Este lunes dio inicio al debate oral y público contra Ricardo La Regina, propietario del campo a quien se lo acusa que pasó una máquina vial sobre una zona de nidos de pingüinos que tenía pichones en esos momentos. El defensor del imputado pidió la suspensión del juicio a prueba y ofreció tierras para ampliar la reserva de Punta Tombo.
La estimación de los expertos dimensiona el daño ocasionado entre agosto y diciembre del 2021 en la muerte de 105 pingüinos y al menos unos 175 nidos destruidos.
La fiscal María Florencia Gómez lleva adelante la acusación junto a los querellantes Martín Castro por la Fiscalía de Estado y Eduardo Hualpa en representación de Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentina. El delito que se le imputa es “maltrato animal”.
El Tribunal de enjuiciamiento es presidido por la jueza María Laura Martini y la acompañan como vocales Carlos Richeri y Eve Ponce. El juicio se lleva a cabo en instalaciones de la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia. Por la defensa se encuentra Federico Ruffa.
El hecho tuvo repercusión nacional por lo que el debate cuenta con la presencia de un equipo de National Geographic y del canal Todo Noticias.
Al inicio del juicio, el abogado Federico Ruffa solicitó la suspensión del juicio a prueba, “contra mi consejo profesional”, reconoció el defensor, ya que “mi asistido quiere establecer un equilibrio de convivencia como estableció su familia hace un centenar de años entre su actividad y los pingüinos”.
“Contra mi consejo porque nos vamos a perder la oportunidad de establecer discutir verdades con pruebas, en este mar de fake news y voltear falsedades que se han dicho sobre los hechos y mi cliente. No hemos llegado a esta instancia con un acuerdo cerrado porque no hemos tenido oportunidad de constituir una mesa de negociación y llegar a una reparación total de cualquier hecho que se le pueda endilgar a mi cliente”.
Remarcó Ruffa que “bajo ningún punto de vista este ofrecimiento implica aceptar la veracidad de los hechos y de la acusación, solo quiere terminar con este tormento penal”.
“Mi cliente ha sufrido una pena inconmensurable, es imposible que el Tribunal no llegue contaminado a este proceso porque todos en el mundo hemos visto noticias de este hecho que no tiene asidero en la verdad”.
La Defensa plantea que no existe ni un pingüino muerto ni un huevo roto.
OFRECIMIENTO
El ofrecimiento de la defensa para llegar al acuerdo es poner “a disposición del Estado unas 300 hectáreas linderas a Punta Tombo, para ampliar la reserva que tiene 210 hectáreas y generar un área de protección en la zona de Punta Clara que abarcaría unas 270 hectáreas más. Punta Tombo sumaría 5 kilómetros de costa, y en Punta Clara se suman 270 hectáreas de área protegida. En total el área protegida quedaría en 570 hectáreas, lo que significa triplicar el área natural protegida Punta Tombo”.
La Regina declaró ante el Tribunal para sustentar el pedido de suspensión. Afirmó que “siempre estuvo en mi mente, pero nunca hubo un límite real entre las propiedades y el plan de manejo que fue previo a que tuviera la tierra, es contradictorio, porque establece que en mi propiedad está permitida la ganadería, pero no es compatible con los pingüinos y por años hubo conflictos”.
“Siempre en mi mente estuvo la idea que esa zona sea exclusiva para pingüinos, que haya un alambre para que no ingrese el ganado y yo pueda trabajar tranquilo. Lo manifesté varias veces a las autoridades, pero nunca tuve respuesta. Este sería el momento, en Punta Clara no hay nada establecido y propongo esto para darle un uso correcto a la tierra”.
OPOSICIÓN
La fiscal Gómez rechazó el pedido de suspensión del juicio por ser extemporáneo. Aclaró que “el proceso llevó 3 años y la audiencia preliminar fue en abril. Hace 2 meses fue notificada la fecha de este debate y tenía tiempo para hacer la propuesta”.
El Dr. Castro, por la Fiscalía de Estado adhirió a los dichos de la fiscalía agregando que lo propuesto “es de difícil cumplimiento y La Regina no puede ofrecer tierras porque no tiene capacidad jurídica ni legal para hacerlo”.
Por su parte el otro querellante, Eduardo Hualpa, también adhirió a lo dicho por Gómez y Castro.
Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba por haber un interés público.
