De boca en boca y #Satirita
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia hizo cambiar una resolución para dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias. Algunos jueces y magistrados sacaron del archivo una vieja columna de opinión del vicegobernador Menna. Sigue la polémica entre empresarios de CAMAD y CIMA. Y más.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), la Dra. Silvia Alejandra Bustos, realizó en los últimos meses una ardua movida interna que incluyó la intervención de varias dependencias del cuerpo que preside con el fin de modificar una acordada del año 2018 para conseguir un objetivo absolutamente personal: dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias.
Lo consiguió: después de hacer una solicitud ante la Secretaría Legal y Técnica del STJ con el fin de establecer los alcances y aplicación de la legislación referida al Impuesto a las Ganancias en el ámbito del Superior Tribunal, Bustos logró que la dependencia que lidera el Dr. Gabriel Ceferino Coria Franza emitiera el dictamen N° 04/2024 en el que le abrió la puerta para que la presidenta del Superior dejara de pagar Ganancias.
“En virtud de la naturaleza jurídica que emana de la figura de ‘Juez’ (laejercida como Juez de Faltas y la actual como Ministra del Superior Tribunal deJusticia) y que han sido objeto de análisis en el presente, nada obsta a contemplar elcaso (…), dentro del personal no comprendido en los alcances de la Ley 27.346...”, dice el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, necesario para que Bustos fuera al Plenario de ministros a buscar una nueva acordada para conseguir modificar la de 2018.
Lo curioso es que tanto el dictamen como la posterior acordada firmada por los otros cuatro ministros del STJ, en ningún momento nombran a Bustos, que por cuestiones más que obvias no puso su firma en la Acordada 5558/2024.
Concretamente, lo que la presidenta del STJ consiguió es que el máximo órgano del Poder Judicial de Chubut tomara en cuenta sus años como jueza de Faltas de Rawson (2013-2021) como parte de una especie de carrera judicial municipal, lo que le permitiría ser considerada “jueza” mucho antes de haber sido designada como ministra del Superior Tribunal, en diciembre de 2021.
El único objetivo de Bustos era quedar exenta de pagar el Impuesto a las Ganancias. Es que como en 2016 se cambió la ley y se definió que a partir del 1° de enero de 2017 todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales ingresantes al Poder Judicial de cualquier jurisdicción del país dejarían de estar exentos de pagar el tributo, Bustos no podía quedar exenta como el resto de los que ingresaron antes de 2017 porque ella ingresó al Poder Judicial de Chubut casi cinco años después del cambio de la ley.
Por eso, la idea era que se tomaran sus años como jueza de Faltas de la capital provincial, un cargo netamente municipal y absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo Municipal de turno, como si fuera una “jueza” más del Poder Judicial.
Hacete amigo del juez (o de la jueza)
Para ello había que hacer algunos cambios en viejas acordadas. En el Acuerdo Plenario N° 4658 de 2018, los entonces integrantes del Superior Tribunalde Justicia Chubut definieron qué personal estaría comprendido en los alcances de la Ley 27.346 (Impuesto a las Ganancias) y cuáles no seríanalcanzados por el tributo. En este último grupo incluyeron: “1) Magistrados y funcionariosdesignados hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive; 2) Magistrados y funcionariosque se encuentren trabajando en los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provinciaso de la CABA; 3) Magistrados y Funcionarios que hayan trabajado en los Poderes Judiciales provinciales, Ministerio Público, y se hayan desvinculado por un plazo menor a 30 días; 4) Magistrados jubilados que sean convocados a prestar funciones;y 5) Funcionarios que ya posean una relación laboral con el Poder Judicial, en cualquiersituación de revista y son promocionados”, rezaba textualmente aquella acordada.
