Investigación interna en Fiscalía de Rawson por una insólita usurpación
Un hombre fue detenido en Rawson. Su madre y su hermana, peleados con él, ocuparon su casa y cambiaron la cerradura sin permiso. Como Fiscalía lo sabía pero no intervino, se inició una investigación interna y una funcionaria fue apartada del caso. Ahora se discutirá si la detención fue legal.
Por Rolando Tobarez/Redacción Jornada
A Alberto Enrique Canteriño le allanaron su casa del barrio La Isla de Rawson para buscar un arma y terminó preso por una presunta resistencia y sin su casa. Es que vivía solo y como la vivienda quedó vacía, su madre y su hermana ingresaron sin permiso, sacaron las cosas de Canteriño y cambiaron la cerradura. El Ministerio Público Fiscal conocía la intrusión pero las dejó usurpar.
Con una resolución, el procurador general Jorge Miquelarena ordenó una investigación interna para determinar la responsabilidad de Agostina Torné, la funcionaria que intervino, y de los integrantes de esa Fiscalía que hayan sido parte de la confusa situación. Torné fue apartada del caso.
El vecino había sido allanado luego de que tres personas lo denunciaran por amenazarlos con un arma, esa que la Policía fue a buscar.
El operativo en su domicilio fue el sábado 15 de marzo. Según Torné, el hombre se había resistido. En su patio tenía 74 plantas de cannabis sativa y 600 gramos de droga. Para la funcionaria de Fiscalía, Canteriño atemorizaba a los vecinos.
El 17 de marzo se concretó la audiencia de control de detención. La jueza Karina Breckle validó la detención por un mes y el defensor Damián D`Antonio no se opuso.
La causa dio un vuelco abrupto el 19 de marzo. Tras conocer la evidencia completa, D`Antonio advirtió que Canteriño –que llevaba dos días detenido- nunca se resistió a la autoridad, como lo había descripto la Fiscalía.
Lo habían sorprendido durmiendo con un arma en la cama. En el procedimiento amenazó e insultó a los policías pero cuando ya estaba reducido y esposado en el piso. Ese día intervinieron la Brigada de Investigaciones y el Grupo Especial de Operaciones Policiales.
El defensor sostiene que el operativo debe ser declarado nulo y, en cambio, se debe abrir una causa por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica contra los uniformados. Destacó que Canteriño nunca había tenido problemas con sus vecinos.
Pelea familiar
En la misma audiencia, la jueza se enteró de que la madre y la hermana de Canteriño habían ocupado su casa. Los tres parientes sostienen un antiguo litigio que se debate en el fuero de Familia.
“La situación es de una gravedad inusitada”, subrayó una Breckle enojada. La propia Fiscalía le había informado que desde 2012 el único y legítimo ocupante de la casa era Canteriño. “Por circunstancias que el MPF deberá investigar, la Policía lo sacó esposado de su domicilio y terminó detenido”.
Aunque no es parte de la causa, la propia madre se presentó ante la funcionaria Torné para avisar que había cambiado la cerradura de una vivienda que no era suya. “Por circunstancias que no tienen explicación pero deberán ser investigadas, tomó posesión de su domicilio”, apuntó la jueza.
Incluso, el 18 de marzo –un día después de la primera audiencia- Fiscalía había recibido de la madre de Canteriño para su “custodia” un sobre con la llave de su camioneta, la cédula de identificación, la licencia de conducir y el DNI del hombre. “Al parecer era lo único suyo dentro de esa casa luego de un montón de años de vivir en ella”, ironizó la jueza.
“No sé en calidad de qué se recibe a una persona que no es damnificada –siguió la magistrada-. Era una señal de alerta. De hecho es la prueba cabal de que Fiscalía sabe que se acaba de cometer un delito y debió obrar en consecuencia”.
Breckle insistió con que ni ella misma ni la Fiscalía tienen la facultad de decidir quién tiene derecho a ocupar el domicilio. Esa competencia es de un juez de Familia. Y deslizó que alguien había asesorado indebidamente a la madre de Canteriño para que se sintiera en libertad de ocupar el domicilio.
“Es una cadena de errores que habrá que determinar claramente. Es gravísimo que un Ministerio pueda aconsejar a partir de papeles; se sabe perfectamente todo lo que tiene que pasar para que los papeles prueben algo”.
Según la jueza, “el Estado claramente contribuyó a que Canteriño no tenga su casa, a que no sabemos si tendrá sus pertenencias, y autorizó a alguien a turbar la posesión del inmueble donde vive”.
En esa tensa audiencia, Breckle le ordenó al MPF poner a disposición del defensor el video de la detención. “Es la base de que Canteriño hoy no tenga domicilio, porque sólo autorice a ingresar a buscar un arma, no la detención”.
También envió un oficio al Procurador para hacerle saber las “graves irregularidades” del caso. Y decidió la inmediata restitución de la casa a Canteriño, con vigilancia permanente y bajo supervisión personal de la fiscal jefa Laura Castagno.
