Inseguridad: el Comando Unificado es una herramienta, no la solución
- Por Esteban Gallo
El tan promocionado Comando Unificado de Seguridad se puso en funcionamiento en Trelew, lo que significa que las fuerzas federales están autorizadas a intervenir ante delitos en flagrancia y a colaborar con la Policía de la Provincia en controles de orden urbano y patrullajes preventivos.
Sin entrar en análisis sesudos, el incremento de agentes del orden en las denominadas “zonas calientes”, es un dato positivo, que debería aliviar a los atribulados vecinos de Trelew, tan castigados en los últimos años por la ola de inseguridad que los golpea.
Será tarea del Ministerio de Seguridad que conduce Héctor Iturrioz, ordenar la distribución de patrulleros y efectivos, para mejorar la capacidad de respuesta ante los hechos delictivos, reduciendo el tiempo de demora ante una emergencia.
Sin embargo, el esfuerzo humano no será suficiente sin la optimización del recurso tecnológico. Sin centros de monitoreo modernos, sin cámaras de seguridad en los accesos a las principales ciudades y con dispositivos fuera de servicio en los puntos de mayor complejidad, no hay plan de seguridad que funcione.
Los sistemas de vigilancia y monitoreo basados en tecnología, permiten que las áreas susceptibles de actividades delictivas sean supervisadas apropiadamente, pero además brindan evidencia crucial en investigaciones criminales y previenen delitos al disuadir a los delincuentes.
Invertir en tecnología es fundamental para este y para cualquier gobierno. Hoy los delincuentes saben dónde hay cámaras, donde no las hay, cuales funcionan y cuales están rotas, cuáles son los atajos que deben tomar para evadirlas.
Los municipios del país que lograron bajar los índices de inseguridad recurrieron a la tecnología, a la incorporación de telefonía de punta, a la colocación de GPS en los móviles policiales, a tener un sistema de comunicación de radio eficiente para que las fuerzas de seguridad estén coordinadas y puedan actuar con celeridad.
En términos de coordinación, es un aliciente para todos ver al gobierno municipal de Gerardo Merino trabajando a la par del gobierno provincial de Nacho Torres. No puede volver a pasar que la pelea entre un gobernador y un intendente deje a una ciudad desamparada a la buena de Dios.
Sin embargo, si todos los poderes del Estado no se involucran con la problemática de la inseguridad y no hacen su aporte, el esfuerzo también caerá en saco roto.
El gobierno diagramó un trabajo del que participarán organizaciones estatales y no estatales para dar forma al proyecto definitivo de reforma del código procesal penal, que el Ministerio Púbico Fiscal solicita desde el 2015. Son los legisladores de la provincia los que luego deberán aprobar la iniciativa que tiene como razón principal lograr juicios más rápidos y más sentencias.
La reforma es una herramienta que un sector de la justicia está reclamando. Lo que necesitamos los chubutenses es que el Poder Judicial en su conjunto actúe con el mismo grado de compromiso.
No se trata solamente de causas, resoluciones y sentencias que desconciertan, sino de gestos que la sociedad reclama.
Jueces que no dan la cara, que se niegan a reunirse con los vecinos, que no se sienten parte del problema, alejan a la Justicia de la comunidad.
Sucede lo mismo cuando la Corporación judicial se pone se acuerdo para hacer la vista la gorda y proteger a operadores impresentables que no cumplen con un mínimo estándar de conducta.
Hay otra problemática que no se puede soslayar cuando analizamos el flagelo de la inseguridad en Trelew. El desempleo y la pobreza.
En los últimos meses, cientos de chubutenses se quedaron sin trabajo. El gobierno nacional decidió pulverizar la obra púbica y como consecuencia de ello, cientos de trabajadores de la construcción del Valle se quedaron en la calle. Otros sectores de la economía se encuentran en situación parecida y no se ha tomado ninguna medida para contrarrestar esta situación. Al contrario, como el ajuste no se detiene, las cosas van a empeorar y la indigencia se va a acentuar.
2 + 2 es 4. Pobreza + marginalidad = más delincuencia.
Ergo, si no se toman medidas de fondo, no va a alcanzar con más fuerzas de seguridad en las calles, ni con implementar reformas judiciales.
Del gobierno de Milei no esperamos nada. De una higuera no salen frutillas. Pero los gobiernos provincial y municipal deben implementar con urgencia, políticas públicas que atiendan el flagelo de la desocupación.
