En la sesión realizada la semana pasada en Esquel, el Consejo de la Magistratura decidió llevar a un Jury al Juez de Paz suplente de la ciudad cordillerana, Alejandro Castillo, luego de un informe que se dijo es contundente, que se dio a conocer por su determinación en noviembre del 2023, fuera de sus facultades, de habilitar un allanamiento en un comercio cuyo propietario, Daniel Hoferek, hizo la denuncia.
Castillo ordenó el procedimiento pero no expuso la jurisprudencia que lo habilitaba, y tampoco justificó su competencia como Juez de Paz en materia de allanamientos, ni argumentó por qué el pedido era admisible.
De acuerdo al informe final de Manuel Burgueño Ibarguren, instructor designado por el Consejo de la Magistratura para el caso, aún con esas carencias hizo lugar al allanamiento y al registro domiciliario, y autorizó el decomiso y la intervención de la presunta mercadería irregular, que representaba una falta al código alimentario nacional.
Se defiende
Castillo señaló que la semana pasada concurrió a la reunión del Consejo “para defenderme en el marco de un sumario que se me había iniciado, por mal desempeño de las funciones”, y en las conclusiones se decidió llevarlo a un Jury, por lo que admitió que a la brevedad será suspendido en sus funciones.
Relató Castillo que en octubre del año pasado, le llegó un expediente del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de la Dra. Adriana Conesa, por el que se investigaba un comercio al que le encontraron carne en mal estado para el consumo, no procedente de un frigorífico, más un informe de Gendarmería y Bromatología Municipal.
El juez de Paz comentó que recibió documentación del procedimiento administrativo, y el pedido del Juzgado de Faltas Municipal, de autorización para allanamiento y registro domiciliario en un comercio de la calle Desalojo del 37 al 1.300 de Esquel, ya que no lo puede realizar por propia determinación, al ser un órgano creado por una norma legal, no judicial.
Asimismo, Castillo indicó que revisó la documentación, tomando todos los recaudos y fijando las autoridades que concretarían el procedimiento, para evitar acciones arbitrarias, y tener un control constitucional por parte del Poder Judicial de la Provincia. Sostuvo que le achacan no tener competencia para ordenar un allanamiento, pero que se limitó a verificar que se cumplieran los recaudos y autorizó, no ordenó.
Analizó que entre los consejeros que debatieron el tema algunos alentaban la postura de que su actuación violó las garantías del vecino, mientras otros plantearon que su objetivo había sido resguardar la salud de la población, y el allanamiento se realizó sin inconvenientes, con el secuestro de alrededor de 70 kilos de carne en mal estado.
Designación de un Tribunal
No obstante se impuso el criterio de declararlo responsable, y llevarlo a un Jury, para lo cual se debe conformar el Tribunal de Enjuiciamiento, con tres integrantes del Consejo de la Magistratura que se sortearán en el mes entrante. Estimó que su enjuiciamiento comenzará en los primeros tres o cuatro meses del 2025, y en esas instancias “voy a elaborar mi estrategia de defensa, porque estoy convencido de haber actuado ajustado a derecho”.
La acusación es desconocimiento del Derecho y mal desempeño de sus funciones. Pero, recalcó que “sostengo que actué ajustado a derecho plenamente”. Castillo aludió a lo que manda la Constitución, de la suspensión en las funciones en estos casos, por lo que a la brevedad será notificado de la medida.
Explicó que Esquel no tiene juez de Paz titular, cargo que se definiría dentro de seis o siete meses, y por lo tanto de ser suspendido en sus funciones, no hay reemplazo, ya que él está ejerciendo en carácter de juez suplente. La alternativa será designar un juez de primera categoría, proveniente de otra localidad, aclarando que otras jurisdicciones tienen el mismo problema de no contar con funcionarios titulares designados.
En la sesión realizada la semana pasada en Esquel, el Consejo de la Magistratura decidió llevar a un Jury al Juez de Paz suplente de la ciudad cordillerana, Alejandro Castillo, luego de un informe que se dijo es contundente, que se dio a conocer por su determinación en noviembre del 2023, fuera de sus facultades, de habilitar un allanamiento en un comercio cuyo propietario, Daniel Hoferek, hizo la denuncia.
Castillo ordenó el procedimiento pero no expuso la jurisprudencia que lo habilitaba, y tampoco justificó su competencia como Juez de Paz en materia de allanamientos, ni argumentó por qué el pedido era admisible.
De acuerdo al informe final de Manuel Burgueño Ibarguren, instructor designado por el Consejo de la Magistratura para el caso, aún con esas carencias hizo lugar al allanamiento y al registro domiciliario, y autorizó el decomiso y la intervención de la presunta mercadería irregular, que representaba una falta al código alimentario nacional.
Se defiende
Castillo señaló que la semana pasada concurrió a la reunión del Consejo “para defenderme en el marco de un sumario que se me había iniciado, por mal desempeño de las funciones”, y en las conclusiones se decidió llevarlo a un Jury, por lo que admitió que a la brevedad será suspendido en sus funciones.
Relató Castillo que en octubre del año pasado, le llegó un expediente del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de la Dra. Adriana Conesa, por el que se investigaba un comercio al que le encontraron carne en mal estado para el consumo, no procedente de un frigorífico, más un informe de Gendarmería y Bromatología Municipal.
El juez de Paz comentó que recibió documentación del procedimiento administrativo, y el pedido del Juzgado de Faltas Municipal, de autorización para allanamiento y registro domiciliario en un comercio de la calle Desalojo del 37 al 1.300 de Esquel, ya que no lo puede realizar por propia determinación, al ser un órgano creado por una norma legal, no judicial.
Asimismo, Castillo indicó que revisó la documentación, tomando todos los recaudos y fijando las autoridades que concretarían el procedimiento, para evitar acciones arbitrarias, y tener un control constitucional por parte del Poder Judicial de la Provincia. Sostuvo que le achacan no tener competencia para ordenar un allanamiento, pero que se limitó a verificar que se cumplieran los recaudos y autorizó, no ordenó.
Analizó que entre los consejeros que debatieron el tema algunos alentaban la postura de que su actuación violó las garantías del vecino, mientras otros plantearon que su objetivo había sido resguardar la salud de la población, y el allanamiento se realizó sin inconvenientes, con el secuestro de alrededor de 70 kilos de carne en mal estado.
Designación de un Tribunal
No obstante se impuso el criterio de declararlo responsable, y llevarlo a un Jury, para lo cual se debe conformar el Tribunal de Enjuiciamiento, con tres integrantes del Consejo de la Magistratura que se sortearán en el mes entrante. Estimó que su enjuiciamiento comenzará en los primeros tres o cuatro meses del 2025, y en esas instancias “voy a elaborar mi estrategia de defensa, porque estoy convencido de haber actuado ajustado a derecho”.
La acusación es desconocimiento del Derecho y mal desempeño de sus funciones. Pero, recalcó que “sostengo que actué ajustado a derecho plenamente”. Castillo aludió a lo que manda la Constitución, de la suspensión en las funciones en estos casos, por lo que a la brevedad será notificado de la medida.
Explicó que Esquel no tiene juez de Paz titular, cargo que se definiría dentro de seis o siete meses, y por lo tanto de ser suspendido en sus funciones, no hay reemplazo, ya que él está ejerciendo en carácter de juez suplente. La alternativa será designar un juez de primera categoría, proveniente de otra localidad, aclarando que otras jurisdicciones tienen el mismo problema de no contar con funcionarios titulares designados.