Caso Aonikenk: Otra mancha para la desprestigiada Justicia de Chubut
- Por Esteban Gallo
La decisión del juez José Luis Ennis de sobreseer a los tres imputados del delito de administración fraudulenta en la mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de octubre, cayó en Esquel como un baldazo de agua fría.
Esto significa que Carlos Moraga, gerente de personal de la Cooperativa, Graciela Warrel, ex tesorera de la entidad y Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios, zafaron del juicio oral y público.
Para la Fiscalía había sobradas pruebas de que la mutual no funcionaba con un fin social sino como una financiera que era manejada por un administrador que no había sido designado formalmente para cumplir esa función. Se efectuaba la retención de la cuota mensual, se otorgaban créditos a los trabajadores y arbitrariamente se manejaban los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses y devoluciones. Según los investigadores judiciales se hicieron maniobras fraudulentas entre 2019 y 2022 por un monto cercano a los 200 millones de pesos.
Para los fiscales, todo era un despropósito. En los estados contables, no hay registros de estos movimientos millonarios, ni datos precisos con respecto al destino del dinero que entraba y salía de la mutual.
Lo ocurrido no solo llamó la atención de los fiscales de Esquel. El gobernador Nacho Torres ordenó a fines del año pasado la realización de una auditoria “para que los vivos que utilizaron la plata de la Cooperativa no se salgan con la suya” sostuvo enfáticamente.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social también detectó graves irregularidades en la operatoria de la mutual.
Tras una verificación institucional y operativa realizada en abril pasado, descubrió que no existen registros de los movimientos bancarios entre 2022 y 2023. Los funcionarios del INAES pudieron acreditar también que la Asociación Mutual Aonikenk les prestaba plata a sus asociados sin contar para ello con un reglamento aprobado por la autoridad de aplicación. Es más, le ordenó que se abstenga de brindar cualquier servicio de crédito y dispuso un sumario bajo amenaza de cancelarle la matrícula.
Con estos antecedentes lapidarios, más la profusa cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía, nadie dudaba que este caso tenía que derivar en un juicio oral y público.
Sin embargo, en la audiencia de apertura formal de la investigación, pasaron cosas raras que llamaron la atención de los denunciantes. Lo explicó muy bien a este medio la Dra. Maria Bottini.
Los imputados se levantaban para ir al baño sin pedir permiso y hubo reiteradas faltas de respeto de parte de los defensores. En un tramo de la audiencia, el juez Ennis le dijo al abogado de uno de los imputados que “para evitar susceptibilidades de la Fiscal, le pido por favor que no le diga nada”. “Faltó que me preguntara si estaba en mis días”, manifestó Bottini, que aún no sale del asombro por lo que le tocó vivir.
En el mismo sentido opinó Estefanía Pellof, ex presidenta de la mutual que fue despedida sin causa y se constituyó como querellante en el caso. Dijo que el juez le quitaba peso a las chicanas, burlas y faltas de respeto de la Defensa.
“Estaba ido, no parecía muy comprometido con el caso y nos daba la sensación de que no entendía realmente la situación” agregó Pellof.
Fiscales y querellantes apelarán el fallo y pedirán la impugnación del mismo, confiando en que los ministros del Superior Tribunal de Justicia tengan la cordura que le faltó al juez de la causa.
La gravedad de los hechos denunciados amerita que el caso se ventile en un juicio abierto para que un tribunal de justicia escuche los testimonios pertinentes y analice, de cara a la sociedad, las pruebas recolectadas en estos largos años de sesuda investigación.
El Poder Judicial convive desde hace largos años con la sospecha permanente de que sectores vinculados a la política, estudios de abogados, y sectores poderosos de la sociedad, influyen en las decisiones de algunos magistrados porosos.
A los que dudan, el caso Aonikenk les da la razón. Y eso provoca una sensación de asco y de desánimo en gran parte de la comunidad.
Es la impunidad de la que gozan algunos personajes privilegiados de la sociedad, protegidos por jueces de dudosa honorabilidad lo que socava la confianza de la población.
O el Poder judicial genera los anticuerpos para corregir los desatinos que cometen algunos de sus operadores o el desprestigio que ya tienen por el piso, los arrastra inexorablemente a todos.
