Cierre de Vialidad: un gobierno absurdo, irresponsable y perverso
- Esteban Gallo
El Gobierno nacional dispuso el lunes pasado el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Todo de un plumazo, sin dar explicaciones claras, esgrimiendo datos falaces y generando un clima de incertidumbre que golpea a los trabajadores, a los empresarios, a los gobiernos provinciales y municipales y a todos los habitantes de este país, que desconocen olímpicamente de qué manera el Estado nacional garantizará ahora el mantenimiento de rutas y caminos del país.
El argumento principal que dio el gobierno para justificar el cierre de Vialidad Nacional es la causa por la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. Un absurdo total. Es como si por el escándalo que se produjo en Aeroparque con las valijas no controladas de Laura Arrieta, cerraran la Aduana, Migraciones y ARCA y dejaran sin trabajo a todos los empleados de esos organismos.
El gobierno también difundió que el 70 por ciento del personal de Vialidad es administrativo y el 30 por ciento operativo, pero son tan falsos esos datos que no vale la pena dedicarle más de un párrafo, porque les estaríamos faltando el respeto a los trabajadores de la repartición.
La verdad del asunto es que, como para este gobierno, lo único que importa es agarrar la motosierra y destruir todo lo que encuentra en su camino, avanzó con el cierre del organismo, sin explicar quien se hará cargo del mantenimiento de las rutas, como harán para que la red de caminos no se transformen en tierra de nadie, quien vigilará los caminos fronterizos, los puentes, que si no se conservan se vienen abajo, y el operativo nieve, que en provincias como la nuestra tienen un importancia vital.
Es tan irresponsable la decisión que tomó Milei que la Cámara de la Construcción, que muchas veces se mordió la lengua para no pelearse con un gobierno que le ha hecho mucho daño desde que en 2023 decidió pulverizar la obra pública, salió a mostrar las garras.
En un comunicado difundido este martes, la entidad advirtió que la eliminación del organismo técnico “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente” y destacó que Vialidad Nacional “garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones”.
Es verdad lo que dicen los empresarios. Con todo el respeto que se merecen los gendarmes, ¿qué preparación técnica poseen para que se les encomiende la tarea de controlar el estado de las rutas? No sea cosa que dentro de poco le confieran también a la gendarmería el manejo del INTA, de Radio Nacional o del Banco Nación.
Todo es un gran disparate. Para este gobierno la inversión en rutas representa un gasto que hay que cortar de cuajo. No reparan en la necesidad de tener caminos óptimos para evitar accidentes y muertes, pero tampoco tienen la capacidad de darse cuenta de que hay que invertir en rutas porque son una herramienta productiva de crecimiento fenomenal.
Las rutas son un servicio público y que estén en buenas condiciones apuntalan la economía regional en provincias turísticas como las nuestras, donde es imprescindible potenciar nuestros destinos.
Las decisiones de este gobierno libertario no forman parte de un plan que haya sido diseñado con visión federal, al punto tal que “se cortó solo” sin compartir la idea con los Estados provinciales que son otros de los grandes afectados por esta decisión inconsulta. Hace dos días atrás, el secretario de Infraestructura de Chubut reveló que la decisión no fue ni compartida ni comunicada. Como si el Estado nacional pudiera prescindir de la colaboración de las provincias en esta materia.
Este no es un gobierno sesudo que planifica inteligentemente para mejorarle la vida a los argentinos. Es un gobierno perverso que se desentiende de sus responsabilidades y que siente placer cada vez que deja a los laburantes en la calle.
En Chubut, los empleados afectados son 169. Hay personas de mediana edad y otras tantas, a punto jubilarse. Jóvenes y no tan jóvenes han contribuido de la misma manera a consolidar la trayectoria de Vialidad Nacional, de casi un siglo.
Eso, a Milei, Caputo y compañía, les importa un bledo.
De un gobierno absurdo irresponsable y perverso como este, no se puede esperar otra cosa.
