Enojo de los jueces por las críticas del Poder Ejecutivo
La Asociación de Magistrados del Chubut se quejó por las “descalificaciones” y reclamó “no confundir a la ciudadanía”.
Con un comunicado, la Asociación Civil de la Magistratura y del Funcionariado Judicial de Chubut expresó su “profunda preocupación” ante lo que consideró “reiteradas descalificaciones de funcionarios públicos integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Provincia y de la Nación, haciendo referencia a decisiones judiciales adoptadas por magistrados/as integrantes del Ministerio Público Fiscal o de la Judicatura, sin conocer ni evaluar los fundamentos que en cada caso se han tenido en consideración para requerir o resolver de determinada manera”.
En los últimos días, el gobernador Nacho Torres responsabilizó a un sector de la Justicia por la inseguridad en Trelew y advirtió que sus fallos serían seguidos muy de cerca. En tanto, el vice Gustavo Menna y el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz criticaron duramente a dos fiscales de Comodoro Rivadavia por pedir el sobreseimiento de funcionarios municipales en la causa de la Emergencia Climática.
La entidad que agrupa a los funcionarios judiciales explicó que “los disensos forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los poderes del Estado”.Pero por el contrario, “las descalificaciones de las decisiones judiciales a integrantes de la magistratura, las amenazas con promoción de juicios políticos o de sanciones mediáticas, son acciones que deslegitiman y debilitan los sistemas judiciales y propician que la ciudadanía respete cada vez menos a la institución judicial”.
“Tanto la corrupción pública como el crecimiento del número de delitos contra la propiedad que afectan la vida de todas las personas que integran la sociedad que conformamos no sólo nos preocupa sobremanera –aseguraron- sino que fundamentalmente, nos ocupa adoptando diversas medidas que signifiquen aumentar la capacidad de respuesta de los tribunales”.
“No desconocemos la falta de confianza de la población en el Poder Judicial”, admitió la Asociación. “Esa situación nos interpela diariamente a buscar soluciones que permitan corregir los errores en la gestión de casos, en aras de agilizar los procedimientos y dar una respuesta eficaz”.
En cuanto a los “errores” que pudieran contener las sentencias, recordaron que “el Poder Judicial es el único poder del Estado que garantiza la revisión de las resoluciones dictadas por sus integrantes. Pero además existen los mecanismos legales y constitucionales para que las personas afectadas por la decisión realicen la denuncia”.
“Nunca la diatriba puede constituir el camino para la realización de la Justicia, menos aún cuando emana de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, que como tal, tiene la obligación institucional de respetar la independencia judicial y evitar que, merced a sus palabras, se confunda a la ciudadanía y se ahonde la desconfianza generalizada”, concluyó el pronunciamiento.
Con un comunicado, la Asociación Civil de la Magistratura y del Funcionariado Judicial de Chubut expresó su “profunda preocupación” ante lo que consideró “reiteradas descalificaciones de funcionarios públicos integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Provincia y de la Nación, haciendo referencia a decisiones judiciales adoptadas por magistrados/as integrantes del Ministerio Público Fiscal o de la Judicatura, sin conocer ni evaluar los fundamentos que en cada caso se han tenido en consideración para requerir o resolver de determinada manera”.
En los últimos días, el gobernador Nacho Torres responsabilizó a un sector de la Justicia por la inseguridad en Trelew y advirtió que sus fallos serían seguidos muy de cerca. En tanto, el vice Gustavo Menna y el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz criticaron duramente a dos fiscales de Comodoro Rivadavia por pedir el sobreseimiento de funcionarios municipales en la causa de la Emergencia Climática.
La entidad que agrupa a los funcionarios judiciales explicó que “los disensos forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los poderes del Estado”.Pero por el contrario, “las descalificaciones de las decisiones judiciales a integrantes de la magistratura, las amenazas con promoción de juicios políticos o de sanciones mediáticas, son acciones que deslegitiman y debilitan los sistemas judiciales y propician que la ciudadanía respete cada vez menos a la institución judicial”.
“Tanto la corrupción pública como el crecimiento del número de delitos contra la propiedad que afectan la vida de todas las personas que integran la sociedad que conformamos no sólo nos preocupa sobremanera –aseguraron- sino que fundamentalmente, nos ocupa adoptando diversas medidas que signifiquen aumentar la capacidad de respuesta de los tribunales”.
“No desconocemos la falta de confianza de la población en el Poder Judicial”, admitió la Asociación. “Esa situación nos interpela diariamente a buscar soluciones que permitan corregir los errores en la gestión de casos, en aras de agilizar los procedimientos y dar una respuesta eficaz”.
En cuanto a los “errores” que pudieran contener las sentencias, recordaron que “el Poder Judicial es el único poder del Estado que garantiza la revisión de las resoluciones dictadas por sus integrantes. Pero además existen los mecanismos legales y constitucionales para que las personas afectadas por la decisión realicen la denuncia”.
“Nunca la diatriba puede constituir el camino para la realización de la Justicia, menos aún cuando emana de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, que como tal, tiene la obligación institucional de respetar la independencia judicial y evitar que, merced a sus palabras, se confunda a la ciudadanía y se ahonde la desconfianza generalizada”, concluyó el pronunciamiento.