Esto sucede a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra y este miércoles resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones, invitándolo a presentar un descargo.
Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.
Entre las denuncias más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral.
La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral.
El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.
Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Testigos habrían señalado la existencia de otros episodios similares.
Esto sucede a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra y este miércoles resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones, invitándolo a presentar un descargo.
Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.
Entre las denuncias más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral.
La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral.
El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.
Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Testigos habrían señalado la existencia de otros episodios similares.