Editorial / RIGI para hoy, hambre para mañana
El avance de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados y su probable aprobación en el Senado es una mala señal por donde se la mire. Aun en el caso de que varios aspectos de ambas leyes puedan ser debatibles, la gran mayoría del articulado de ambas son un retroceso en términos sociales, políticos, jurídicos y económicos.
Los 64 artículos del denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que fueron aprobados en su totalidad por la mayoría de la Cámara Baja, inclusive con el voto de tres diputados chubutenses (César Treffinger, Ana Clara Romero y Jorge “Loma” Ávila), es un peligroso retroceso disfrazado de avance. Peor aún: el RIGI establece un rígido esquema de colonización empresarial extranjera de la que no será sencillo salir, inclusive en un futuro gobierno nacional de un color político distinto al libertario; y somete al país a ser nada más que un mero proveedor de materias primas (con la minería y el litio a la cabeza), algo que desde hace años es un lastre que el país no ha logrado descolgar de su cuello.
“El proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación. Economía de enclave pura y dura”, señala un duro informe del centro de investigación y diseño de políticas públicas Fundar, que es uno de las tantas organizaciones que ha salido a cruzar al RIGI.
Es obvio que Argentina necesita desde hace años un fuerte plan de inversiones. Pero no es este. El proyecto del RIGI otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen. Y ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo. “Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo (al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África)”, señala el trabajo de Fundar.
Lobby feroz
La reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25% y amortización acelerada, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca, requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de sólo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero (sí, cero) en el tercer año de la inversión, son apenas algunas de las “ventajas competitivas” que tendrán las empresas que adhieran al régimen. Todo sin ninguna condición a cambio durante 30 años, ya que en la ley se deja expresamente prohibido cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
No hay antecedentes de una entrega de estas características. Nunca nadie antes de Milei y sus secuaces se había atrevido a tanto en contra de la industria nacional y del empleo local. Y no se trata de diatribas discursivas en defensa de “lo nacional”. Lo dice el extenso articulado aprobado en la Cámara de Diputados y con grandes chances de pasar en el Senado: las empresas que actúen bajo el RIGI podrán importar no solamente todo el equipamiento necesario para la explotación, sino que además -según cómo se termine reglamentando la ley- los trabajadores de esas empresas podrían ser en su totalidad extranjeros sin necesidad de contratar a ninguna persona local.
“El hecho de tener un régimen de incentivos tan ridículamente generoso durante tanto tiempo (30 años), montado pura y exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales -que emplean relativamente poca gente y derraman nada- lo vuelve muy inestable en el tiempo. Es un régimen que, de aprobarse, nace herido de legitimidad social y política. Por lo tanto, más que incentivar a las inversiones por venir, el RIGI promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten a semejante hipoteca de futuro para el país”, sentencia Fundar.
Chubut, a favor
Por ahora, lo único que se sabe es que las dos senadoras de Chubut que responden al gobernador Nacho Torres (Edith Terenzi y Andrea Cristina) van a votar a libro cerrado la Ley Bases y sólo mostrarán alguna objeción al capítulo del Impuesto a las Ganancias incluido en el paquete fiscal. El gobernador Torres dijo esta semana en una entrevista con el canal de noticias La Nación + que “el país necesita reglas claras y calidad institucional", y que en este sentido agregó que “el RIGI es una oportunidad para las provincias exportadoras como Chubut, porque la Nación necesita divisas y nosotros necesitamos dinamizar nuestras economías y agregar valor a nuestros recursos”.
En la misma línea se expresó en Cadena Tiempo el presidente de la Federación Empresa Chubutense (FECh), Carlos Lorenzo, que entiende que con el RIGI “van a venir grandes inversiones a la provincia y esto no va a ir en contra de las pequeñas y medianas empresas de Chubut. Las que se quejan son las grandes empresas que no derraman nada a las pymes”, evaluó Lorenzo. El titular de la FECh dijo, además, que ya habló con el gobernador Torres para implementar una ley de “Compre Chubut” que obligue a los inversores extranjeros a adquirir productos y servicios locales.
El entusiasmo de Lorenzo se choca con la fría letra de la ley que deja en claro que las empresas que adhieran al RIGI no tienen ninguna obligación de comprar a la industria local. Es más, pueden importar maquinaria usada, si quisieran. Y, por si fuera poco, se sabe que cualquier ley provincial que quiera instrumentar algo por el estilo será absolutamente inocua ante una ley nacional.
La ley que está a punto de aprobarse también define que cualquier disputa legal que tengan los inversores extranjeros con el Estado argentino, provincia o municipio, no se dirimirá en tribunales nacionales sino ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial con sede de Washington que responde a los intereses de Estados Unidos y los países centrales.
