Empleado municipal violó una prohibición de acercamiento a su expareja
El hombre acudió a la vivienda de la mujer pese a tener una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros. La jueza que presidió la audiencia realizada resolvió que se inicie una investigación por el incumplimiento de la medida cautelar impuesta en agosto.
Este viernes se resolvió en Rawson iniciar una nueva investigación contra un empleado municipal que violó la prohibición de acercamiento a su expareja, medida cautelar vigente desde agosto del corriente año por un plazo de 180 días.
Según lo informado, fue este miércoles por la tarde que la mujer llamó a la Policía porque el hombre había ido a su casa. Cuando arribaron los efectivos, sin que mediaran situaciones de violencia verbal o física lo detuvieron por desobediencia.
Ante la jueza penal Laura Martini, la abogada de fiscalía Silvina Nicholson dijo tener hasta el momento como pruebas el acta policial, el llamado a los efectivos que realizó la exmujer del imputado, la denuncia original sobre las diferencias entre ambos que se realizó oportunamente en la Comisaría de la Mujer meses previos y la resolución de la jueza de familia Daniela Pino que indica que esa prohibición vence el próximo mes de enero.
Por su parte, el defensor Damián D´Antonio cuestionó una vez más la competencia de la Justicia Penal en este tipo de casos y solicitó un necesario debate a nivel de las esferas judiciales superiores respecto de las competencias.
Señaló en este caso particular la inexistencia de situación de violencia alguna que derivó en la detención de J.D.G. a la que calificó como “desmedida” por parte de la Policía. “La persona que asisto solo iba con un carrito a entregar a su hijo y por solo esto la mujer llamó a la Policía”, destacó.
En respuesta, Nícholson se opuso a los argumentos y destacó que el concepto de violencia excede a la violencia física, remarcando la afectación psíquica que la situación produjo en la mujer.
“Se sintió hostigada, amenazada, amedrentada e intimidada al punto tal que al ver a su ex pareja, inmediatamente llamó a la Policía”, expresó Nícholson a la vez que citó convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina en función de proteger los derechos y la integridad de las mujeres.
En ese sentido, la jueza Martini avaló el pedido de la Defensa para generar un debate entre los jueces penales y de familia, para delimitar más eficazmente las intervenciones de una u otra parte. A su vez, destacó que, en otros casos, los defensores nada dijeron sobre los aspectos ambiguos respecto de las competencias entre la Justicia Penal y la Justicia de Familia.
Igualmente resolvió abrir la investigación en contra el imputado por el delito de desobediencia en carácter de autor.
Este viernes se resolvió en Rawson iniciar una nueva investigación contra un empleado municipal que violó la prohibición de acercamiento a su expareja, medida cautelar vigente desde agosto del corriente año por un plazo de 180 días.
Según lo informado, fue este miércoles por la tarde que la mujer llamó a la Policía porque el hombre había ido a su casa. Cuando arribaron los efectivos, sin que mediaran situaciones de violencia verbal o física lo detuvieron por desobediencia.
Ante la jueza penal Laura Martini, la abogada de fiscalía Silvina Nicholson dijo tener hasta el momento como pruebas el acta policial, el llamado a los efectivos que realizó la exmujer del imputado, la denuncia original sobre las diferencias entre ambos que se realizó oportunamente en la Comisaría de la Mujer meses previos y la resolución de la jueza de familia Daniela Pino que indica que esa prohibición vence el próximo mes de enero.
Por su parte, el defensor Damián D´Antonio cuestionó una vez más la competencia de la Justicia Penal en este tipo de casos y solicitó un necesario debate a nivel de las esferas judiciales superiores respecto de las competencias.
Señaló en este caso particular la inexistencia de situación de violencia alguna que derivó en la detención de J.D.G. a la que calificó como “desmedida” por parte de la Policía. “La persona que asisto solo iba con un carrito a entregar a su hijo y por solo esto la mujer llamó a la Policía”, destacó.
En respuesta, Nícholson se opuso a los argumentos y destacó que el concepto de violencia excede a la violencia física, remarcando la afectación psíquica que la situación produjo en la mujer.
“Se sintió hostigada, amenazada, amedrentada e intimidada al punto tal que al ver a su ex pareja, inmediatamente llamó a la Policía”, expresó Nícholson a la vez que citó convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina en función de proteger los derechos y la integridad de las mujeres.
En ese sentido, la jueza Martini avaló el pedido de la Defensa para generar un debate entre los jueces penales y de familia, para delimitar más eficazmente las intervenciones de una u otra parte. A su vez, destacó que, en otros casos, los defensores nada dijeron sobre los aspectos ambiguos respecto de las competencias entre la Justicia Penal y la Justicia de Familia.
Igualmente resolvió abrir la investigación en contra el imputado por el delito de desobediencia en carácter de autor.