Editorial / Educar no tiene precio
Chubut lanzó un Plan de Alfabetización para corregir los preocupantes resultados del relevamiento educativo entre alumnos de 3° y 6° grado, en medio de las medidas del Gobierno nacional para desfinanciar a la educación pública.
En medio de una agenda nacional siempre agitada, que incluye roscas interminables en el Senado para tratar de hacer avanzar a las dos mochilas de plomo que significan la Ley Bases y el paquete fiscal, la actual gestión provincial volvió a dar una señal de profundización de la agenda propia de temas urgentes.
Ya lo había hecho el gobernador Nacho Torres cuando lanzó el Comando Unificado para atender la grave situación de la inseguridad en Trelew, que por ahora no ha arrojado resultados contundentes pero, al menos, empezó a mostrar mayor cohesión entre las autoridades provinciales, municipales y funcionarios judiciales, varios de los cuales comprendieron que salir de su cajita de cristal era lo que la sociedad estaba reclamando. Si no dejan presos a todos los delincuentes, que al menos se embarren un poco los zapatos, como cualquier hijo de vecino.
El viernes, el gobernador lanzó el Plan Integral de Alfabetización que se pondrá en marcha este año y se pretende extender hasta 2027 en 645 escuelas de toda la provincia. La idea es reforzar los conocimientos de más de 72.000 alumnos de los tres niveles educativos.
“Es el programa de aprendizaje más ambicioso de la historia de la provincia”, aseguró Torres desde la Escuela 196 de Trelew, en donde se realizó el acto con alumnos, mucha presencia política y también junto a directivos de la petrolera PAE, la mayor empresa privada de Chubut, que colaborará para implementar la iniciativa.
Los ideólogos del Plan parten de un dato que no sorprende pero golpea: los preocupantes resultados obtenidos en el relevamiento educativo realizado a estudiantes de 3° y 6° grado de todo Chubut.
Por ejemplo, la mitad de los alumnos de 3° grado no comprende conceptos matemáticos básicos y carece de habilidades para resolver problemas; en la misma proporción, expresan dificultades para identificar detalles relevantes en un texto y tienen habilidades de redacción limitadas.
Los de 6° grado no le van en zaga: la mitad de los chicos evaluados presentó errores en cálculos básicos y comprensión limitada de los números y operaciones. En Lengua, siete de cada diez tiene dificultades para identificar detalles relevantes en un texto, además de habilidades de redacción limitadas y carencia de ortografía y gramática.
Es imprescindible que se comience a mejorar el panorama para los chicos que todavía están a tiempo. Pero no se puede soslayar que la crisis educativa de Chubut, agravada por la pandemia, puso a chicos en el nivel Secundario, o a las puertas de la educación universitaria, sin las más mínimas herramientas para afrontar esas nuevas etapas.
No hay estudios concretos sobre estas consecuencias, pero están a la vista los casos de miles de chicos que fracasan en sus intentos de acceder a una educación superior y terminan engrosando las cifras de desocupados o accediendo a empleos poco calificados.
Tampoco se puede dejar pasar el discurso liberal -ahora libertario- de la “meritocracia” como igualador de las personas. Ese espíritu individualista de mirada liberal insinúa, falsamente, que todas las personas tienen las mismas posibilidades y que el “éxito” reside en el mérito y la responsabilidad personal. Nada más lejos de la realidad. Por eso siempre es importante el rol igualador del Estado, sobre todo en términos educativos. Y por eso, también, el odio visceral que el actual Gobierno le tiene a la educación pública.
Mientras Javier Milei lo único que hizo por la educación es dinamitar los presupuestos y apenas implantar un sistema de vouchers para beneficiar a las familias que mandan a sus hijos a “escuelas públicas de gestión privada” -en verdad, privadas con altos aportes económicos del Estado y destinadas a quienes pueden pagar cuotas elevadas-, desde Chubut se sigue defendiendo la escuela pública. “Siempre la educación fue una obsesión para mí. Este gobierno va a poner a la educación pública en el lugar que se merece”, sentenció Torres el viernes.
Los deseos del gobernador, a veces, se chocan con la ineficiencia de algunos funcionarios que lo único que hacen es quejarse porque la prensa divulga las innumerables deficiencias que se siguen detectando en muchas escuelas de toda la provincia, en vez de ponerse a trabajar en serio para empezar a solucionar el tema.
Deberían escuchar al gobernador, que el viernes dijo que “para resolver cualquier problema, ya sea económico, educativo o el que fuese, es necesario saber dónde estamos parados, y cuando uno asume un rol de gobierno no puede hacerse el distraído de lo que sucede”. Teléfono para varios.
Nunca hay que olvidarse que en la Argentina, gobierne quien gobierne -inclusive, la horda de libertarios y conservadores que detenta el poder en la actualidad-, la educación es un derecho y el Estado -tanto nacional como las provincias- tiene la obligación de garantizar la igualdad, gratuidad, laicidad y el derecho de acceso a todos los niveles para todos los que viven en el país. Inclusive, a los migrantes y refugiados que residan en el país, aunque les duela en el alma a los que hacen de la discriminación y la xenofobia una religión. O, peor aún, una manera de hacer política.
