Editorial / Soberanía o despojo
Es fundamental que Chubut construya de una vez por todas una política energética soberana que permita la armonización de los intereses de los grandes inversores con los intereses de las comunidades en donde esas inversiones encuentran sus condiciones de desarrollo. Tan sencillo como eso.
Hace tiempo que desde esta Columna editorial y desde algunos pocos sectores políticos, sindicales y sociales se viene reclamando que la Provincia del Chubut -no importa quien gobierne- comience a avanzar con el desarrollo de un sector energético con fuerte participación del sector público y con intereses locales, particularmente, el referido a las energías renovables.
En la misma línea, y sobre todo en los últimos meses, se ha venido sosteniendo -inclusive desde el poder de turno en Chubut- la necesidad de ponerle fin a la estrategia del modelo extractivo como único medio de sobrevivencia económica para los chubutenses, algo que le ha hecho muchísimo daño no sólo a la región patagónica sino al país y demás países subdesarrollados de la región.
Si la posibilidad de cambio se hacía difícil hasta acá, más cuesta arriba se hará si las provincias patagónicas no ponen un freno a la voracidad extractivista que se viene enmascarando detrás del desquicio libertario, que es la excusa perfecta para llevar adelante el zarpazo final a los intereses de las provincias en desmedro de sus habitantes.
Dos anuncios
Hubo dos anuncios recientes formulados por el Gobierno de Javier Milei que impactan directamente en Chubut. Uno fue el anuncio que la semana pasada se hizo desde el despacho del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y que incluyó al gobernador de Chubut, Nacho Torres y al propietario de la productora de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla, respecto a la inversión en la Etapa V del parque eólico de la empresa radicada en Puerto Madryn, con una inversión que rondará los 400 millones de dólares.
A pocos metros y casi en el mismo momento, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaba el fin de la obra pública ante una multitud de empresarios. “La obra pública no vuelve más”, fue la frase que utilizó el ministro.
“Estas dos noticias, a priori inconexas, dadas casualmente en el mismo día, implican -en realidad- un gran contraste”, señaló en un documento el Partido Integrar, el único que a pesar de su reciente creación viene marcando con firmeza desde Chubut las inconsistencias y los peligros del plan libertario cuyo único objetivo es dejar en manos de los intereses privados todo aquello que podría estar al servicio de los intereses del pueblo.
“El proyecto anunciado es conocido ya hace tiempo (la audiencia pública de impacto ambiental se hizo en julio 2023) y responde pura y exclusivamente a los intereses comerciales, económicos y financieros de la empresa Aluar, la cual, en función de estándares internacionales asociados a la transición energética, debe utilizar para su producción de aluminio, energía de origen renovable para lograr sostener su posición ante las exigencias de sus mercados de exportación. A su vez, fortalecerá su participación en el segmento generación del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional”, advierten desde Integrar.
Y evalúan el impacto de la noticia dada por Sturzenegger: “Sin obra pública se extingue el proyecto energético para la cordillera, como lo es el tendido eléctrico en 132kV desde Esquel a Rio Senguer, conectando a todas las localidades hoy abastecidas por el sistema de generación aislada, al Sistema Argentino de Interconexión”.
Desde el punto de vista de Integrar -y así quedó plasmado en el documento emitido- sería incorrecto criticar el proyecto de inversión de Aluar porque no se le debe requerir a una empresa suplir el rol del Estado en términos de buscar la armonización de los intereses de la comunidad en su conjunto. “El problema aquí no es Aluar, sino la intención del Estado nacional de eliminar cualquier atisbo de política de Estado que, a partir de su participación en el establecimiento de una regulación equilibrada, garantice que el conjunto de la sociedad sea parte del proceso de apropiación de valor respecto de un aprovechamiento productivo de los recursos naturales en el marco del desarrollo sustentable”, sentencian desde Integrar.
Ese es el quid de la cuestión. Dentro de un año, y luego de tres décadas, se producirán el vencimiento de la ley de promoción de energías renovables -conocida como “Ley Guinle” por el autor del proyecto, el fallecido exsenador por Chubut- y también el vencimiento de la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú, hoy en manos de Aluar.
En este sentido, es fundamental que Chubut construya de una vez por todas una política energética soberana que permita la armonización de los intereses de los grandes inversores con los intereses de las comunidades en donde esas inversiones encuentran sus condiciones de desarrollo. Tan sencillo como eso.
“Es fundamental una comprensión geopolítica de sentido soberano que interprete la actual dinámica de las relaciones internacionales para que nuestros valiosos y caracterizados recursos naturales constituyan una oportunidad real para nuestro desarrollo y no la justificación para la aplicación de un proceso de dominación”, expresan desde el Partido Integrar.