Lo que la Dra. Bustos consiguió es que el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica sea tratado por el actual Plenario de ministros del STJ y que, finalmente, se introdujera un cambio en el punto 2° del inciso b) del Artículo 1° del Acuerdo Plenario de 2018, que incluyó entre los magistrados y funcionarios que quedarían exentos de pagar Ganancias a los que “se encuentren trabajando en los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provincias, de los Municipios o de la CABA”. Es decir, se agregó “de los municipios”, un cambio a la medida de la presienta del cuerpo.
Considerar a un Juzgado de Faltas municipal como “Poder Judicial de los Municipios”es toda una innovación. Es verdad que desde que se modificó la ley en 2016 varios jueces de Faltas de localidades de la Provincia de Buenos Aires yde la ciudad de Bariloche (Río Negro), por mencionar algunos casos más conocidos, han logrado fallos favorables para dejar de pagar Ganancias al considerarse como “jueces” comunes. Pero hasta ahora no ha habido ningún fallo firme ni, mucho menos, una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De cualquier modo, esos reclamos tienen el respaldo de fallos judiciales que atienden estos presuntos derechos adquiridos. No es el caso de la presidenta del Superior Tribunal de Chubut, que consiguió que el cuerpo que ella misma preside ordenara que dejen de retenerle Ganancias.
Se espera que con este antecedente, muchos jueces de Faltas de distintos municipios de Chubut levanten la mano para obtener el mismo beneficio que la Dra. Bustos.
Pingüinos: fallo dividido
Aunque quedó en minoría, vale la pena destacar dos puntos del voto del juez Carlos Richeri, del tribunal que condenó a Ricardo La Regina por la matanza de pingüinos en la zona de Punta Tombo. “Mi voto será redactado con un lenguaje sencillo para que sea claro y comprensible a cualquier ciudadano que lo lea, y de esta forma, fortalecer el principio de publicidad de los actos del Poder Judicial de Chubut, y principalmente, con el sincero deseo que cualquier ciudadano comprenda, analice y tenga su propia opinión sobre mi decisión”, escribió el magistrado en un apunte muy poco común en las sentencias provinciales.
“Y en especial, para que la persona acusada por el Estado y quienes resultaron víctimas, puedan entender el camino que me llevó a tomar mi postura y así controlarla y ejercer sus derechos de forma efectiva”.
“Estoy convencido que una decisión judicial escrita en lenguaje claro no sólo facilita su comprensión, sino que también refuerza la confianza pública en nuestra justicia chubutense. La certeza del derecho no solo implica la previsibilidad de las decisiones judiciales, sino también la claridad y transparencia de éstas para que todos los ciudadanos puedan entenderlas y participar”.
Ecocidio
En segundo orden, Richeri fue el único juez del trío que consideró que La Regina había cometido un ecocidio. “El legislador nunca pudo haber previsto una situación así, la magnitud del hecho sobresale del molde jurídico del daño”, explicó en su voto. “Se trata de un tipo de daño que, por su gravedad, extensión y duración en el tiempo, fue inimaginado para quien pensó la ley”.
Según el magistrado, “considero adecuado denominar a la muerte del ecosistema como un ECOCIDIO”. Entre otros puntos, “se acreditó en juicio que la decapitación del suelo y su compactación provocaron un daño que demorará varias décadas en caso de recuperarse. También, se demostró la cantidad de ejemplares reproductores que dejaron de existir y el impacto que ello tiene en la especie por todos aquellos ejemplares que no van a nacer.
También se probó que de los 175 nidos destruidos, la mayoría de esas parejas que llevaban años juntos se romperán, afectando el ciclo reproductivo natural. Por lo que tengo por acreditado que el daño fue duradero. Y con todos estos elementos, puedo afirmar que el daño agravado que realizó Ricardo La Regina constituye un ecocidio”, sentenció Richeri.
Quemá ese archivo
La semana pasada se confirmó que el Gobierno provincial envió a la Legislatura los pliegos de dos abogados para ocupar los cargos de procuradores adjuntos de Chubut. Los postulados son Matías Froment y Marcos Fink.
