“A los funcionarios no se les aplica un Derecho distinto”

El martes 7 de mayo arranca el juicio oral y público por la causa “Emergencia Climática” en Comodoro Rivadavia y podría extenderse por tres semanas. Cristian Olazábal será el nuevo fiscal designado, el cuarto en la causa, y habrá numerosos defensores particulares, entre ellos Fabián Gabalachis y Guillermo Iglesias, además de la Defensa Pública. El tribunal estará compuesto por los jueces Mario Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco.

“Puede variar la cantidad de personas que declararán. El cálculo estimado de reserva de sala es de tres semanas, quizás se reduzca por las contingencias que ocurren en los juicios donde no todo lo que se calcula termina ocurriendo”, reconoció el juez Martín Montenovo, integrante de la Cámara Penal que determinó la continuidad del juicio.

“Es un caso más –resaltó- y la atención no está enfocada en que sean funcionarios públicos o no. Lo que es real es la contextualización: es una emergencia climática que fue durísima para Comodoro. Al sostenerse que hay delitos en el marco de las tareas de reparación que conmovió a toda la región y se dice desde hace muchos años, se genera una expectativa de saber si eso ocurrió. Ese contexto se evalúa y a la hora de tomar decisiones, se tiene que tener en cuenta. No se aplica un Derecho distinto porque sean funcionarios”.

“Fiscalía presentó una acusación que fue autorizada por otra jueza; con esa decisión que nadie cuestionó y quedó firme, en el tiempo de organización del juicio, se revaluó la situación y otros fiscales entendieron que no podía probar lo que se afirmó”, recordó explicando la intervención de la Cámara a partir de un conflicto de competencia negativa.

“Debió determinarse quien resolvía este nuevo pedido del MPF; el Tribunal de Juicio dijo que no era su trabajo a lo igual que la jueza que había autorizado el juicio. Ahí decimos que se tiene que hacer el juicio”, dijo Montenovo a Jornada.

“No se podía retrotraer la situación al momento previo a esa decisión firme. Había expectativa por el caso y un interés social para que se sepa vinculado a la decisión del juicio”.

Reconoció una diferencia de enfoque entre los fiscales. “Uno pensó que se debía ir a juicio y otros dos pensaron que no podían llegar a un resultado exitoso. Son diferentes criterios pero al juicio hay que hacerlo”.

El camarista aclaró que se trabajará sobre la misma base acusatoria original. “Hay funcionarios públicos y personas que no lo son. Hubo una posibilidad de probation y un pedido de sobreseimiento, la jueza los rechazó decidiendo abrir el juicio; autorizando la acusación del entonces fiscal Iturrioz tal cual la había presentado”.

El Ministerio Público Fiscal decidió a través de otros fiscales que tras evaluar la acusación, no tenían posibilidades de éxito con las pruebas ofrecidas y el estado del caso. “Pidieron desistir o reformular. Ahí se planteó quién tenía que resolverlo, si la jueza que autorizó o el Tribunal designado para hacer el juicio”, explicó Montenovo.

“El juicio no había tenido oposición y estaba firme y por la naturaleza del caso, había un interés social en que se conozca lo ocurrido. Después al juicio hay que hacerlo y durante su transcurso pueden ocurrir muchas cosas”.

Montenovo consideró que no podría estimarse una duración por la cantidad de imputados, defensores y testigos como el volumen de pruebas admitido. “Debe contemplarse una sala con determinada dimensión porque son muchas personas, habrá afluencia de público y medios; será un juicio concurrido. Todo dependerá del transcurso, ya que suelen ofrecerse pruebas con personas que no pueden ir o desisten por estrategia de las propias partes”.