Causa Vialidad: quieren duplicar la condena contra Cristina
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, pidió hoy duplicar la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien consideró "jefa de una asociación ilícita" en el marco de la Causa Vialidad.
Lo hizo a comenzar las audiencias de revisión de la sentencia dictada a fines de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos, que, por mayoría, excluyó la figura de la asociación ilícita y solo condenó a la entonces vicepresidenta por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner "funcionó una asociación ilícita" montada sobre el aparato estatal.
De esa manera, "se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos".
Ese empresario era Lázaro Báez, también condenado en el juicio oral y apelante ahora en procura de su absolución.
Villar pidió que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel, en lugar de los seis actuales.
Según el fiscal Villar, Báez fue central en esa "estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial".
Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio.
En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron "graves hechos de corrupción", pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque "hubo una estructura delictual organizada".
La Cámara de Casación tiene previsto escuchar los argumentos de todas las partes –lo que se extenderá hasta mediados de año.
La defensa de Cristina Kirchner tiene fijada su audiencia para el próximo 7 de marzo ante el Tribunal que estará integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Lo hizo a comenzar las audiencias de revisión de la sentencia dictada a fines de 2022 por el Tribunal Oral Federal número dos, que, por mayoría, excluyó la figura de la asociación ilícita y solo condenó a la entonces vicepresidenta por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner "funcionó una asociación ilícita" montada sobre el aparato estatal.
De esa manera, "se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos".
Ese empresario era Lázaro Báez, también condenado en el juicio oral y apelante ahora en procura de su absolución.
Villar pidió que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel, en lugar de los seis actuales.
Según el fiscal Villar, Báez fue central en esa "estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial".
Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio.
En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron "graves hechos de corrupción", pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque "hubo una estructura delictual organizada".
La Cámara de Casación tiene previsto escuchar los argumentos de todas las partes –lo que se extenderá hasta mediados de año.
La defensa de Cristina Kirchner tiene fijada su audiencia para el próximo 7 de marzo ante el Tribunal que estará integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.