Como hace poco se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y se dividió el puesto de procurador general adjunto en dos, uno Penal y otro Contencioso Administrativo, será la Legislatura provincial la que defina la cuestión. Como le sobran votos al oficialismo, se descuenta que Froment y Fink terminarán ocupando los dos cargos en la salida de Emilio Porras Hernández, quien dejó el cargo de procurador adjunto en medio de graves acusaciones y rápidamente fue designado para ocupar la delegación de la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El tema es que una vez conocida la noticia, ardieron los grupos de WhatsApp de muchos jueces, fiscales y magistrados, algunos de los cuales echaron mano a un viejo texto firmado por un experto en temas constitucionales, el actual vicegobernador Gustavo Menna.
Se trata de una columna de opinión firmada por Menna en calidad de abogado en la revista El Reporte, editada por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Chubut en agosto de 2010. En esa columna, el actual vicegobernador planteó “la inconstitucionalidad de la ley 5.810” y escribió profusamente sobre “la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo designe al Procurador General Adjunto o que de cualquier modo se obvie la designación por el Consejo de la Magistratura de cualquier fiscal distinto del Procurador General”.
Pasaron muchos años pero, se estima, Menna no debe haber cambiado de opinión: “Lo que no dejó librado la Constitución a la ley es el mecanismo de designación de los fiscales inferiores al Procurador General. En todos los casos, su designación es del exclusivo resorte del Consejo de la Magistratura creado en la reforma constitucional de 1994, con acuerdo de la Legislatura, bien que este último con las particularidades establecidas para el caso. Así lo establece clara y taxativamente el art. 166 párrafo segundo de la Constitución del Chubut”, sentenció Menna hace catorce años.
Ahora podría estar sentado en la presidencia de la Legislatura el día que los diputados aprueben a los dos procuradores adjuntos sin pasar por el Consejo de la Magistratura.
Empresario caliente
La polémica por un comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) con fuertes críticas a la poca atención que la ministra de Producción Laura Mirantes le habría dispensado a esta organización de la ciudad del Golfo, derivó en una serie de comunicados de otras entidades, como la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA), que cuestionó el texto firmado por Pablo Tedesco, presidente de CAMAD, y llamó a profundizar un trabajo en conjunto para el beneficio común de la sociedad.
Todo terminó hace pocos días con la renuncia de Tedesco y la asunción de Mariano Regadale. Pero las esquirlas hicieron daño en el mundillo empresario y algunos salieron a marcar la cancha.
Uno de ellos fue el industrial madrynense Daniel Centurión, propietario de la firma Intermares, uno de los socios fundadores de CIMA. Lejos de adherir a las críticas de la cámara que integra a Tedesco, Centurión le dio la razón a su colega de la CAMAD y cuestionó a la ministra Mirantes.
En una entrevista con Cadena Tiempo, Centurión no sólo destacó la labor de Tedesco, impulsor desde la CAMAD de una reconocida Escuela Técnica, sino que dijo no conocer a Mirantes: “No he tenido el gusto, tampoco nosotros desde nuestra empresa le hemos pedido una reunión, sólo sé que es una comisaria o excomisaria”, disparó el empresario.
“Yo no sé si sabe de producción o industria, lo que sí sé es que ni yo ni mis ingenieros iríamos a manejar una comisaría”, redoblo la apuesta Centurión.
Además, dijo que en su calidad de socio de CIMA, no fue consultado por nadie para dar su visto bueno al comunicado de la entidad en contra de Tedesco. “Vamos a pedir una reunión de todos los asociados para que nos expliquen quién y cómo se decidió emitir un comunicado en nombre nuestro”, advirtió.
Glinski, vice de una Bicameral
El diputado nacional por Chubut, José Glinski (Unión por la Patria) asumió en los últimos días como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
La comisión tiene un rol central en el seguimiento y fiscalización de las fuerzas de seguridad de todo el país.