La posición pasiva de algunos sectores políticos y empresarios locales frente a quienes vienen a explotar los recursos naturales de Chubut, predicando un “derrame” que en el mejor de los casos beneficiará a unos pocos, da cuenta de los peligros a los que se enfrentan los chubutenses
¿Transición Energética hacia dónde?
En este marco de avance decidido de grupos empresarios externos en alianza con sectores privados y públicos locales, el próximo martes se realizará en Puerto Madryn una jornada con “especialistas nacionales e internacionales”, según reza la convocatoria.
“La idea es mostrar un panorama de las oportunidades y desafíos de la región para insertarse como actor clave de esta cadena de valor”, señaló una gacetilla del Gobierno del Chubut, que además adelantó que el CFI presentará el Plan Hidrógeno Patagonia.
Detrás de la organización está la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación que conduce el multipropósito Nicolás Cittadini, pero el verdadero coordinador del evento es el lobbysta Juan Carlos “Cali” Villalonga, director hasta 2011 de la organización ambientalista Greenpeace (que luego lo denunció por amenazar a una empleada) y actualmente a cargo de la Plataforma H2Ar, un centro de operaciones de los grandes grupos privados interesados en quedarse con el negocio del hidrógeno.
Según la invitación oficial, Villalonga “profundizará en aspectos institucionales y normativos para el desarrollo de hidrógeno en Argentina”. Es decir, un lobbysta del sector privado vendrá a decirles a los funcionarios y empresarios locales cómo manejar un recurso estratégico que debería estar bajo el manejo de los intereses colectivos.
El martes también estarán disertando Ana Araujo, ingeniera especialista en Energías Renovables y Cambio Climático; y el exministro de Economía de Chubut durante la gestión de Carlos Maestro, Juan Ismael Retuerto, ahora convertido en especialista en “Transición Energética Sostenible”.
Ninguna iniciativa que no contemple un debate más amplio y que incluya a los sectores locales que desde hace años vienen marcando el paso sobre un recurso central para el desarrollo de Chubut, puede ser normalizada como parte de una estrategia para el desarrollo.
“La economía no es libre: o la regula el Estado en beneficio del pueblo o la regulan los consorcios en función de sus propios intereses”, dijo Perón hace casi 80 años cuando creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Nunca más actual.
Hace tiempo que desde esta Columna editorial y desde algunos pocos sectores políticos, sindicales y sociales se viene reclamando que la Provincia del Chubut -no importa quien gobierne- comience a avanzar con el desarrollo de un sector energético con fuerte participación del sector público y con intereses locales, particularmente, el referido a las energías renovables.
En la misma línea, y sobre todo en los últimos meses, se ha venido sosteniendo -inclusive desde el poder de turno en Chubut- la necesidad de ponerle fin a la estrategia del modelo extractivo como único medio de sobrevivencia económica para los chubutenses, algo que le ha hecho muchísimo daño no sólo a la región patagónica sino al país y demás países subdesarrollados de la región.
Si la posibilidad de cambio se hacía difícil hasta acá, más cuesta arriba se hará si las provincias patagónicas no ponen un freno a la voracidad extractivista que se viene enmascarando detrás del desquicio libertario, que es la excusa perfecta para llevar adelante el zarpazo final a los intereses de las provincias en desmedro de sus habitantes.
Dos anuncios
Hubo dos anuncios recientes formulados por el Gobierno de Javier Milei que impactan directamente en Chubut. Uno fue el anuncio que la semana pasada se hizo desde el despacho del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y que incluyó al gobernador de Chubut, Nacho Torres y al propietario de la productora de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla, respecto a la inversión en la Etapa V del parque eólico de la empresa radicada en Puerto Madryn, con una inversión que rondará los 400 millones de dólares.
A pocos metros y casi en el mismo momento, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaba el fin de la obra pública ante una multitud de empresarios. “La obra pública no vuelve más”, fue la frase que utilizó el ministro.
“Estas dos noticias, a priori inconexas, dadas casualmente en el mismo día, implican -en realidad- un gran contraste”, señaló en un documento el Partido Integrar, el único que a pesar de su reciente creación viene marcando con firmeza desde Chubut las inconsistencias y los peligros del plan libertario cuyo único objetivo es dejar en manos de los intereses privados todo aquello que podría estar al servicio de los intereses del pueblo.