- Esteban Gallo
El Gobierno nacional dispuso el lunes pasado el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Todo de un plumazo, sin dar explicaciones claras, esgrimiendo datos falaces y generando un clima de incertidumbre que golpea a los trabajadores, a los empresarios, a los gobiernos provinciales y municipales y a todos los habitantes de este país, que desconocen olímpicamente de qué manera el Estado nacional garantizará ahora el mantenimiento de rutas y caminos del país.
El argumento principal que dio el gobierno para justificar el cierre de Vialidad Nacional es la causa por la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. Un absurdo total. Es como si por el escándalo que se produjo en Aeroparque con las valijas no controladas de Laura Arrieta, cerraran la Aduana, Migraciones y ARCA y dejaran sin trabajo a todos los empleados de esos organismos.
El gobierno también difundió que el 70 por ciento del personal de Vialidad es administrativo y el 30 por ciento operativo, pero son tan falsos esos datos que no vale la pena dedicarle más de un párrafo, porque les estaríamos faltando el respeto a los trabajadores de la repartición.
La verdad del asunto es que, como para este gobierno, lo único que importa es agarrar la motosierra y destruir todo lo que encuentra en su camino, avanzó con el cierre del organismo, sin explicar quien se hará cargo del mantenimiento de las rutas, como harán para que la red de caminos no se transformen en tierra de nadie, quien vigilará los caminos fronterizos, los puentes, que si no se conservan se vienen abajo, y el operativo nieve, que en provincias como la nuestra tienen un importancia vital.
Es tan irresponsable la decisión que tomó Milei que la Cámara de la Construcción, que muchas veces se mordió la lengua para no pelearse con un gobierno que le ha hecho mucho daño desde que en 2023 decidió pulverizar la obra pública, salió a mostrar las garras.
En un comunicado difundido este martes, la entidad advirtió que la eliminación del organismo técnico “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente” y destacó que Vialidad Nacional “garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones”.
Es verdad lo que dicen los empresarios. Con todo el respeto que se merecen los gendarmes, ¿qué preparación técnica poseen para que se les encomiende la tarea de controlar el estado de las rutas? No sea cosa que dentro de poco le confieran también a la gendarmería el manejo del INTA, de Radio Nacional o del Banco Nación.
Todo es un gran disparate. Para este gobierno la inversión en rutas representa un gasto que hay que cortar de cuajo. No reparan en la necesidad de tener caminos óptimos para evitar accidentes y muertes, pero tampoco tienen la capacidad de darse cuenta de que hay que invertir en rutas porque son una herramienta productiva de crecimiento fenomenal.
Las rutas son un servicio público y que estén en buenas condiciones apuntalan la economía regional en provincias turísticas como las nuestras, donde es imprescindible potenciar nuestros destinos.
Las decisiones de este gobierno libertario no forman parte de un plan que haya sido diseñado con visión federal, al punto tal que “se cortó solo” sin compartir la idea con los Estados provinciales que son otros de los grandes afectados por esta decisión inconsulta. Hace dos días atrás, el secretario de Infraestructura de Chubut reveló que la decisión no fue ni compartida ni comunicada. Como si el Estado nacional pudiera prescindir de la colaboración de las provincias en esta materia.
Este no es un gobierno sesudo que planifica inteligentemente para mejorarle la vida a los argentinos. Es un gobierno perverso que se desentiende de sus responsabilidades y que siente placer cada vez que deja a los laburantes en la calle.
En Chubut, los empleados afectados son 169. Hay personas de mediana edad y otras tantas, a punto jubilarse. Jóvenes y no tan jóvenes han contribuido de la misma manera a consolidar la trayectoria de Vialidad Nacional, de casi un siglo.
Eso, a Milei, Caputo y compañía, les importa un bledo.
De un gobierno absurdo irresponsable y perverso como este, no se puede esperar otra cosa.