La presidencia de la comisión quedó a cargo del senador Enrique Goerling (PRO), mientras que como secretarios fueron designados la senadora chubutense Edith Terenzi (JxC) y el diputado Damián Arabia (PRO).
Al asumir, Glinski subrayó la importancia de este espacio como una herramienta fundamental para garantizar no solo la supervisión de las fuerzas de seguridad, sino también la posibilidad de mejorar su desempeño mediante el aprendizaje de las experiencias provinciales.
“No estamos hablando solamente de las fuerzas federales de seguridad, sino también de las policías provinciales, que son las que tienen mayor nivel de contacto con la ciudadanía y las que atienden los problemas que enfrentan los argentinos y las argentinas diariamente”, destacó.
Murió Elsa Melogno
El 13 de noviembre pasado falleció la exdiputada nacional por Chubut Elsa Melogno, una peronista de la zona sur de Chubut que ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 1995 y 1999.
El dato pasó casi inadvertido y sólo hubo algunos mensajes en redes sociales de familiares y conocidos. Pero casi ningún comentario de sectores políticos del peronismo comodorense, en donde Melogno tuvo una actuación destacada en las décadas del 80 y 90.
Melogno tenía 87 años y residía desde hacía muchos años en Rada Tilly, en donde estaba retirada de la política. Fue electa diputada en segundo lugar de la lista del PJ que encabezó Mario Das Neves en las elecciones parlamentarias de 1995, que derrotó a la de la UCR encabezada por Rafael Cambareri, que igualmente llegó a la Cámara Baja. Por aquellos años el país era gobernado por el menemismo pero en Chubut el gobernador era Carlos Maestro.
Contadora Pública de profesión, Melogno era madre de Gustavo Díaz Melogno, un reconocido navegante comodorense que fue el capitán del Gandul, una embarcación construida por un grupo de aventureros que en 1992 cruzó el Océano Atlántico hasta España y ese mismo año regresó hasta la Patagonia.
El Gandul siguió navegando hasta 2014, con Díaz Melogno como capitán, pero en mayo de ese año se hundió en la zona de Isla Azores al no poder resistir una fuerte tormenta en medio del océano.
3x1
El gobernador Nacho Torres anunció que impulsará una ley para que sólo se permita un ingreso a la Administración Pública cuando tres dejen la misma (por ejemplo, por jubilación). Se busca achicar el Estado, empezando por reducir el número de empleados públicos. Es que la Caja de Jubilaciones necesita también un respiro.
Según la descripción del presidente del ISSyS, Sergio Wiski, la relación empleados jubilados son tres activos por un pasivo, y en algunas municipalidades la relación es más alta. En números concretos son 16 mil jubilados y casi 60 mil aportantes, reconociendo que “hubo algunos desfasajes históricos y hay pasivos que cobran el 105% de lo que cobra un activo, hay una distorsión”.
Otro punto a resolver es la situación de los empleados del Banco del Chubut, quienes durante su etapa de activos aportan a la Bancaria pero luego al jubilarse pasan a ser afiliados de Seros, sin haber sumado un solo peso de aportes. Ante esto, dijo Wiski que están trabajando con la gremial y con el Banco del Chubut para ver cómo saldar esta cuestión.
En principio, el aporte será voluntariopara después que se vayan incorporando con una cuota para que cuando se jubilen tengan la cobertura de la obra social.
¿Se fractura el bloque?
La aprobación del Código Electoral Provincial trajo sus primeras consecuencias dentro del bloque de Arriba Chubutpresidido por Juan Pais. Es que, si bien el proyecto se trabajó por casi medio año, la redacción final con el dictamen de la comisión estuvo unos días antes.
Llegó la sesión y algunas diputadas del bloque querían incorporar cambios al escrito, pero en el mismo bloque no se lo permitieron. Sólo una de ellas, Tatiana Goic, resolvió entonces no acompañar con su voto.
