquilizar, abre interrogantes aún más delicados sobre los controles internos, y la responsabilidad de quienes deben resguardar el patrimonio público.
En una provincia donde el acceso a la tierra es un reclamo histórico de productores locales, la idea de que miles de hectáreas terminen en manos de personas que no cumplen los requisitos legalesno pasa desapercibida, opinan algunos.
Por ahora, silencio oficial. Pero en Tecka, y cada vez en más despachos, la pregunta ya no es si pasó sino cómo pudo pasar. Lo rescatable es que el organismo no alcanzó a entregar el título de las tierras porque entró una medida cautelar.
Pasan cosas en Tribunales
En Tribunales siempre pasan cosas. A fines de febrero, el fiscal jefe de Trelew Omar Rodríguez presentó su acusación por un caso penal a través del SERCONEX, el sistema digital del Poder Judicial. La defensora del caso, Mariel Suárez, contestó la acusación por el mismo medio. Hasta allí, lo habitual.
Pero tras revisar el material, la jueza Mirta Moreno puso serias dudas acerca de quién había escrito los documentos. Y es que aunque el sistema identificaba a Rodríguez como el remitente, al escrito lo firmaba la funcionaria Florencia Palucchini. Moreno advirtió que la misma persona que sube el material debe rubricarlo para garantizar la “seguridad jurídica” del proceso.
“Dicha irregularidad adquiere una gravedad institucional mayor tratándose de la acusación fiscal, pieza procesal que debe ser obligatoriamente suscripta firmada por el fiscal responsable del caso”. Es decir: si un funcionario firma el escrito pero lo sube otro, “generan una incertidumbre absoluta sobre la voluntad del acto”.
En cuanto a la presentación de Suárez, “carece de firma electrónica o digital, lo que la torna en un instrumento jurídicamente inexistente”.
Moreno fue más allá y escribió que ambos documentos son “actos apócrifos” por carecer de los requisitos mínimos de autenticidad.
También hubo un palito para la Oficina Judicial: “Tiene el deber ineludible de control respecto de la admisibilidad formal de las presentaciones. Esta función no es una mera recepción mecánica, sino una validación de los estándares de autoría”.
“La praxis diaria administrativa no puede, so pretexto de celeridad, flexibilizar los requisitos legales de validez”. O sea, no puede dejarse pasar cualquier documento en nombre de la rapidez del trámite.
La magistrada resolvió “observar” las presentaciones electrónicas de Rodríguez y Suarez y les dio 48 horas para corregirlas. Y le pidió a la Oficina Judicial “extremar los controles de validación de autoría y firma, debiendo abstenerse de dar curso a presentaciones digitales apócrifas o que no permitan constatar su debida autenticidad”.
La respuesta
La decisión de la jueza no cayó bien ni en Rodríguez ni en Suárez, que impugnaron la resolución. Le tocó al juez Marcos Nápoli, que para resolver el chispazo tuvo una reunión informativa con el Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia.
Concluyó que cuando se sube un escrito al SERCONEX “el sistema reconoce que el usuario se encuentra habilitado para ello y se presume su autenticidad”.
“La Ley XIII 21 de nuestra provincia impulsa el uso de tecnologías de la información en todos los procesos judiciales buscando mejorar la eficiencia y celeridad de los trámites ante el Poder Judicial. Y habilita el uso de firma electrónica o digital para expedientes y documentos judiciales”.
Por eso tanto la acusación fiscal como la contestación de la defensa “reúnen los requisitos legales para considerarse válidas y debidamente presentadas”.
Nápoli revocó la decisión de Moreno y ordenó que la causa siga sin necesidad de corregir nada.
Escándalos judiciales
Las pasadas fueron semanas difíciles para los integrantes del Poder Judicial en Chubut por la sucesión de hechos que generaron la bronca y el repudio de parte de la sociedad hacia integrantes de ese “poder del Estado”
Primero la supuesta coima hacia una fiscal recibida por un abogado que a su vez forma parte de la Fiscalía de Estado y luego la fuga de un peligrosísimo asesino condenado que logró evadir a la policía porque un juez le otorgó el beneficio de ir al consultorio de su psicólogo desde donde huyó.
Como fue una semana “caliente” para la justicia en Chubut, que mejor que el presidente del Superior Tribunal de Justicia para reflexionar sobre el tema. Pero el ministro Javier Raidan no quiere emitir juicio porque, según explicó, “no puede avanzar porque probablemente tenga que resolver sobre el mismo”.
“Entonces, generar una crítica o dar una opinión respecto de este temasería adelantar opinión de mi parte y puedo ser recusado o que me pidan que me excuse, con lo cual no voy a emitir opinión.Y cuando llegue el momento resolveremos y lo haremos por escrito, como venimos haciendo en todos los casos”.
Lo mandó al frente
Durante la sesión de la Legislatura del pasado jueves 19, quedó aprobado el régimen especial de retiro para los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Ellos no podían jubilarse porque el propio Estado no los había blanqueado hasta el año 2009 y no les alcanzaba la antigüedad a pesar de tener la edad para el retiro.
