La jueza Karina Andrade descartó presencia de "barrabravas"
La jueza de la causa, Karina Andrade, sostuvo que liberó a varios de los detenidos porque "nadie" le llevó información acerca de que hubieran participado "barrabravas".
El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de "sedición", "atentado al orden constitucional" y "asociación ilícita agravada" contra los organizadores de la marcha del pasado miércoles, mientras que la jueza de la causa, Karina Andrade, sostuvo que liberó a varios de los detenidos porque "nadie" le llevó información acerca de que hubieran participado "barrabravas".
La denuncia fue realizada por instrucción de la ministra Patricia Bullrich y quedó radicada ante la Justicia Federal, en el Juzgado N°11.
La presentación señaló como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de
La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.
En el escrito, presentando por el abogado Fernando Soto, la cartera cuestionó la decisión de Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declarara la incompetencia por "inhibición" a la magistrada.
"Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal (contra Andrade) por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", postuló Seguridad.
Por su parte, la jueza salió a defenderse y sostuvo que nadie le dio datos certeros de que "había barrabravas" en la marcha, y además indicó que "hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos".
En declaraciones a radio El Destape, Andrade aclaró: "Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", añadió.
Agregó que el único dato que tenía era una marcha dentro de "un ejercicio de un derecho constitucional de personas adultas mayores a las que se van sumando otros grupos y eso lo que significa, con la Constitución Nacional en mi escritorio, es que hay que garantizar que eso pueda suceder".
También precisó: "Hasta las 10 y pico de la noche yo tenía 14 personas detenidas cuando, a la brevedad, la defensa me dice que hay una gran cantidad de personas detenidas que no están informadas debidamente. A partir de eso, y otras cuestiones, pido el cese de la detención".
Sobre la chance de que el Gobierno avance con un pedido de juicio político en su contra, Andrade dijo que "es un desprestigio al Consejo de la Magistratura" y que "eso afecta a la democracia y a la división de poderes".
Según el abogado Soto, la movilización fue convocada con "consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas", promovidas por grupos organizados de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River, Independiente, Racing, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.
"También convocó a la movilización el ex jefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ´profesionales de la violencia´, pagados con la suma de $.50.000 para "provocar disturbios" enfrentando a la policía y generar "represión". Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol ("barras bravas"), sino también del gremialismo y de la política", añadió.
En la misma línea, la denuncia remarco que "los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
"Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las tres Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías", describieron, y revelaron haber recibido llamados a la línea 134, en el que varios simpatizantes detectaron la presencia de barrabravas de distintos clubes en la protesta.
Asimismo, determinaron como el "principal organizador" de la protesta al histórico dirigente de Chacarita Leandro Capriotti, al que presentaron como "un amigo y protegido del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo".
Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, "la violencia ejercida fue enmascarada en una "protesta social", cuando en realidad su claro objetivo fue el de ´desestabilizar´ al Gobierno del presidente Javier Milei".
El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de "sedición", "atentado al orden constitucional" y "asociación ilícita agravada" contra los organizadores de la marcha del pasado miércoles, mientras que la jueza de la causa, Karina Andrade, sostuvo que liberó a varios de los detenidos porque "nadie" le llevó información acerca de que hubieran participado "barrabravas".
La denuncia fue realizada por instrucción de la ministra Patricia Bullrich y quedó radicada ante la Justicia Federal, en el Juzgado N°11.
La presentación señaló como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de
La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.
En el escrito, presentando por el abogado Fernando Soto, la cartera cuestionó la decisión de Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos, y reclamó que se declarara la incompetencia por "inhibición" a la magistrada.
"Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal (contra Andrade) por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", postuló Seguridad.
Por su parte, la jueza salió a defenderse y sostuvo que nadie le dio datos certeros de que "había barrabravas" en la marcha, y además indicó que "hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos".
En declaraciones a radio El Destape, Andrade aclaró: "Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", añadió.
Agregó que el único dato que tenía era una marcha dentro de "un ejercicio de un derecho constitucional de personas adultas mayores a las que se van sumando otros grupos y eso lo que significa, con la Constitución Nacional en mi escritorio, es que hay que garantizar que eso pueda suceder".
También precisó: "Hasta las 10 y pico de la noche yo tenía 14 personas detenidas cuando, a la brevedad, la defensa me dice que hay una gran cantidad de personas detenidas que no están informadas debidamente. A partir de eso, y otras cuestiones, pido el cese de la detención".
Sobre la chance de que el Gobierno avance con un pedido de juicio político en su contra, Andrade dijo que "es un desprestigio al Consejo de la Magistratura" y que "eso afecta a la democracia y a la división de poderes".
Según el abogado Soto, la movilización fue convocada con "consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas", promovidas por grupos organizados de barras bravas de clubes como Chacarita, Boca Juniors, River, Independiente, Racing, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentinos Juniors, entre otras instituciones mencionadas.
"También convocó a la movilización el ex jefe de Montoneros Mario Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales. Los medios periodísticos informaron la existencia de grupos organizados, ´profesionales de la violencia´, pagados con la suma de $.50.000 para "provocar disturbios" enfrentando a la policía y generar "represión". Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol ("barras bravas"), sino también del gremialismo y de la política", añadió.
En la misma línea, la denuncia remarco que "los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
"Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las tres Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías", describieron, y revelaron haber recibido llamados a la línea 134, en el que varios simpatizantes detectaron la presencia de barrabravas de distintos clubes en la protesta.
Asimismo, determinaron como el "principal organizador" de la protesta al histórico dirigente de Chacarita Leandro Capriotti, al que presentaron como "un amigo y protegido del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo".
Para la cartera que conduce Patricia Bullrich, "la violencia ejercida fue enmascarada en una "protesta social", cuando en realidad su claro objetivo fue el de ´desestabilizar´ al Gobierno del presidente Javier Milei".