“Esta causa debería avergonzar a la política y a la justicia”
Pablo Assín es el abogado que logró la histórica y multimillonaria indemnización para las víctimas de la pasarela que colapsó sobre el río Chubut. Reveló el complejo derrotero procesal que generó una demora de casi 23 años y 30 jueces y conjueces para responder al reclamo de las familias.
No menos de 30 jueces y conjueces debieron pasar por la causa de la tragedia del Dique Florentino Ameghino para que casi 23 años después se hiciera algo de justicia con las familias de los muertos y heridos del 19 de septiembre de 2002. El dato lo aportó el abogado civil Pablo Assín, que patrocinó a los deudos de dos de los fallecidos y a un grupo de 18 sobrevivientes de la caída de la pasarela sobre el río Chubut.
Tras tanto tiempo, la jueza Amorina Testino firmó un histórico fallo civil que condenó a las provincias de Chubut y de Buenos Aires a una reparación de $ 4.000 millones, que incluye daño moral, psicológico y material, entre otros rubros indemnizatorios.
Assín recordó que el grupo de alumnos y alumas provenía de sectores muy humildes de Merlo. “La mayoría no conocía el mar y decide contactarse por carta en Chubut con Roberto Bubas, para poder venir y ver ballenas y orcas”. Bubas gestionó la llegada y el grupo juntó dinero para llegar a la Patagonia en dos micros. Era un contingente de más de 40 personas.
Se entrevistaron y se sacaron fotos en Casa de Gobierno con los entonces gobernador José Luis Lizurume y el subsecretario de Turismo, Alejandro Papaiani. “Había llovido y no podían entrar a Península, por eso les sugieren ir a recorrer el Dique, que tenía camino de asfalto”.
Entonces ocurre: más de 50 personas suben a una estructura que colapsa sobre aguas heladas.
La acción civil comienza en 2004 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el camino algunos padres acordaron indemnizaciones pero ninguno de los sobrevivientes cerró trato.
En 2008 una sentencia de los ministros Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay Molina dictó la incompetencia de la Corte. La causa quedó radicada en el Juzgado Universal de Rawson, a cargo en ese momento de Carlos Tesi.
“En ese momento empezó una situación judicial traumática judicial porque se genera el conflicto judicial salarial entre los Magistrados y el Gobierno”, recordó Assin. Tesi entonces se excusó de intervenir en la causa porque involucraba al Estado provincial. Comenzó una ola de apartamientos de subrogantes y conjueces.“Esto nos llevó no menos de 4 años de espera hasta que en 2013 el conflicto se resuelve y se retoma la actividad judicial con Tesi como juez natural”.
Se acumularon las dos causas civiles, que en 2016 ya estaban en condiciones de resolverse. Pero ese año quedaron congeladas ya que el juez decide suspender el trámite hasta que la causa penal –que corría paralela- no llegara al mismo estado procesal. “Yo apelo porque si había una causa penal resuelta con condena no provocaba ningún prejuzgamiento; una condena en sede penal produce el efecto de cosa juzgada en sede civil, pero no me hacen lugar”.
Peor: la causa penal madre no aparecía. “El juez de primera instancia y la Oficina Judicial de Trelew no la tenían, y libré no menos de 8 oficios porque al expediente lo habían prestado pero no sabían a quién”. La carpeta apareció en un Juzgado Civil de La Plata. Pese a la orden judicial no lo mandaban a Rawson y Assín llegó a pedir sanciones por esta desobediencia. Hasta que la causa fue enviada desde la capital bonaerense 6 oficios después.
“Cuento esto para que se vea la demora y la desidia judicial que hay en muchos expedientes, que no es culpa del abogado sino producto de esos avatares. Esta causa debería avergonzar a la política y a la justicia; a la primera porque no fue capaz de resolver todas las situaciones problemáticas; y a la segunda por la demora del expediente”. Assin exceptuó de esta crítica a la jueza Testino y a su secretaria Marilín Ovando “que colaboraron para que la causa se pueda resolver”.
Aunque el fallo está apelado “espero que el poder político tome conciencia y ordene a Fiscalía de Estado resolver este tema, que ya está resuelto”.
“Hay informes periciales que son lapidarios con las situaciones emocionales de las víctimas: hay chicos con intentos de suicidio, otros con problemas psiquiátricos y otros internados con problemas psicológicos. Se me pone la piel de gallina cuando por ejemplo recuerdo un chico que dijo `Quisiera estar muerto y no haber visto morir a su amigo y compañero de grado´. Es tristísimo”.