En un principio había dos proyectos con el mismo objetivo, pero con variaciones en el articulado, finalmente se llegó a una redacción final con el consenso de todos los legisladores, menos 1, el representante de la Izquierda, que votó en contra.
Durante las exposiciones, la diputada Mariela Williams, resaltó que finalmente se haya podido llegar a esta resolución porque era un problema que conocían desde hace años. Incluso, recordó que, durante su mandato anterior en la banca (del 2019 al 2023), trabajó con un proyecto de características similares que no pudo avanzar por la oposición al mismo de “una sola persona”, dijo "Carlos Mantegna".
Según explicó, quien fuera presidente de Seros aseguraba que este tipo de medidas perjudicaba directamente a la Caja del ISSyS.
Siguiendo la luna
Al concejal de TrelewMartín Luna se lo vio muy compenetrado en un karaoke en un bodegóncantando el tema “Siguiendo la luna”. Con voz aguda, el tema original de Los Fabulosos Cadillacs fue maltratado por el edil que anunció, hace poco tiempo, su alejamiento del bloque oficialista para conformar uno unipersonal llamado “Trelew avanza” bajo la idea que la política macroeconómica nacional es la adecuada. Luna había sido denunciado en el 2024 de conectar clandestinamente energía a tres dúplex de su propiedad.
El intendente de Rawson, Damián Biss, no se guardó nada. En una conferencia de prensa, so pretexto de aclarar cuestiones administrativas y acuerdos de pagos extrajudiciales con acreedores de la anteriorgestión, anunció que dejarán de operar con el Banco del Chubut.
Argumentando que "estas operaciones" deben "tener un límite", el jefe municipal rawsense sostuvo que estas denuncias penales (una hacia su persona) "buscan generar un efecto político y condiciones en las decisiones que hemos tomado".
"¡Mamita!¡Lo que nos espera como comunidad y en estos dos años que nos quedan en la Municipalidad!", expresó.
Agregando que "los actores son siempre los mismos y que tienen vínculos politicos", informó que "desde mediados de eneroRawson no cobra un peso de Provincia, extrañamente" y que a raíz de la falta de herramientas financieras del Banco del Chubut"nos vimos obligados a operar con otros tres bancos".
Tras cuestionar la falta de respuestas por un crédito provincial para un ordenamiento en el puerto con la feria municipal, indicó que "espero que no sea consecuencia de alguna reacción politica como la renuncia de la diputada Mariela Tamame al bloque oficialista".
Finalmente dijo que "no nos van a disciplinar ni económica, ni politica ni judicialmente y denunciaremos ante la Justicia quienes están atrás con toda la documentación; utilizar los servicios de la Justicia para esto es una barbaridady tiene que haber consecuencias".
5.000 hectáreas bajo la lupa
En los corrillos políticos del oeste chubutense hay un tema que empieza a incomodar fuerte, y que ya dejó de ser un simple rumor. Se habla de la Resolución Nº 155 del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), mediante la cual se habrían adjudicado cerca de 5.000 hectáreas de tierras fiscales en la zona de Tecka.
Hasta ahípodría tratarse de un trámite más. Peroel dato que enciende todas las alarmas es el perfil de las beneficiarias: dos ciudadanas uruguayas, sin residencia en la provincia y -según se comenta- sin haber vivido nunca en Chubut. Un cuadro quede confirmarsechocaría de lleno con los requisitos básicos que impone la propia ley del IAC.
Lo que más sorprende en voz baja es otra versión que empieza a ganar terreno: que la resolución habría sido firmada “sin advertir” el alcance de lo que se estaba aprobando. Una hipótesis que lejos de tranquilizar, abre interrogantes aún más delicados sobre los controles internos, y la responsabilidad de quienes deben resguardar el patrimonio público.
En una provincia donde el acceso a la tierra es un reclamo histórico de productores locales, la idea de que miles de hectáreas terminen en manos de personas que no cumplen los requisitos legalesno pasa desapercibida, opinan algunos.
Por ahora, silencio oficial. Pero en Tecka, y cada vez en más despachos, la pregunta ya no es si pasó sino cómo pudo pasar. Lo rescatable es que el organismo no alcanzó a entregar el título de las tierras porque entró una medida cautelar.
Pasan cosas en Tribunales
En Tribunales siempre pasan cosas. A fines de febrero, el fiscal jefe de Trelew Omar Rodríguez presentó su acusación por un caso penal a través del SERCONEX, el sistema digital del Poder Judicial. La defensora del caso, Mariel Suárez, contestó la acusación por el mismo medio. Hasta allí, lo habitual.
Pero tras revisar el material, la jueza Mirta Moreno puso serias dudas acerca de quién había escrito los documentos. Y es que aunque el sistema identificaba a Rodríguez como el remitente, al escrito lo firmaba la funcionaria Florencia Palucchini. Moreno advirtió que la misma persona que sube el material debe rubricarlo para garantizar la “seguridad jurídica” del proceso.
