“Los asesores no tienen obligación de ir a Legislatura”
En la continuidad del juicio a la exdiputada y exministra Cecilia Torres Otarola y sus colaboradores, contratados mientras fue legisladora y luego funcionaria, hubo testimonios de personal de la Legislatura que entre 2015 y 2019 eran responsables de la administración del personal de la Casa de las Leyes.
Este miércoles continuó el juicio a la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otrarola, y otras personas vinculadas a ella imputadas en lo que se conoce como la "Causa Ñoquis Calientes".En la primera parte de la mañana, declararon ante el Tribunal de Enjuiciamiento Fernanda Barboni, Nélida Vargas, Paula Mingo y Martín Sterner; ya que todos ellos cumplían funciones en la Legislatura durante el período en que Torres Otarola era diputada y estaban en áreas administrativas y de control de personal.
Todos ellos testificaron sobre la normativa y forma de trabajar del personal contratado como asesores de los diputados. Explicaron que hay 27 diputados y está estipulado que cada uno puede nombrar hasta hasta tres personas como personal político contratado.
Al momento de responder las preguntas tanto del fiscal como los defensores, detallaron que el personal de planta políticano tiene la obligación de concurrir a la Legislatura, no fichan ni tienen régimen de licencia. "El control de su trabajo y cumplimiento lo hace el propio diputado”, afirmó Barboni.
Puntualmente, sobre el contrato de Branco Rodera Neira, uno de los imputados, se mostraron que fueron dos consecutivos y que fueron firmados por la diputada Torres Otarola y por el responsable máximo de la Casa, en aquel momento el diputados Roddy Ingram,como vicepresidente 1° de la Legislatura; y luego por José Grazzini, también en su rol de Vicepresidente 1°.
Para el pago mensual de sus servicios como proveedor del Estado, el personal que declaró y que estaba encargado de la administración, afirmó que cuando un diputado “al hacer la factura de pago al contratado, brinda conformidad que los servicios fueron prestados. Quien presenta la factura avala que le paguen el sueldo, porque el control de su trabajo lo hace el diputado”, explicó Mingo.
Luego de un cuarto intermedio siguieron declarando otros empleados de la Legislatura, como Romina James, que se refirió al mecanismo de contratación y forma de pago a los empleados de planta política.
Este miércoles continuó el juicio a la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otrarola, y otras personas vinculadas a ella imputadas en lo que se conoce como la "Causa Ñoquis Calientes".En la primera parte de la mañana, declararon ante el Tribunal de Enjuiciamiento Fernanda Barboni, Nélida Vargas, Paula Mingo y Martín Sterner; ya que todos ellos cumplían funciones en la Legislatura durante el período en que Torres Otarola era diputada y estaban en áreas administrativas y de control de personal.
Todos ellos testificaron sobre la normativa y forma de trabajar del personal contratado como asesores de los diputados. Explicaron que hay 27 diputados y está estipulado que cada uno puede nombrar hasta hasta tres personas como personal político contratado.
Al momento de responder las preguntas tanto del fiscal como los defensores, detallaron que el personal de planta políticano tiene la obligación de concurrir a la Legislatura, no fichan ni tienen régimen de licencia. "El control de su trabajo y cumplimiento lo hace el propio diputado”, afirmó Barboni.
Puntualmente, sobre el contrato de Branco Rodera Neira, uno de los imputados, se mostraron que fueron dos consecutivos y que fueron firmados por la diputada Torres Otarola y por el responsable máximo de la Casa, en aquel momento el diputados Roddy Ingram,como vicepresidente 1° de la Legislatura; y luego por José Grazzini, también en su rol de Vicepresidente 1°.
Para el pago mensual de sus servicios como proveedor del Estado, el personal que declaró y que estaba encargado de la administración, afirmó que cuando un diputado “al hacer la factura de pago al contratado, brinda conformidad que los servicios fueron prestados. Quien presenta la factura avala que le paguen el sueldo, porque el control de su trabajo lo hace el diputado”, explicó Mingo.
Luego de un cuarto intermedio siguieron declarando otros empleados de la Legislatura, como Romina James, que se refirió al mecanismo de contratación y forma de pago a los empleados de planta política.