Este lunes dio inicio al debate oral y público contra Ricardo La Regina, propietario del campo a quien se lo acusa que pasó una máquina vial sobre una zona de nidos de pingüinos que tenía pichones en esos momentos. El defensor del imputado pidió la suspensión del juicio a prueba y ofreció tierras para ampliar la reserva de Punta Tombo.
La estimación de los expertos dimensiona el daño ocasionado entre agosto y diciembre del 2021 en la muerte de 105 pingüinos y al menos unos 175 nidos destruidos.
La fiscal María Florencia Gómez lleva adelante la acusación junto a los querellantes Martín Castro por la Fiscalía de Estado y Eduardo Hualpa en representación de Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentina. El delito que se le imputa es “maltrato animal”.
El Tribunal de enjuiciamiento es presidido por la jueza María Laura Martini y la acompañan como vocales Carlos Richeri y Eve Ponce. El juicio se lleva a cabo en instalaciones de la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia. Por la defensa se encuentra Federico Ruffa.
El hecho tuvo repercusión nacional por lo que el debate cuenta con la presencia de un equipo de National Geographic y del canal Todo Noticias.
Al inicio del juicio, el abogado Federico Ruffa solicitó la suspensión del juicio a prueba, “contra mi consejo profesional”, reconoció el defensor, ya que “mi asistido quiere establecer un equilibrio de convivencia como estableció su familia hace un centenar de años entre su actividad y los pingüinos”.
“Contra mi consejo porque nos vamos a perder la oportunidad de establecer discutir verdades con pruebas, en este mar de fake news y voltear falsedades que se han dicho sobre los hechos y mi cliente. No hemos llegado a esta instancia con un acuerdo cerrado porque no hemos tenido oportunidad de constituir una mesa de negociación y llegar a una reparación total de cualquier hecho que se le pueda endilgar a mi cliente”.
Remarcó Ruffa que “bajo ningún punto de vista este ofrecimiento implica aceptar la veracidad de los hechos y de la acusación, solo quiere terminar con este tormento penal”.
“Mi cliente ha sufrido una pena inconmensurable, es imposible que el Tribunal no llegue contaminado a este proceso porque todos en el mundo hemos visto noticias de este hecho que no tiene asidero en la verdad”.
La Defensa plantea que no existe ni un pingüino muerto ni un huevo roto.
OFRECIMIENTO
El ofrecimiento de la defensa para llegar al acuerdo es poner “a disposición del Estado unas 300 hectáreas linderas a Punta Tombo, para ampliar la reserva que tiene 210 hectáreas y generar un área de protección en la zona de Punta Clara que abarcaría unas 270 hectáreas más. Punta Tombo sumaría 5 kilómetros de costa, y en Punta Clara se suman 270 hectáreas de área protegida. En total el área protegida quedaría en 570 hectáreas, lo que significa triplicar el área natural protegida Punta Tombo”.
La Regina declaró ante el Tribunal para sustentar el pedido de suspensión. Afirmó que “siempre estuvo en mi mente, pero nunca hubo un límite real entre las propiedades y el plan de manejo que fue previo a que tuviera la tierra, es contradictorio, porque establece que en mi propiedad está permitida la ganadería, pero no es compatible con los pingüinos y por años hubo conflictos”.
“Siempre en mi mente estuvo la idea que esa zona sea exclusiva para pingüinos, que haya un alambre para que no ingrese el ganado y yo pueda trabajar tranquilo. Lo manifesté varias veces a las autoridades, pero nunca tuve respuesta. Este sería el momento, en Punta Clara no hay nada establecido y propongo esto para darle un uso correcto a la tierra”.
OPOSICIÓN
La fiscal Gómez rechazó el pedido de suspensión del juicio por ser extemporáneo. Aclaró que “el proceso llevó 3 años y la audiencia preliminar fue en abril. Hace 2 meses fue notificada la fecha de este debate y tenía tiempo para hacer la propuesta”.
El Dr. Castro, por la Fiscalía de Estado adhirió a los dichos de la fiscalía agregando que lo propuesto “es de difícil cumplimiento y La Regina no puede ofrecer tierras porque no tiene capacidad jurídica ni legal para hacerlo”.
Por su parte el otro querellante, Eduardo Hualpa, también adhirió a lo dicho por Gómez y Castro.
Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba por haber un interés público.