No menos de 30 jueces y conjueces debieron pasar por la causa de la tragedia del Dique Florentino Ameghino para que casi 23 años después se hiciera algo de justicia con las familias de los muertos y heridos del 19 de septiembre de 2002. El dato lo aportó el abogado civil Pablo Assín, que patrocinó a los deudos de dos de los fallecidos y a un grupo de 18 sobrevivientes de la caída de la pasarela sobre el río Chubut.
Tras tanto tiempo, la jueza Amorina Testino firmó un histórico fallo civil que condenó a las provincias de Chubut y de Buenos Aires a una reparación de $ 4.000 millones, que incluye daño moral, psicológico y material, entre otros rubros indemnizatorios.
Assín recordó que el grupo de alumnos y alumas provenía de sectores muy humildes de Merlo. “La mayoría no conocía el mar y decide contactarse por carta en Chubut con Roberto Bubas, para poder venir y ver ballenas y orcas”. Bubas gestionó la llegada y el grupo juntó dinero para llegar a la Patagonia en dos micros. Era un contingente de más de 40 personas.
Se entrevistaron y se sacaron fotos en Casa de Gobierno con los entonces gobernador José Luis Lizurume y el subsecretario de Turismo, Alejandro Papaiani. “Había llovido y no podían entrar a Península, por eso les sugieren ir a recorrer el Dique, que tenía camino de asfalto”.
Entonces ocurre: más de 50 personas suben a una estructura que colapsa sobre aguas heladas.
La acción civil comienza en 2004 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el camino algunos padres acordaron indemnizaciones pero ninguno de los sobrevivientes cerró trato.
En 2008 una sentencia de los ministros Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay Molina dictó la incompetencia de la Corte. La causa quedó radicada en el Juzgado Universal de Rawson, a cargo en ese momento de Carlos Tesi.
“En ese momento empezó una situación judicial traumática judicial porque se genera el conflicto judicial salarial entre los Magistrados y el Gobierno”, recordó Assin. Tesi entonces se excusó de intervenir en la causa porque involucraba al Estado provincial. Comenzó una ola de apartamientos de subrogantes y conjueces.“Esto nos llevó no menos de 4 años de espera hasta que en 2013 el conflicto se resuelve y se retoma la actividad judicial con Tesi como juez natural”.
Se acumularon las dos causas civiles, que en 2016 ya estaban en condiciones de resolverse. Pero ese año quedaron congeladas ya que el juez decide suspender el trámite hasta que la causa penal –que corría paralela- no llegara al mismo estado procesal. “Yo apelo porque si había una causa penal resuelta con condena no provocaba ningún prejuzgamiento; una condena en sede penal produce el efecto de cosa juzgada en sede civil, pero no me hacen lugar”.
Peor: la causa penal madre no aparecía. “El juez de primera instancia y la Oficina Judicial de Trelew no la tenían, y libré no menos de 8 oficios porque al expediente lo habían prestado pero no sabían a quién”. La carpeta apareció en un Juzgado Civil de La Plata. Pese a la orden judicial no lo mandaban a Rawson y Assín llegó a pedir sanciones por esta desobediencia. Hasta que la causa fue enviada desde la capital bonaerense 6 oficios después.
“Cuento esto para que se vea la demora y la desidia judicial que hay en muchos expedientes, que no es culpa del abogado sino producto de esos avatares. Esta causa debería avergonzar a la política y a la justicia; a la primera porque no fue capaz de resolver todas las situaciones problemáticas; y a la segunda por la demora del expediente”. Assin exceptuó de esta crítica a la jueza Testino y a su secretaria Marilín Ovando “que colaboraron para que la causa se pueda resolver”.
Aunque el fallo está apelado “espero que el poder político tome conciencia y ordene a Fiscalía de Estado resolver este tema, que ya está resuelto”.
“Hay informes periciales que son lapidarios con las situaciones emocionales de las víctimas: hay chicos con intentos de suicidio, otros con problemas psiquiátricos y otros internados con problemas psicológicos. Se me pone la piel de gallina cuando por ejemplo recuerdo un chico que dijo `Quisiera estar muerto y no haber visto morir a su amigo y compañero de grado´. Es tristísimo”.