Dicen que el destrato recibido puede generar algunas discrepancias en el futuro próximo.
#Satirita, por Descartes
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), la Dra. Silvia Alejandra Bustos, realizó en los últimos meses una ardua movida interna que incluyó la intervención de varias dependencias del cuerpo que preside con el fin de modificar una acordada del año 2018 para conseguir un objetivo absolutamente personal: dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias.
Lo consiguió: después de hacer una solicitud ante la Secretaría Legal y Técnica del STJ con el fin de establecer los alcances y aplicación de la legislación referida al Impuesto a las Ganancias en el ámbito del Superior Tribunal, Bustos logró que la dependencia que lidera el Dr. Gabriel Ceferino Coria Franza emitiera el dictamen N° 04/2024 en el que le abrió la puerta para que la presidenta del Superior dejara de pagar Ganancias.
“En virtud de la naturaleza jurídica que emana de la figura de ‘Juez’ (laejercida como Juez de Faltas y la actual como Ministra del Superior Tribunal deJusticia) y que han sido objeto de análisis en el presente, nada obsta a contemplar elcaso (…), dentro del personal no comprendido en los alcances de la Ley 27.346...”, dice el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, necesario para que Bustos fuera al Plenario de ministros a buscar una nueva acordada para conseguir modificar la de 2018.
Lo curioso es que tanto el dictamen como la posterior acordada firmada por los otros cuatro ministros del STJ, en ningún momento nombran a Bustos, que por cuestiones más que obvias no puso su firma en la Acordada 5558/2024.
Concretamente, lo que la presidenta del STJ consiguió es que el máximo órgano del Poder Judicial de Chubut tomara en cuenta sus años como jueza de Faltas de Rawson (2013-2021) como parte de una especie de carrera judicial municipal, lo que le permitiría ser considerada “jueza” mucho antes de haber sido designada como ministra del Superior Tribunal, en diciembre de 2021.
El único objetivo de Bustos era quedar exenta de pagar el Impuesto a las Ganancias. Es que como en 2016 se cambió la ley y se definió que a partir del 1° de enero de 2017 todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales ingresantes al Poder Judicial de cualquier jurisdicción del país dejarían de estar exentos de pagar el tributo, Bustos no podía quedar exenta como el resto de los que ingresaron antes de 2017 porque ella ingresó al Poder Judicial de Chubut casi cinco años después del cambio de la ley.
Por eso, la idea era que se tomaran sus años como jueza de Faltas de la capital provincial, un cargo netamente municipal y absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo Municipal de turno, como si fuera una “jueza” más del Poder Judicial.
Hacete amigo del juez (o de la jueza)
Para ello había que hacer algunos cambios en viejas acordadas. En el Acuerdo Plenario N° 4658 de 2018, los entonces integrantes del Superior Tribunalde Justicia Chubut definieron qué personal estaría comprendido en los alcances de la Ley 27.346 (Impuesto a las Ganancias) y cuáles no seríanalcanzados por el tributo. En este último grupo incluyeron: “1) Magistrados y funcionariosdesignados hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive; 2) Magistrados y funcionariosque se encuentren trabajando en los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provinciaso de la CABA; 3) Magistrados y Funcionarios que hayan trabajado en los Poderes Judiciales provinciales, Ministerio Público, y se hayan desvinculado por un plazo menor a 30 días; 4) Magistrados jubilados que sean convocados a prestar funciones;y 5) Funcionarios que ya posean una relación laboral con el Poder Judicial, en cualquiersituación de revista y son promocionados”, rezaba textualmente aquella acordada.
Lo que la Dra. Bustos consiguió es que el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica sea tratado por el actual Plenario de ministros del STJ y que, finalmente, se introdujera un cambio en el punto 2° del inciso b) del Artículo 1° del Acuerdo Plenario de 2018, que incluyó entre los magistrados y funcionarios que quedarían exentos de pagar Ganancias a los que “se encuentren trabajando en los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provincias, de los Municipios o de la CABA”. Es decir, se agregó “de los municipios”, un cambio a la medida de la presienta del cuerpo.