Más claro, echale agua.
El avance de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados y su probable aprobación en el Senado es una mala señal por donde se la mire. Aun en el caso de que varios aspectos de ambas leyes puedan ser debatibles, la gran mayoría del articulado de ambas son un retroceso en términos sociales, políticos, jurídicos y económicos.
Los 64 artículos del denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que fueron aprobados en su totalidad por la mayoría de la Cámara Baja, inclusive con el voto de tres diputados chubutenses (César Treffinger, Ana Clara Romero y Jorge “Loma” Ávila), es un peligroso retroceso disfrazado de avance. Peor aún: el RIGI establece un rígido esquema de colonización empresarial extranjera de la que no será sencillo salir, inclusive en un futuro gobierno nacional de un color político distinto al libertario; y somete al país a ser nada más que un mero proveedor de materias primas (con la minería y el litio a la cabeza), algo que desde hace años es un lastre que el país no ha logrado descolgar de su cuello.
“El proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación. Economía de enclave pura y dura”, señala un duro informe del centro de investigación y diseño de políticas públicas Fundar, que es uno de las tantas organizaciones que ha salido a cruzar al RIGI.
Es obvio que Argentina necesita desde hace años un fuerte plan de inversiones. Pero no es este. El proyecto del RIGI otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen. Y ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo. “Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo (al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África)”, señala el trabajo de Fundar.
Lobby feroz
La reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25% y amortización acelerada, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca, requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de sólo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero (sí, cero) en el tercer año de la inversión, son apenas algunas de las “ventajas competitivas” que tendrán las empresas que adhieran al régimen. Todo sin ninguna condición a cambio durante 30 años, ya que en la ley se deja expresamente prohibido cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
No hay antecedentes de una entrega de estas características. Nunca nadie antes de Milei y sus secuaces se había atrevido a tanto en contra de la industria nacional y del empleo local. Y no se trata de diatribas discursivas en defensa de “lo nacional”. Lo dice el extenso articulado aprobado en la Cámara de Diputados y con grandes chances de pasar en el Senado: las empresas que actúen bajo el RIGI podrán importar no solamente todo el equipamiento necesario para la explotación, sino que además -según cómo se termine reglamentando la ley- los trabajadores de esas empresas podrían ser en su totalidad extranjeros sin necesidad de contratar a ninguna persona local.
“El hecho de tener un régimen de incentivos tan ridículamente generoso durante tanto tiempo (30 años), montado pura y exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales -que emplean relativamente poca gente y derraman nada- lo vuelve muy inestable en el tiempo. Es un régimen que, de aprobarse, nace herido de legitimidad social y política. Por lo tanto, más que incentivar a las inversiones por venir, el RIGI promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten a semejante hipoteca de futuro para el país”, sentencia Fundar.
Chubut, a favor
Por ahora, lo único que se sabe es que las dos senadoras de Chubut que responden al gobernador Nacho Torres (Edith Terenzi y Andrea Cristina) van a votar a libro cerrado la Ley Bases y sólo mostrarán alguna objeción al capítulo del Impuesto a las Ganancias incluido en el paquete fiscal. El gobernador Torres dijo esta semana en una entrevista con el canal de noticias La Nación + que “el país necesita reglas claras y calidad institucional", y que en este sentido agregó que “el RIGI es una oportunidad para las provincias exportadoras como Chubut, porque la Nación necesita divisas y nosotros necesitamos dinamizar nuestras economías y agregar valor a nuestros recursos”.
En la misma línea se expresó en Cadena Tiempo el presidente de la Federación Empresa Chubutense (FECh), Carlos Lorenzo, que entiende que con el RIGI “van a venir grandes inversiones a la provincia y esto no va a ir en contra de las pequeñas y medianas empresas de Chubut. Las que se quejan son las grandes empresas que no derraman nada a las pymes”, evaluó Lorenzo. El titular de la FECh dijo, además, que ya habló con el gobernador Torres para implementar una ley de “Compre Chubut” que obligue a los inversores extranjeros a adquirir productos y servicios locales.
El entusiasmo de Lorenzo se choca con la fría letra de la ley que deja en claro que las empresas que adhieran al RIGI no tienen ninguna obligación de comprar a la industria local. Es más, pueden importar maquinaria usada, si quisieran. Y, por si fuera poco, se sabe que cualquier ley provincial que quiera instrumentar algo por el estilo será absolutamente inocua ante una ley nacional.
La ley que está a punto de aprobarse también define que cualquier disputa legal que tengan los inversores extranjeros con el Estado argentino, provincia o municipio, no se dirimirá en tribunales nacionales sino ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial con sede de Washington que responde a los intereses de Estados Unidos y los países centrales.
Más claro, echale agua.