La legalidad de la detención se discutirá en una audiencia el 6 de mayo. Ese día se conocerá el testimonio de los uniformados.
Por Rolando Tobarez/Redacción Jornada
A Alberto Enrique Canteriño le allanaron su casa del barrio La Isla de Rawson para buscar un arma y terminó preso por una presunta resistencia y sin su casa. Es que vivía solo y como la vivienda quedó vacía, su madre y su hermana ingresaron sin permiso, sacaron las cosas de Canteriño y cambiaron la cerradura. El Ministerio Público Fiscal conocía la intrusión pero las dejó usurpar.
Con una resolución, el procurador general Jorge Miquelarena ordenó una investigación interna para determinar la responsabilidad de Agostina Torné, la funcionaria que intervino, y de los integrantes de esa Fiscalía que hayan sido parte de la confusa situación. Torné fue apartada del caso.
El vecino había sido allanado luego de que tres personas lo denunciaran por amenazarlos con un arma, esa que la Policía fue a buscar.
El operativo en su domicilio fue el sábado 15 de marzo. Según Torné, el hombre se había resistido. En su patio tenía 74 plantas de cannabis sativa y 600 gramos de droga. Para la funcionaria de Fiscalía, Canteriño atemorizaba a los vecinos.
El 17 de marzo se concretó la audiencia de control de detención. La jueza Karina Breckle validó la detención por un mes y el defensor Damián D`Antonio no se opuso.
La causa dio un vuelco abrupto el 19 de marzo. Tras conocer la evidencia completa, D`Antonio advirtió que Canteriño –que llevaba dos días detenido- nunca se resistió a la autoridad, como lo había descripto la Fiscalía.
Lo habían sorprendido durmiendo con un arma en la cama. En el procedimiento amenazó e insultó a los policías pero cuando ya estaba reducido y esposado en el piso. Ese día intervinieron la Brigada de Investigaciones y el Grupo Especial de Operaciones Policiales.
El defensor sostiene que el operativo debe ser declarado nulo y, en cambio, se debe abrir una causa por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica contra los uniformados. Destacó que Canteriño nunca había tenido problemas con sus vecinos.
Pelea familiar
En la misma audiencia, la jueza se enteró de que la madre y la hermana de Canteriño habían ocupado su casa. Los tres parientes sostienen un antiguo litigio que se debate en el fuero de Familia.
“La situación es de una gravedad inusitada”, subrayó una Breckle enojada. La propia Fiscalía le había informado que desde 2012 el único y legítimo ocupante de la casa era Canteriño. “Por circunstancias que el MPF deberá investigar, la Policía lo sacó esposado de su domicilio y terminó detenido”.
Aunque no es parte de la causa, la propia madre se presentó ante la funcionaria Torné para avisar que había cambiado la cerradura de una vivienda que no era suya. “Por circunstancias que no tienen explicación pero deberán ser investigadas, tomó posesión de su domicilio”, apuntó la jueza.
Incluso, el 18 de marzo –un día después de la primera audiencia- Fiscalía había recibido de la madre de Canteriño para su “custodia” un sobre con la llave de su camioneta, la cédula de identificación, la licencia de conducir y el DNI del hombre. “Al parecer era lo único suyo dentro de esa casa luego de un montón de años de vivir en ella”, ironizó la jueza.
“No sé en calidad de qué se recibe a una persona que no es damnificada –siguió la magistrada-. Era una señal de alerta. De hecho es la prueba cabal de que Fiscalía sabe que se acaba de cometer un delito y debió obrar en consecuencia”.
Breckle insistió con que ni ella misma ni la Fiscalía tienen la facultad de decidir quién tiene derecho a ocupar el domicilio. Esa competencia es de un juez de Familia. Y deslizó que alguien había asesorado indebidamente a la madre de Canteriño para que se sintiera en libertad de ocupar el domicilio.
“Es una cadena de errores que habrá que determinar claramente. Es gravísimo que un Ministerio pueda aconsejar a partir de papeles; se sabe perfectamente todo lo que tiene que pasar para que los papeles prueben algo”.
Según la jueza, “el Estado claramente contribuyó a que Canteriño no tenga su casa, a que no sabemos si tendrá sus pertenencias, y autorizó a alguien a turbar la posesión del inmueble donde vive”.
En esa tensa audiencia, Breckle le ordenó al MPF poner a disposición del defensor el video de la detención. “Es la base de que Canteriño hoy no tenga domicilio, porque sólo autorice a ingresar a buscar un arma, no la detención”.
También envió un oficio al Procurador para hacerle saber las “graves irregularidades” del caso. Y decidió la inmediata restitución de la casa a Canteriño, con vigilancia permanente y bajo supervisión personal de la fiscal jefa Laura Castagno.
La legalidad de la detención se discutirá en una audiencia el 6 de mayo. Ese día se conocerá el testimonio de los uniformados.