Considerar a un Juzgado de Faltas municipal como “Poder Judicial de los Municipios”es toda una innovación. Es verdad que desde que se modificó la ley en 2016 varios jueces de Faltas de localidades de la Provincia de Buenos Aires yde la ciudad de Bariloche (Río Negro), por mencionar algunos casos más conocidos, han logrado fallos favorables para dejar de pagar Ganancias al considerarse como “jueces” comunes. Pero hasta ahora no ha habido ningún fallo firme ni, mucho menos, una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De cualquier modo, esos reclamos tienen el respaldo de fallos judiciales que atienden estos presuntos derechos adquiridos. No es el caso de la presidenta del Superior Tribunal de Chubut, que consiguió que el cuerpo que ella misma preside ordenara que dejen de retenerle Ganancias.
Se espera que con este antecedente, muchos jueces de Faltas de distintos municipios de Chubut levanten la mano para obtener el mismo beneficio que la Dra. Bustos.
Pingüinos: fallo dividido
Aunque quedó en minoría, vale la pena destacar dos puntos del voto del juez Carlos Richeri, del tribunal que condenó a Ricardo La Regina por la matanza de pingüinos en la zona de Punta Tombo. “Mi voto será redactado con un lenguaje sencillo para que sea claro y comprensible a cualquier ciudadano que lo lea, y de esta forma, fortalecer el principio de publicidad de los actos del Poder Judicial de Chubut, y principalmente, con el sincero deseo que cualquier ciudadano comprenda, analice y tenga su propia opinión sobre mi decisión”, escribió el magistrado en un apunte muy poco común en las sentencias provinciales.
“Y en especial, para que la persona acusada por el Estado y quienes resultaron víctimas, puedan entender el camino que me llevó a tomar mi postura y así controlarla y ejercer sus derechos de forma efectiva”.
“Estoy convencido que una decisión judicial escrita en lenguaje claro no sólo facilita su comprensión, sino que también refuerza la confianza pública en nuestra justicia chubutense. La certeza del derecho no solo implica la previsibilidad de las decisiones judiciales, sino también la claridad y transparencia de éstas para que todos los ciudadanos puedan entenderlas y participar”.
Ecocidio
En segundo orden, Richeri fue el único juez del trío que consideró que La Regina había cometido un ecocidio. “El legislador nunca pudo haber previsto una situación así, la magnitud del hecho sobresale del molde jurídico del daño”, explicó en su voto. “Se trata de un tipo de daño que, por su gravedad, extensión y duración en el tiempo, fue inimaginado para quien pensó la ley”.
Según el magistrado, “considero adecuado denominar a la muerte del ecosistema como un ECOCIDIO”. Entre otros puntos, “se acreditó en juicio que la decapitación del suelo y su compactación provocaron un daño que demorará varias décadas en caso de recuperarse. También, se demostró la cantidad de ejemplares reproductores que dejaron de existir y el impacto que ello tiene en la especie por todos aquellos ejemplares que no van a nacer.
También se probó que de los 175 nidos destruidos, la mayoría de esas parejas que llevaban años juntos se romperán, afectando el ciclo reproductivo natural. Por lo que tengo por acreditado que el daño fue duradero. Y con todos estos elementos, puedo afirmar que el daño agravado que realizó Ricardo La Regina constituye un ecocidio”, sentenció Richeri.
Quemá ese archivo
La semana pasada se confirmó que el Gobierno provincial envió a la Legislatura los pliegos de dos abogados para ocupar los cargos de procuradores adjuntos de Chubut. Los postulados son Matías Froment y Marcos Fink.
