Causa Tolosa: “Amedrentaron a todo un pueblo para delinquir"
La fiscal Mariana Millapi está a cargo de la investigación contra la familia Tolosa, acusada de delitos de abigeato y amenazas cometidos durante años. En diálogo con Jornada Radio, habló sobre las diligencias que desarrollan, la medida de coerción impuesta contra los acusados y los resultados que esperan de las pericias a realizar.
Este lunes, la familia Tolosa, conocida como la “Banda del Gordo Mandinga”, quedó detenida por seis meses mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que les acusa de haber formado una asociación ilícita que atormentó a Paso de Indios durante muchos años. “Amedrentaron a todo un pueblo para cometer su faena delictiva” indicó la fiscal Mariana Millapi.
En diálogo con Jornada Radio, Millapi explicó que la audiencia fue extensa porque la causa es compleja. No obstante, pese a ello, asegura que “la teoría de la Fiscalía es sólida” por los elementos que sumaron a la investigación hasta la fecha y remarcó que “esto recién empieza”.
Destacó la labor de la defensa particular de la familia Tolosa, ejercida por Gladys Olavarría y valoró que el juez Marcos Napoli haya dado lugar al pedido de Fiscalía, dictando así la prisión preventiva contra los cuatro imputados: Elena Amigoren, su esposo Juan José “Chique” Tolosa y sus dos hijos Luciano “Gordo Mandinga” y Juan José “Kini”.
“Esta es la única manera en la que nosotros vamos a poder trabajar y entrevistar a la gente”, debido a que la familia -afirmó-amenazó a todo el pueblo para lograr su cometido. “Los casos en localidades pequeñas tienen este condimento: todos se conocer y hay un temor de los vecinos en testificar. Estos meses tenemos mucho por hacer, y si aparecen otros delitos habrá que abrir otras líneas de investigación”, adelantó.
Como informó este medio previamente, la hipótesis fiscal es que la banda funcionó entre julio de 2021 y hasta el 7 de abril del 2025. La jefa era Elena Amigoren, quien daba las órdenes y autorizaba el reparto del dinero obtenido por los delitos. En conjunto, hicieron tareas de inteligencia, sustracción de bienes, seguimiento, amedrantamiento y ataques físicos contra trabajadores rurales, dueños de campos ganaderos e incluso contra la Policía.
Su esposo, Juan José “Chique”, “era su mano derecha. Detectaba a los animales, en qué campos estaban, los separaba, los alimentaba y luego sus hijos los arreaban a caballo junto con los perros para llevarselos” y guardarlos en corrales provisorios, amplió la Fiscal. Los trabajos finalizaban con la comercialización de la carne en locales de “Paso de Indios, Los Altares, Las Plumas y Trelew”.
También hay imputaciones por amenazas, debido a que ellos usurparon terrenos y amenazaron a sus dueños para que no ingresen. A algunos incluso “les ponían tablas con clavos en las tranqueras” para que cuando salieran, se les reventaran las cubiertas. Así, se aseguraban de que no salieran o no volvieran a ingresar cuando ellos ya estaban allí.
Uno de ellos fue a denunciar a la comisaría que la familia le había roto los candados. Ese mismo día por la tarde, fue a comprar a un comercio y “la señora Elena Amigoren y su esposo lo amenazaron. Él se metió al comercio y ella ingresó con una piedra para golpearlo”. Dos policías de civil evitaron el ataque y la sacaron del lugar, pero ella volvió a ingresa, por lo que tuvieron que resguardar al damnificado en la parte trasera del local. “Todo esto quedó grabado”, recordó Millapi.
En cuanto a la sospecha de que hubo policías involucrados en estos delitos, Millapi adelantó que eso es motivo de investigación porque sí han surgido nombrs, pero todavía resta identificar a esas personas. “Hay que ser cautelosos porque, en caso de comprobarse, son cuestiones serias”.
Toda la metodología delicitva que se le acusa a la familia pudo comprobarse por escuchas telefónicas, aunque aún resta hacer más peritajes, aclaró Millapi.
Este lunes, la familia Tolosa, conocida como la “Banda del Gordo Mandinga”, quedó detenida por seis meses mientras avanza la investigación de la Fiscalía, que les acusa de haber formado una asociación ilícita que atormentó a Paso de Indios durante muchos años. “Amedrentaron a todo un pueblo para cometer su faena delictiva” indicó la fiscal Mariana Millapi.
En diálogo con Jornada Radio, Millapi explicó que la audiencia fue extensa porque la causa es compleja. No obstante, pese a ello, asegura que “la teoría de la Fiscalía es sólida” por los elementos que sumaron a la investigación hasta la fecha y remarcó que “esto recién empieza”.
Destacó la labor de la defensa particular de la familia Tolosa, ejercida por Gladys Olavarría y valoró que el juez Marcos Napoli haya dado lugar al pedido de Fiscalía, dictando así la prisión preventiva contra los cuatro imputados: Elena Amigoren, su esposo Juan José “Chique” Tolosa y sus dos hijos Luciano “Gordo Mandinga” y Juan José “Kini”.
“Esta es la única manera en la que nosotros vamos a poder trabajar y entrevistar a la gente”, debido a que la familia -afirmó-amenazó a todo el pueblo para lograr su cometido. “Los casos en localidades pequeñas tienen este condimento: todos se conocer y hay un temor de los vecinos en testificar. Estos meses tenemos mucho por hacer, y si aparecen otros delitos habrá que abrir otras líneas de investigación”, adelantó.
Como informó este medio previamente, la hipótesis fiscal es que la banda funcionó entre julio de 2021 y hasta el 7 de abril del 2025. La jefa era Elena Amigoren, quien daba las órdenes y autorizaba el reparto del dinero obtenido por los delitos. En conjunto, hicieron tareas de inteligencia, sustracción de bienes, seguimiento, amedrantamiento y ataques físicos contra trabajadores rurales, dueños de campos ganaderos e incluso contra la Policía.
Su esposo, Juan José “Chique”, “era su mano derecha. Detectaba a los animales, en qué campos estaban, los separaba, los alimentaba y luego sus hijos los arreaban a caballo junto con los perros para llevarselos” y guardarlos en corrales provisorios, amplió la Fiscal. Los trabajos finalizaban con la comercialización de la carne en locales de “Paso de Indios, Los Altares, Las Plumas y Trelew”.
También hay imputaciones por amenazas, debido a que ellos usurparon terrenos y amenazaron a sus dueños para que no ingresen. A algunos incluso “les ponían tablas con clavos en las tranqueras” para que cuando salieran, se les reventaran las cubiertas. Así, se aseguraban de que no salieran o no volvieran a ingresar cuando ellos ya estaban allí.
Uno de ellos fue a denunciar a la comisaría que la familia le había roto los candados. Ese mismo día por la tarde, fue a comprar a un comercio y “la señora Elena Amigoren y su esposo lo amenazaron. Él se metió al comercio y ella ingresó con una piedra para golpearlo”. Dos policías de civil evitaron el ataque y la sacaron del lugar, pero ella volvió a ingresa, por lo que tuvieron que resguardar al damnificado en la parte trasera del local. “Todo esto quedó grabado”, recordó Millapi.
En cuanto a la sospecha de que hubo policías involucrados en estos delitos, Millapi adelantó que eso es motivo de investigación porque sí han surgido nombrs, pero todavía resta identificar a esas personas. “Hay que ser cautelosos porque, en caso de comprobarse, son cuestiones serias”.
Toda la metodología delicitva que se le acusa a la familia pudo comprobarse por escuchas telefónicas, aunque aún resta hacer más peritajes, aclaró Millapi.