En medio de una agenda nacional siempre agitada, que incluye roscas interminables en el Senado para tratar de hacer avanzar a las dos mochilas de plomo que significan la Ley Bases y el paquete fiscal, la actual gestión provincial volvió a dar una señal de profundización de la agenda propia de temas urgentes.
Ya lo había hecho el gobernador Nacho Torres cuando lanzó el Comando Unificado para atender la grave situación de la inseguridad en Trelew, que por ahora no ha arrojado resultados contundentes pero, al menos, empezó a mostrar mayor cohesión entre las autoridades provinciales, municipales y funcionarios judiciales, varios de los cuales comprendieron que salir de su cajita de cristal era lo que la sociedad estaba reclamando. Si no dejan presos a todos los delincuentes, que al menos se embarren un poco los zapatos, como cualquier hijo de vecino.
El viernes, el gobernador lanzó el Plan Integral de Alfabetización que se pondrá en marcha este año y se pretende extender hasta 2027 en 645 escuelas de toda la provincia. La idea es reforzar los conocimientos de más de 72.000 alumnos de los tres niveles educativos.
“Es el programa de aprendizaje más ambicioso de la historia de la provincia”, aseguró Torres desde la Escuela 196 de Trelew, en donde se realizó el acto con alumnos, mucha presencia política y también junto a directivos de la petrolera PAE, la mayor empresa privada de Chubut, que colaborará para implementar la iniciativa.
Los ideólogos del Plan parten de un dato que no sorprende pero golpea: los preocupantes resultados obtenidos en el relevamiento educativo realizado a estudiantes de 3° y 6° grado de todo Chubut.
Por ejemplo, la mitad de los alumnos de 3° grado no comprende conceptos matemáticos básicos y carece de habilidades para resolver problemas; en la misma proporción, expresan dificultades para identificar detalles relevantes en un texto y tienen habilidades de redacción limitadas.
Los de 6° grado no le van en zaga: la mitad de los chicos evaluados presentó errores en cálculos básicos y comprensión limitada de los números y operaciones. En Lengua, siete de cada diez tiene dificultades para identificar detalles relevantes en un texto, además de habilidades de redacción limitadas y carencia de ortografía y gramática.
Es imprescindible que se comience a mejorar el panorama para los chicos que todavía están a tiempo. Pero no se puede soslayar que la crisis educativa de Chubut, agravada por la pandemia, puso a chicos en el nivel Secundario, o a las puertas de la educación universitaria, sin las más mínimas herramientas para afrontar esas nuevas etapas.
No hay estudios concretos sobre estas consecuencias, pero están a la vista los casos de miles de chicos que fracasan en sus intentos de acceder a una educación superior y terminan engrosando las cifras de desocupados o accediendo a empleos poco calificados.
Tampoco se puede dejar pasar el discurso liberal -ahora libertario- de la “meritocracia” como igualador de las personas. Ese espíritu individualista de mirada liberal insinúa, falsamente, que todas las personas tienen las mismas posibilidades y que el “éxito” reside en el mérito y la responsabilidad personal. Nada más lejos de la realidad. Por eso siempre es importante el rol igualador del Estado, sobre todo en términos educativos. Y por eso, también, el odio visceral que el actual Gobierno le tiene a la educación pública.
Mientras Javier Milei lo único que hizo por la educación es dinamitar los presupuestos y apenas implantar un sistema de vouchers para beneficiar a las familias que mandan a sus hijos a “escuelas públicas de gestión privada” -en verdad, privadas con altos aportes económicos del Estado y destinadas a quienes pueden pagar cuotas elevadas-, desde Chubut se sigue defendiendo la escuela pública. “Siempre la educación fue una obsesión para mí. Este gobierno va a poner a la educación pública en el lugar que se merece”, sentenció Torres el viernes.
Los deseos del gobernador, a veces, se chocan con la ineficiencia de algunos funcionarios que lo único que hacen es quejarse porque la prensa divulga las innumerables deficiencias que se siguen detectando en muchas escuelas de toda la provincia, en vez de ponerse a trabajar en serio para empezar a solucionar el tema.
Deberían escuchar al gobernador, que el viernes dijo que “para resolver cualquier problema, ya sea económico, educativo o el que fuese, es necesario saber dónde estamos parados, y cuando uno asume un rol de gobierno no puede hacerse el distraído de lo que sucede”. Teléfono para varios.
Nunca hay que olvidarse que en la Argentina, gobierne quien gobierne -inclusive, la horda de libertarios y conservadores que detenta el poder en la actualidad-, la educación es un derecho y el Estado -tanto nacional como las provincias- tiene la obligación de garantizar la igualdad, gratuidad, laicidad y el derecho de acceso a todos los niveles para todos los que viven en el país. Inclusive, a los migrantes y refugiados que residan en el país, aunque les duela en el alma a los que hacen de la discriminación y la xenofobia una religión. O, peor aún, una manera de hacer política.