Como hace poco se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y se dividió el puesto de procurador general adjunto en dos, uno Penal y otro Contencioso Administrativo, será la Legislatura provincial la que defina la cuestión. Como le sobran votos al oficialismo, se descuenta que Froment y Fink terminarán ocupando los dos cargos en la salida de Emilio Porras Hernández, quien dejó el cargo de procurador adjunto en medio de graves acusaciones y rápidamente fue designado para ocupar la delegación de la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El tema es que una vez conocida la noticia, ardieron los grupos de WhatsApp de muchos jueces, fiscales y magistrados, algunos de los cuales echaron mano a un viejo texto firmado por un experto en temas constitucionales, el actual vicegobernador Gustavo Menna.
Se trata de una columna de opinión firmada por Menna en calidad de abogado en la revista El Reporte, editada por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Chubut en agosto de 2010. En esa columna, el actual vicegobernador planteó “la inconstitucionalidad de la ley 5.810” y escribió profusamente sobre “la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo designe al Procurador General Adjunto o que de cualquier modo se obvie la designación por el Consejo de la Magistratura de cualquier fiscal distinto del Procurador General”.
Pasaron muchos años pero, se estima, Menna no debe haber cambiado de opinión: “Lo que no dejó librado la Constitución a la ley es el mecanismo de designación de los fiscales inferiores al Procurador General. En todos los casos, su designación es del exclusivo resorte del Consejo de la Magistratura creado en la reforma constitucional de 1994, con acuerdo de la Legislatura, bien que este último con las particularidades establecidas para el caso. Así lo establece clara y taxativamente el art. 166 párrafo segundo de la Constitución del Chubut”, sentenció Menna hace catorce años.
Ahora podría estar sentado en la presidencia de la Legislatura el día que los diputados aprueben a los dos procuradores adjuntos sin pasar por el Consejo de la Magistratura.
Empresario caliente
La polémica por un comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) con fuertes críticas a la poca atención que la ministra de Producción Laura Mirantes le habría dispensado a esta organización de la ciudad del Golfo, derivó en una serie de comunicados de otras entidades, como la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA), que cuestionó el texto firmado por Pablo Tedesco, presidente de CAMAD, y llamó a profundizar un trabajo en conjunto para el beneficio común de la sociedad.
Todo terminó hace pocos días con la renuncia de Tedesco y la asunción de Mariano Regadale. Pero las esquirlas hicieron daño en el mundillo empresario y algunos salieron a marcar la cancha.
Uno de ellos fue el industrial madrynense Daniel Centurión, propietario de la firma Intermares, uno de los socios fundadores de CIMA. Lejos de adherir a las críticas de la cámara que integra a Tedesco, Centurión le dio la razón a su colega de la CAMAD y cuestionó a la ministra Mirantes.
En una entrevista con Cadena Tiempo, Centurión no sólo destacó la labor de Tedesco, impulsor desde la CAMAD de una reconocida Escuela Técnica, sino que dijo no conocer a Mirantes: “No he tenido el gusto, tampoco nosotros desde nuestra empresa le hemos pedido una reunión, sólo sé que es una comisaria o excomisaria”, disparó el empresario.
“Yo no sé si sabe de producción o industria, lo que sí sé es que ni yo ni mis ingenieros iríamos a manejar una comisaría”, redoblo la apuesta Centurión.
Además, dijo que en su calidad de socio de CIMA, no fue consultado por nadie para dar su visto bueno al comunicado de la entidad en contra de Tedesco. “Vamos a pedir una reunión de todos los asociados para que nos expliquen quién y cómo se decidió emitir un comunicado en nombre nuestro”, advirtió.
Glinski, vice de una Bicameral
El diputado nacional por Chubut, José Glinski (Unión por la Patria) asumió en los últimos días como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
La comisión tiene un rol central en el seguimiento y fiscalización de las fuerzas de seguridad de todo el país.