“Dicha irregularidad adquiere una gravedad institucional mayor tratándose de la acusación fiscal, pieza procesal que debe ser obligatoriamente suscripta firmada por el fiscal responsable del caso”. Es decir: si un funcionario firma el escrito pero lo sube otro, “generan una incertidumbre absoluta sobre la voluntad del acto”.
En cuanto a la presentación de Suárez, “carece de firma electrónica o digital, lo que la torna en un instrumento jurídicamente inexistente”.
Moreno fue más allá y escribió que ambos documentos son “actos apócrifos” por carecer de los requisitos mínimos de autenticidad.
También hubo un palito para la Oficina Judicial: “Tiene el deber ineludible de control respecto de la admisibilidad formal de las presentaciones. Esta función no es una mera recepción mecánica, sino una validación de los estándares de autoría”.
“La praxis diaria administrativa no puede, so pretexto de celeridad, flexibilizar los requisitos legales de validez”. O sea, no puede dejarse pasar cualquier documento en nombre de la rapidez del trámite.
La magistrada resolvió “observar” las presentaciones electrónicas de Rodríguez y Suarez y les dio 48 horas para corregirlas. Y le pidió a la Oficina Judicial “extremar los controles de validación de autoría y firma, debiendo abstenerse de dar curso a presentaciones digitales apócrifas o que no permitan constatar su debida autenticidad”.
La respuesta
La decisión de la jueza no cayó bien ni en Rodríguez ni en Suárez, que impugnaron la resolución. Le tocó al juez Marcos Nápoli, que para resolver el chispazo tuvo una reunión informativa con el Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia.
Concluyó que cuando se sube un escrito al SERCONEX “el sistema reconoce que el usuario se encuentra habilitado para ello y se presume su autenticidad”.
“La Ley XIII 21 de nuestra provincia impulsa el uso de tecnologías de la información en todos los procesos judiciales buscando mejorar la eficiencia y celeridad de los trámites ante el Poder Judicial. Y habilita el uso de firma electrónica o digital para expedientes y documentos judiciales”.
Por eso tanto la acusación fiscal como la contestación de la defensa “reúnen los requisitos legales para considerarse válidas y debidamente presentadas”.
Nápoli revocó la decisión de Moreno y ordenó que la causa siga sin necesidad de corregir nada.
Escándalos judiciales
Las pasadas fueron semanas difíciles para los integrantes del Poder Judicial en Chubut por la sucesión de hechos que generaron la bronca y el repudio de parte de la sociedad hacia integrantes de ese “poder del Estado”
Primero la supuesta coima hacia una fiscal recibida por un abogado que a su vez forma parte de la Fiscalía de Estado y luego la fuga de un peligrosísimo asesino condenado que logró evadir a la policía porque un juez le otorgó el beneficio de ir al consultorio de su psicólogo desde donde huyó.
Como fue una semana “caliente” para la justicia en Chubut, que mejor que el presidente del Superior Tribunal de Justicia para reflexionar sobre el tema. Pero el ministro Javier Raidan no quiere emitir juicio porque, según explicó, “no puede avanzar porque probablemente tenga que resolver sobre el mismo”.
“Entonces, generar una crítica o dar una opinión respecto de este temasería adelantar opinión de mi parte y puedo ser recusado o que me pidan que me excuse, con lo cual no voy a emitir opinión.Y cuando llegue el momento resolveremos y lo haremos por escrito, como venimos haciendo en todos los casos”.
Lo mandó al frente
Durante la sesión de la Legislatura del pasado jueves 19, quedó aprobado el régimen especial de retiro para los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Ellos no podían jubilarse porque el propio Estado no los había blanqueado hasta el año 2009 y no les alcanzaba la antigüedad a pesar de tener la edad para el retiro.
En un principio había dos proyectos con el mismo objetivo, pero con variaciones en el articulado, finalmente se llegó a una redacción final con el consenso de todos los legisladores, menos 1, el representante de la Izquierda, que votó en contra.
Durante las exposiciones, la diputada Mariela Williams, resaltó que finalmente se haya podido llegar a esta resolución porque era un problema que conocían desde hace años. Incluso, recordó que, durante su mandato anterior en la banca (del 2019 al 2023), trabajó con un proyecto de características similares que no pudo avanzar por la oposición al mismo de “una sola persona”, dijo "Carlos Mantegna".
Según explicó, quien fuera presidente de Seros aseguraba que este tipo de medidas perjudicaba directamente a la Caja del ISSyS.
Siguiendo la luna
Al concejal de TrelewMartín Luna se lo vio muy compenetrado en un karaoke en un bodegóncantando el tema “Siguiendo la luna”. Con voz aguda, el tema original de Los Fabulosos Cadillacs fue maltratado por el edil que anunció, hace poco tiempo, su alejamiento del bloque oficialista para conformar uno unipersonal llamado “Trelew avanza” bajo la idea que la política macroeconómica nacional es la adecuada. Luna había sido denunciado en el 2024 de conectar clandestinamente energía a tres dúplex de su propiedad.