Si no, cualquier plan de seguridad será insuficiente.
- Por Esteban Gallo
El tan promocionado Comando Unificado de Seguridad se puso en funcionamiento en Trelew, lo que significa que las fuerzas federales están autorizadas a intervenir ante delitos en flagrancia y a colaborar con la Policía de la Provincia en controles de orden urbano y patrullajes preventivos.
Sin entrar en análisis sesudos, el incremento de agentes del orden en las denominadas “zonas calientes”, es un dato positivo, que debería aliviar a los atribulados vecinos de Trelew, tan castigados en los últimos años por la ola de inseguridad que los golpea.
Será tarea del Ministerio de Seguridad que conduce Héctor Iturrioz, ordenar la distribución de patrulleros y efectivos, para mejorar la capacidad de respuesta ante los hechos delictivos, reduciendo el tiempo de demora ante una emergencia.
Sin embargo, el esfuerzo humano no será suficiente sin la optimización del recurso tecnológico. Sin centros de monitoreo modernos, sin cámaras de seguridad en los accesos a las principales ciudades y con dispositivos fuera de servicio en los puntos de mayor complejidad, no hay plan de seguridad que funcione.
Los sistemas de vigilancia y monitoreo basados en tecnología, permiten que las áreas susceptibles de actividades delictivas sean supervisadas apropiadamente, pero además brindan evidencia crucial en investigaciones criminales y previenen delitos al disuadir a los delincuentes.
Invertir en tecnología es fundamental para este y para cualquier gobierno. Hoy los delincuentes saben dónde hay cámaras, donde no las hay, cuales funcionan y cuales están rotas, cuáles son los atajos que deben tomar para evadirlas.
Los municipios del país que lograron bajar los índices de inseguridad recurrieron a la tecnología, a la incorporación de telefonía de punta, a la colocación de GPS en los móviles policiales, a tener un sistema de comunicación de radio eficiente para que las fuerzas de seguridad estén coordinadas y puedan actuar con celeridad.
En términos de coordinación, es un aliciente para todos ver al gobierno municipal de Gerardo Merino trabajando a la par del gobierno provincial de Nacho Torres. No puede volver a pasar que la pelea entre un gobernador y un intendente deje a una ciudad desamparada a la buena de Dios.
Sin embargo, si todos los poderes del Estado no se involucran con la problemática de la inseguridad y no hacen su aporte, el esfuerzo también caerá en saco roto.
El gobierno diagramó un trabajo del que participarán organizaciones estatales y no estatales para dar forma al proyecto definitivo de reforma del código procesal penal, que el Ministerio Púbico Fiscal solicita desde el 2015. Son los legisladores de la provincia los que luego deberán aprobar la iniciativa que tiene como razón principal lograr juicios más rápidos y más sentencias.
La reforma es una herramienta que un sector de la justicia está reclamando. Lo que necesitamos los chubutenses es que el Poder Judicial en su conjunto actúe con el mismo grado de compromiso.
No se trata solamente de causas, resoluciones y sentencias que desconciertan, sino de gestos que la sociedad reclama.
Jueces que no dan la cara, que se niegan a reunirse con los vecinos, que no se sienten parte del problema, alejan a la Justicia de la comunidad.
Sucede lo mismo cuando la Corporación judicial se pone se acuerdo para hacer la vista la gorda y proteger a operadores impresentables que no cumplen con un mínimo estándar de conducta.
Hay otra problemática que no se puede soslayar cuando analizamos el flagelo de la inseguridad en Trelew. El desempleo y la pobreza.
En los últimos meses, cientos de chubutenses se quedaron sin trabajo. El gobierno nacional decidió pulverizar la obra púbica y como consecuencia de ello, cientos de trabajadores de la construcción del Valle se quedaron en la calle. Otros sectores de la economía se encuentran en situación parecida y no se ha tomado ninguna medida para contrarrestar esta situación. Al contrario, como el ajuste no se detiene, las cosas van a empeorar y la indigencia se va a acentuar.
2 + 2 es 4. Pobreza + marginalidad = más delincuencia.
Ergo, si no se toman medidas de fondo, no va a alcanzar con más fuerzas de seguridad en las calles, ni con implementar reformas judiciales.
Del gobierno de Milei no esperamos nada. De una higuera no salen frutillas. Pero los gobiernos provincial y municipal deben implementar con urgencia, políticas públicas que atiendan el flagelo de la desocupación.
Si no, cualquier plan de seguridad será insuficiente.