- Por Esteban Gallo
La decisión del juez José Luis Ennis de sobreseer a los tres imputados del delito de administración fraudulenta en la mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de octubre, cayó en Esquel como un baldazo de agua fría.
Esto significa que Carlos Moraga, gerente de personal de la Cooperativa, Graciela Warrel, ex tesorera de la entidad y Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios, zafaron del juicio oral y público.
Para la Fiscalía había sobradas pruebas de que la mutual no funcionaba con un fin social sino como una financiera que era manejada por un administrador que no había sido designado formalmente para cumplir esa función. Se efectuaba la retención de la cuota mensual, se otorgaban créditos a los trabajadores y arbitrariamente se manejaban los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses y devoluciones. Según los investigadores judiciales se hicieron maniobras fraudulentas entre 2019 y 2022 por un monto cercano a los 200 millones de pesos.
Para los fiscales, todo era un despropósito. En los estados contables, no hay registros de estos movimientos millonarios, ni datos precisos con respecto al destino del dinero que entraba y salía de la mutual.
Lo ocurrido no solo llamó la atención de los fiscales de Esquel. El gobernador Nacho Torres ordenó a fines del año pasado la realización de una auditoria “para que los vivos que utilizaron la plata de la Cooperativa no se salgan con la suya” sostuvo enfáticamente.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social también detectó graves irregularidades en la operatoria de la mutual.
Tras una verificación institucional y operativa realizada en abril pasado, descubrió que no existen registros de los movimientos bancarios entre 2022 y 2023. Los funcionarios del INAES pudieron acreditar también que la Asociación Mutual Aonikenk les prestaba plata a sus asociados sin contar para ello con un reglamento aprobado por la autoridad de aplicación. Es más, le ordenó que se abstenga de brindar cualquier servicio de crédito y dispuso un sumario bajo amenaza de cancelarle la matrícula.
Con estos antecedentes lapidarios, más la profusa cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía, nadie dudaba que este caso tenía que derivar en un juicio oral y público.
Sin embargo, en la audiencia de apertura formal de la investigación, pasaron cosas raras que llamaron la atención de los denunciantes. Lo explicó muy bien a este medio la Dra. Maria Bottini.
Los imputados se levantaban para ir al baño sin pedir permiso y hubo reiteradas faltas de respeto de parte de los defensores. En un tramo de la audiencia, el juez Ennis le dijo al abogado de uno de los imputados que “para evitar susceptibilidades de la Fiscal, le pido por favor que no le diga nada”. “Faltó que me preguntara si estaba en mis días”, manifestó Bottini, que aún no sale del asombro por lo que le tocó vivir.
En el mismo sentido opinó Estefanía Pellof, ex presidenta de la mutual que fue despedida sin causa y se constituyó como querellante en el caso. Dijo que el juez le quitaba peso a las chicanas, burlas y faltas de respeto de la Defensa.
“Estaba ido, no parecía muy comprometido con el caso y nos daba la sensación de que no entendía realmente la situación” agregó Pellof.
Fiscales y querellantes apelarán el fallo y pedirán la impugnación del mismo, confiando en que los ministros del Superior Tribunal de Justicia tengan la cordura que le faltó al juez de la causa.
La gravedad de los hechos denunciados amerita que el caso se ventile en un juicio abierto para que un tribunal de justicia escuche los testimonios pertinentes y analice, de cara a la sociedad, las pruebas recolectadas en estos largos años de sesuda investigación.
El Poder Judicial convive desde hace largos años con la sospecha permanente de que sectores vinculados a la política, estudios de abogados, y sectores poderosos de la sociedad, influyen en las decisiones de algunos magistrados porosos.
A los que dudan, el caso Aonikenk les da la razón. Y eso provoca una sensación de asco y de desánimo en gran parte de la comunidad.
Es la impunidad de la que gozan algunos personajes privilegiados de la sociedad, protegidos por jueces de dudosa honorabilidad lo que socava la confianza de la población.
O el Poder judicial genera los anticuerpos para corregir los desatinos que cometen algunos de sus operadores o el desprestigio que ya tienen por el piso, los arrastra inexorablemente a todos.