“El proyecto anunciado es conocido ya hace tiempo (la audiencia pública de impacto ambiental se hizo en julio 2023) y responde pura y exclusivamente a los intereses comerciales, económicos y financieros de la empresa Aluar, la cual, en función de estándares internacionales asociados a la transición energética, debe utilizar para su producción de aluminio, energía de origen renovable para lograr sostener su posición ante las exigencias de sus mercados de exportación. A su vez, fortalecerá su participación en el segmento generación del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional”, advierten desde Integrar.
Y evalúan el impacto de la noticia dada por Sturzenegger: “Sin obra pública se extingue el proyecto energético para la cordillera, como lo es el tendido eléctrico en 132kV desde Esquel a Rio Senguer, conectando a todas las localidades hoy abastecidas por el sistema de generación aislada, al Sistema Argentino de Interconexión”.
Desde el punto de vista de Integrar -y así quedó plasmado en el documento emitido- sería incorrecto criticar el proyecto de inversión de Aluar porque no se le debe requerir a una empresa suplir el rol del Estado en términos de buscar la armonización de los intereses de la comunidad en su conjunto. “El problema aquí no es Aluar, sino la intención del Estado nacional de eliminar cualquier atisbo de política de Estado que, a partir de su participación en el establecimiento de una regulación equilibrada, garantice que el conjunto de la sociedad sea parte del proceso de apropiación de valor respecto de un aprovechamiento productivo de los recursos naturales en el marco del desarrollo sustentable”, sentencian desde Integrar.
Ese es el quid de la cuestión. Dentro de un año, y luego de tres décadas, se producirán el vencimiento de la ley de promoción de energías renovables -conocida como “Ley Guinle” por el autor del proyecto, el fallecido exsenador por Chubut- y también el vencimiento de la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú, hoy en manos de Aluar.
En este sentido, es fundamental que Chubut construya de una vez por todas una política energética soberana que permita la armonización de los intereses de los grandes inversores con los intereses de las comunidades en donde esas inversiones encuentran sus condiciones de desarrollo. Tan sencillo como eso.
“Es fundamental una comprensión geopolítica de sentido soberano que interprete la actual dinámica de las relaciones internacionales para que nuestros valiosos y caracterizados recursos naturales constituyan una oportunidad real para nuestro desarrollo y no la justificación para la aplicación de un proceso de dominación”, expresan desde el Partido Integrar.
La posición pasiva de algunos sectores políticos y empresarios locales frente a quienes vienen a explotar los recursos naturales de Chubut, predicando un “derrame” que en el mejor de los casos beneficiará a unos pocos, da cuenta de los peligros a los que se enfrentan los chubutenses
¿Transición Energética hacia dónde?
En este marco de avance decidido de grupos empresarios externos en alianza con sectores privados y públicos locales, el próximo martes se realizará en Puerto Madryn una jornada con “especialistas nacionales e internacionales”, según reza la convocatoria.
“La idea es mostrar un panorama de las oportunidades y desafíos de la región para insertarse como actor clave de esta cadena de valor”, señaló una gacetilla del Gobierno del Chubut, que además adelantó que el CFI presentará el Plan Hidrógeno Patagonia.
Detrás de la organización está la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación que conduce el multipropósito Nicolás Cittadini, pero el verdadero coordinador del evento es el lobbysta Juan Carlos “Cali” Villalonga, director hasta 2011 de la organización ambientalista Greenpeace (que luego lo denunció por amenazar a una empleada) y actualmente a cargo de la Plataforma H2Ar, un centro de operaciones de los grandes grupos privados interesados en quedarse con el negocio del hidrógeno.
Según la invitación oficial, Villalonga “profundizará en aspectos institucionales y normativos para el desarrollo de hidrógeno en Argentina”. Es decir, un lobbysta del sector privado vendrá a decirles a los funcionarios y empresarios locales cómo manejar un recurso estratégico que debería estar bajo el manejo de los intereses colectivos.
El martes también estarán disertando Ana Araujo, ingeniera especialista en Energías Renovables y Cambio Climático; y el exministro de Economía de Chubut durante la gestión de Carlos Maestro, Juan Ismael Retuerto, ahora convertido en especialista en “Transición Energética Sostenible”.
Ninguna iniciativa que no contemple un debate más amplio y que incluya a los sectores locales que desde hace años vienen marcando el paso sobre un recurso central para el desarrollo de Chubut, puede ser normalizada como parte de una estrategia para el desarrollo.
“La economía no es libre: o la regula el Estado en beneficio del pueblo o la regulan los consorcios en función de sus propios intereses”, dijo Perón hace casi 80 años cuando creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Nunca más actual.