La presidencia de la comisión quedó a cargo del senador Enrique Goerling (PRO), mientras que como secretarios fueron designados la senadora chubutense Edith Terenzi (JxC) y el diputado Damián Arabia (PRO).
Al asumir, Glinski subrayó la importancia de este espacio como una herramienta fundamental para garantizar no solo la supervisión de las fuerzas de seguridad, sino también la posibilidad de mejorar su desempeño mediante el aprendizaje de las experiencias provinciales.
“No estamos hablando solamente de las fuerzas federales de seguridad, sino también de las policías provinciales, que son las que tienen mayor nivel de contacto con la ciudadanía y las que atienden los problemas que enfrentan los argentinos y las argentinas diariamente”, destacó.
Murió Elsa Melogno
El 13 de noviembre pasado falleció la exdiputada nacional por Chubut Elsa Melogno, una peronista de la zona sur de Chubut que ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 1995 y 1999.
El dato pasó casi inadvertido y sólo hubo algunos mensajes en redes sociales de familiares y conocidos. Pero casi ningún comentario de sectores políticos del peronismo comodorense, en donde Melogno tuvo una actuación destacada en las décadas del 80 y 90.
Melogno tenía 87 años y residía desde hacía muchos años en Rada Tilly, en donde estaba retirada de la política. Fue electa diputada en segundo lugar de la lista del PJ que encabezó Mario Das Neves en las elecciones parlamentarias de 1995, que derrotó a la de la UCR encabezada por Rafael Cambareri, que igualmente llegó a la Cámara Baja. Por aquellos años el país era gobernado por el menemismo pero en Chubut el gobernador era Carlos Maestro.
Contadora Pública de profesión, Melogno era madre de Gustavo Díaz Melogno, un reconocido navegante comodorense que fue el capitán del Gandul, una embarcación construida por un grupo de aventureros que en 1992 cruzó el Océano Atlántico hasta España y ese mismo año regresó hasta la Patagonia.
El Gandul siguió navegando hasta 2014, con Díaz Melogno como capitán, pero en mayo de ese año se hundió en la zona de Isla Azores al no poder resistir una fuerte tormenta en medio del océano.
3x1
El gobernador Nacho Torres anunció que impulsará una ley para que sólo se permita un ingreso a la Administración Pública cuando tres dejen la misma (por ejemplo, por jubilación). Se busca achicar el Estado, empezando por reducir el número de empleados públicos. Es que la Caja de Jubilaciones necesita también un respiro.
Según la descripción del presidente del ISSyS, Sergio Wiski, la relación empleados jubilados son tres activos por un pasivo, y en algunas municipalidades la relación es más alta. En números concretos son 16 mil jubilados y casi 60 mil aportantes, reconociendo que “hubo algunos desfasajes históricos y hay pasivos que cobran el 105% de lo que cobra un activo, hay una distorsión”.
Otro punto a resolver es la situación de los empleados del Banco del Chubut, quienes durante su etapa de activos aportan a la Bancaria pero luego al jubilarse pasan a ser afiliados de Seros, sin haber sumado un solo peso de aportes. Ante esto, dijo Wiski que están trabajando con la gremial y con el Banco del Chubut para ver cómo saldar esta cuestión.
En principio, el aporte será voluntariopara después que se vayan incorporando con una cuota para que cuando se jubilen tengan la cobertura de la obra social.
¿Se fractura el bloque?
La aprobación del Código Electoral Provincial trajo sus primeras consecuencias dentro del bloque de Arriba Chubutpresidido por Juan Pais. Es que, si bien el proyecto se trabajó por casi medio año, la redacción final con el dictamen de la comisión estuvo unos días antes.
Llegó la sesión y algunas diputadas del bloque querían incorporar cambios al escrito, pero en el mismo bloque no se lo permitieron. Sólo una de ellas, Tatiana Goic, resolvió entonces no acompañar con su voto.
Dicen que el destrato recibido puede generar algunas discrepancias en el futuro próximo.
#Satirita, por Descartes